Se avecina un 2023 en que tendremos una economía con caída del PIB (-1% a -1,5% según proyecciones Banco Central), con una inflación anual en torno al 8%, con empleo estancado o en retroceso; por tanto, se requerirá un presupuesto fiscal expansivo especialmente en materia de inversión pública y apoyo productivo a las PYMES que ayude a recuperar empleos.

Es una buena señal que el presupuesto fiscal crezca 4,2%, que en inversión pública crezca un poco más (5,5%) y que tenga un foco en seguridad.

Ante una economía estancada se requiere más protagonismo fiscal, pero es relevante resolver “los cuellos de botella” que tiene la ejecución de la inversión pública este 2022, donde a agosto solo se ha ejecutado un 43% de la inversión y de las transferencias de capital, como también se requiere que los recursos para la seguridad sean los necesarios.

En el debate presupuestario que se inicia la próxima semana pediremos un plan de medidas para acelerar la ejecución de la inversión pública y del gasto en innovación y tecnología.

Para reactivar el país se requiere ejecutar oportunamente el presupuesto -no en sus últimos meses- y proteger a las familias de los riesgos de las enfermedades y de la acción delictual.

También nos preocupa el bajo incremento de los recursos públicos a seguridad. Ante una delincuencia desatada se requiere responder con un potente programa qué de seguridad a las familias, que combata al crimen organizado reforzando los recursos a las policías, en especial a PDI.

Se destaca el incremento del 9% en Innovación y Ciencias, pero este debiera estar destinado a la innovación productiva y que ayude a diversificar nuestra matriz productiva futura; como también es preocupante la baja ejecución de 2 programas en está área como son el Fondo de Innovación y Competitividad (FIC) que solo ha ejecutado el 15% de los $136.000 millones y el programa de Capacidades Tecnológicas que lleva una ejecución del 11% de los $42.000 millones de este 2022.

Insistimos el desafío que se tiene es ejecutar con eficiencia estos recursos públicos (más de USS 70.000 millones) para que sea una importante herramienta de progreso social y por ello, debemos velar para que se ejecute con transparencia y en beneficio de las mayorías.

Ese es el desafío que tenemos para el debate presupuestario que se inicia esta semana.