La renuncia del ministro Fernando Rabat es hoy una exigencia política difícil de eludir. Pero sería un error creer que su salida, por necesaria que resulte, puede resolver por sí sola una crisis que compromete algo mucho más profundo: la credibilidad del Estado y la confianza ciudadana en el ejercicio de las facultades que permiten al poder político intervenir en el cumplimiento de las condenas judiciales.

Lo ocurrido durante las últimas semanas no es un episodio administrativo menor. Cincuenta y seis personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad recibieron rebajas de sus penas mediante decretos del Ministerio de Justicia. La explicación inicial fue que se había seguido una doctrina de la Corte Suprema. Sin embargo, los antecedentes posteriores han puesto en cuestión esa justificación, la forma en que se adoptaron las decisiones y, especialmente, la ausencia de una consideración efectiva de las víctimas.

La controversia adquirió todavía mayor gravedad al conocerse que entre los beneficiados había tres ciudadanos venezolanos que se habían identificado como integrantes del Tren de Aragua. No se trata de condenas por pertenencia a esa organización criminal, circunstancia que debe precisarse, pero su aparición entre los beneficiados introduce una dimensión de seguridad pública que no puede ser ignorada.

Cuando el Estado enfrenta una amenaza creciente del crimen organizado, cuando el narcotráfico busca penetrar instituciones y territorios, y cuando la ciudadanía exige señales inequívocas de la autoridad, resulta particularmente grave que decisiones administrativas relacionadas con la ejecución de las penas terminen favoreciendo anticipadamente la libertad de personas condenadas por delitos de enorme gravedad.

La investigación penal abierta por una eventual prevaricación administrativa, la controversia parlamentaria y la renuncia del subsecretario Luis Silva son antecedentes que agravan el cuadro. También lo son las explicaciones que han ido cambiando a medida que aparecen nuevos antecedentes. No corresponde anticipar responsabilidades penales, que deberán establecerse por las vías respectivas. Pero la responsabilidad política tiene otros estándares y no puede quedar suspendida hasta que termine una investigación judicial.

Por eso, la renuncia de Rabat es tan necesaria como los cambios legislativos que deben impulsarse. No son alternativas ni medidas que puedan intercambiarse. Una responde a la responsabilidad por la conducción política de una cartera que ha quedado seriamente cuestionada; la otra debe impedir que estas controversias vuelvan a repetirse, cualquiera sea el gobierno que ocupe La Moneda.

Y aquí aparece una cuestión que el debate público no debiera seguir postergando: Chile necesita terminar con la facultad presidencial de indultar.

No es una discusión de izquierda o derecha. Tampoco puede resolverse dependiendo de quién ejerza la Presidencia o de la confianza que inspire el mandatario de turno. Los distintos gobiernos han demostrado que esta atribución, por su naturaleza y por la sensibilidad de las decisiones que permite adoptar, no ha estado a la altura de las exigencias de responsabilidad, prudencia y legitimidad que la sociedad espera.

La historia reciente ha dejado suficientes razones para desconfiar de la utilización política de esta facultad. Las controversias no se limitan a una administración ni a una determinada orientación ideológica. Cuando se trata de alterar, por decisión del Ejecutivo, los efectos de una sentencia judicial firme, siempre existe el riesgo de que criterios políticos, compromisos previos o consideraciones ajenas a la justicia terminen imponiéndose sobre la igualdad ante la ley.

Las penas deben tener un significado. Las víctimas deben tener una consideración efectiva. Y la independencia de los tribunales no puede convertirse en una formalidad que el Ejecutivo pueda relativizar mediante decisiones discrecionales.

Es cierto que el indulto presidencial y la rebaja administrativa de condenas son instituciones jurídicamente distintas. Precisamente por eso, la respuesta legislativa debe abordar ambas cuestiones, cerrando los espacios de discrecionalidad que permitan que una condena judicial termine siendo modificada o acortada sin las garantías, controles y fundamentos que exige un Estado de Derecho.

La discusión debe apuntar a una reforma de fondo: eliminar la facultad presidencial de indultar y establecer un régimen institucional, objetivo y sujeto a control jurisdiccional para aquellas situaciones excepcionales que justifiquen una revisión humanitaria de la ejecución de una pena. No se trata de desconocer situaciones extremas, sino de evitar que una atribución personal del Presidente se transforme en una herramienta de discrecionalidad política.

La crisis actual obliga a ir más lejos que una modificación de procedimiento o que la transferencia de esta atribución a otro órgano. La pregunta de fondo es si acaso tiene sentido conservar una potestad que sucesivos gobiernos han terminado ejerciendo en medio de controversias que dañan la confianza pública.

Si el actual mandatario está dispuesto a convertir esta crisis en una verdadera inflexión institucional, tiene la oportunidad de impulsar el término definitivo de esa facultad, incluso respecto de su propio mandato. No basta con prometer que se utilizará responsablemente. La señal de mayor credibilidad sería renunciar a disponer de ella y promover su eliminación constitucional para este y todos los gobiernos futuros.

La acusación constitucional contra Rabat puede ser, paradójicamente, una oportunidad para salir de la lógica de la confrontación partidista.

La oposición tiene en sus manos una decisión política relevante. Puede limitarse a utilizar el episodio como un instrumento de desgaste del Gobierno, o puede convocar a un acuerdo país que obligue a todos los sectores a pronunciarse sobre una reforma definitiva. La acusación constitucional no debiera impedir ese entendimiento. Por el contrario, puede constituir el punto de partida de una inflexión institucional.

¿Por qué no convocar a una mesa transversal que comprometa a oficialismo y oposición con tres objetivos concretos? Primero, establecer las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan por lo ocurrido. Segundo, reformar integralmente el régimen de reducción de condenas, poniendo en el centro la gravedad de los delitos, los derechos de las víctimas y el control judicial. Tercero, eliminar la facultad presidencial de indultar, de modo que ningún Presidente pueda utilizarla como instrumento de su particular visión política, cualquiera sea su signo.

Este acuerdo debiera extenderse, además, a una política de Estado mucho más decidida contra el narcotráfico y el crimen organizado, con especial atención a la infiltración de las instituciones públicas. La aparición de personas que se identificaban como integrantes del Tren de Aragua entre quienes recibieron rebajas de condena obliga a mirar más allá de los decretos cuestionados. La seguridad pública no puede abordarse fragmentadamente: exige coordinación, controles, inteligencia, responsabilidad institucional y una voluntad política que sobreviva a los cambios de gobierno.

Chile necesita recuperar la certeza de que el Estado protege a sus ciudadanos, que las condenas judiciales se cumplen y que ninguna autoridad está por encima de las reglas que debe respetar.

La salida de Rabat sería una señal de responsabilidad política. La eliminación de la facultad presidencial de indultar sería una señal de responsabilidad institucional.

La primera puede ayudar a cerrar una crisis. La segunda puede impedir que vuelva a repetirse.

Y esa es, finalmente, la diferencia entre administrar una controversia y aprovecharla para producir un cambio que el país lleva demasiado tiempo postergando.