Chile lleva años discutiendo cómo regular las apuestas en línea. El proyecto ingresó al Congreso en 2022 y, cuatro años después, todavía seguimos hablando de indicaciones, mesas técnicas, nuevos plazos y futuros acuerdos. El último plazo fijado por el Senado para presentar indicaciones vence el 16 de octubre de 2026. 

Mientras el legislador demora, el mercado existe, los jugadores existen, las transacciones existen y también existe la obligación tributaria. Lo que falta es precisamente aquello que corresponde entregar al Estado: una regulación moderna, coherente y previsible.

El problema es todavía más profundo porque Chile parece haber conseguido una combinación particularmente poco virtuosa: sobrerregular el juego presencial y mantener sin regulación sectorial integral el juego online.

En los casinos físicos tenemos una industria sometida a permisos, fiscalización, exigencias técnicas, inversiones comprometidas, impuestos específicos y múltiples controles. El resultado merece al menos una revisión seria desde la política pública: en agosto pasado, en los procesos abiertos para Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón, no se presentó ningún proyecto para Iquique ni Viña del Mar, y en las otras dos comunas hubo solamente un postulante en cada una. Meses antes habían quedado desiertos otros procesos, entre ellos Ancud y Aysén. 

Cuando un sistema que debe tener por misión, también, el atraer inversión, termina mostrando reiteradamente tan escasa competencia, la pregunta es inevitable: ¿estamos regulando bien?

En el mundo online ocurre exactamente la anomalía inversa. Existe una actividad masiva que necesita reglas claras sobre licencias, tributación, protección de menores, ludopatía, publicidad, conocimiento del cliente, prevención de lavado de activos, trazabilidad financiera y protección patrimonial de los jugadores. Es precisamente hacia esas materias que se está orientando actualmente la discusión legislativa. 

Pero mientras el Congreso demora la regulación, distintos órganos del propio Estado avanzan por caminos que resultan difíciles de armonizar.

El ejemplo más evidente está entre el SII y Subtel.

El Servicio de Impuestos Internos dictó el 2 de junio la Resolución Exenta N.º 69, habilitando expresamente un sistema para que plataformas extranjeras de apuestas y juegos online se incorporen al régimen simplificado y cumplan sus obligaciones de IVA digital. El fundamento invocado por el propio SII se encuentra en la legislación tributaria vigente y en las instrucciones que desde 2020 incluyen los servicios de apuestas online dentro de determinados servicios digitales gravados. 

Y aquello no quedó simplemente en el papel. El 15 de julio el SII informó que 25 plataformas se habían inscrito en el régimen simplificado de IVA digital, mientras establecía mecanismos de retención respecto de aquellas que no lo hicieran. 

Es importante hacer una distinción jurídica: pagar impuestos no equivale a disponer de una licencia sectorial para operar juegos de azar en Chile. Son planos normativos diferentes. Pero precisamente por eso la contradicción de política pública resulta tan evidente: una parte del Estado construye mecanismos para identificar operadores, registrarlos y cobrarles impuestos mientras otra desarrolla mecanismos destinados a impedir que los usuarios puedan acceder a sus sitios.

Subtel informó el 1 de septiembre el bloqueo de 42 sitios y, apenas veinte días después, ordenó incorporar 37 nuevos dominios. Según la propia Subsecretaría, estas medidas constituyen cumplimiento de resoluciones judiciales y las nóminas han sido validadas por la Superintendencia de Casinos de Juego, instancia que curiosamente no tiene competencia legal respecto del juego online. 

Descontado el absurdo legal de un actuar fuera de mandato legal como es el caso de la Superintendencia de Casinos de Juego, aparece una cuestión jurídica que no puede despacharse simplemente invocando el cumplimiento de sentencias.

La propia Subtel reconocía en junio que el fallo judicial original se dirigía contra determinadas empresas proveedoras de acceso a Internet y no contra Subtel, cuya participación se desarrollaba entonces en un rol técnico y regulador.  El procedimiento posteriormente implementado permite incorporar sucesivamente nuevos dominios, subdominios y sitios espejo validados administrativamente. La discusión jurídica relevante es, por tanto, hasta dónde puede extenderse la ejecución de una sentencia respecto de plataformas concretas que no necesariamente fueron parte ni emplazadas individualmente en el procedimiento judicial original, y qué garantías procedimentales deben existir antes de afectar su acceso al mercado chileno.

No se trata de defender ausencia de regulación. Es exactamente lo contrario.

Chile necesita regulación, y la necesita pronto.

Necesita licencias. Necesita saber quién está detrás de cada plataforma. Necesita control biométrico efectivo y exclusión absoluta de menores. Necesita mecanismos de autoexclusión y prevención de ludopatía. Necesita límites razonables a la publicidad. Necesita trazabilidad de fondos, prevención de lavado de activos y reglas tributarias transparentes. Y necesita, especialmente, proteger al jugador y garantizar qué ocurre con los dineros que éste mantiene depositados cuando una plataforma resulta bloqueada.

Lo incomprensible es tardar cuatro años en construir esas reglas mientras simultáneamente se intenta resolver el problema mediante bloqueos administrativos y judiciales cada vez más amplios.

El Estado no puede comportarse como si fueran compartimentos estancos el Congreso, Hacienda, el SII, la Superintendencia de Casinos y Subtel. Para el ciudadano todos ellos son, finalmente, el Estado de Chile.

Y una política pública seria requiere coherencia.

No tiene sentido mantener una regulación presencial tan rígida que los procesos de otorgamiento de permisos muestran escaso interés competitivo y, simultáneamente, dejar durante años sin regulación integral una industria digital que opera frente a millones de potenciales usuarios.

Tampoco parece razonable que el Estado tarde años en decidir cómo regular, pero pueda actuar en semanas para determinar cómo bloquear.

El plazo del 16 de octubre debiera servir para terminar con esa contradicción. La discusión ya no necesita otra mesa técnica ni otro aplazamiento. Necesita una legislación que sustituya la incertidumbre por reglas.

Porque regular no significa perseguir ni prohibir. Significa establecer condiciones claras, fiscalizar su cumplimiento, recaudar los impuestos correspondientes y proteger efectivamente a las personas.

Después de cuatro años, el verdadero problema ya no es solamente el juego online.

Es un Estado que llega tarde para regular, pero demasiado rápido para prohibir. Y lo peor de todo: contradiciéndose a sí mismo, sin saber nadie cuál es la postura oficial y cuál la voluntad política real.