Carabineros concretó el desalojo de una vivienda fiscal ubicada en calle Los Prunos, en La Reina, por orden del Ministerio de Bienes Nacionales. Allí habitaba una pareja de adultos mayores, uno de ellos exseremi, por casi 50 años.

Según un comunicado de la cartera, el matrimonio habitaba el inmueble desde 1973 y debían dejar la propiedad, ya que la justicia determinó en agosto de 2021 que eran “ocupantes ilegales”.

El ministerio señaló que se otorgaron diversas prórrogas para que los habitantes pudieran dejar el lugar, la última el 4 de julio pasado, donde se comprometieron a irse en 30 días. Como no ocurrió, hoy se concretó el desalojo.

El teniente de Carabineros, Esteban Mora, señaló que en el procedimiento no fue necesaria la utilización de la fuerza.

Bienes Nacional explicó que el inmueble tiene 833 metros cuadrados, con un avalúo fiscal de más de $230 millones, donde habitaba Manuel Miranda y su esposa. Él ejerció como funcionario y luego como seremi de Bienes Nacionales entre 1992 y 1994.

El domicilio lo ocupan desde 1973, arrendándolo hasta 1980. Tres años después, el Estado ofreció que comprara la propiedad, lo que no se concretó.

“De esta manera, siguieron viviendo gratis hasta 1991, cuando se firmó un nuevo contrato de arriendo con la señora María Teresita Araya como titular. Sin embargo, este arrendamiento solo fue pagado hasta el año 1992. A raíz de este incumplimiento, en 2001 se suscribió un convenio de pago, cuyas cuotas solo fueron pagadas hasta el año 2004″, agregó el ministerio.

Fue así como la situación llegó a tribunales, donde se rechazó la defensa de los habitantes del domicilio. “Si bien se han otorgado diversas oportunidades y nuevos plazos para la restitución voluntaria, esta nunca ha sido cumplida, no dejando más opción que el desalojo concretado el día de hoy”, aseguró Bienes Nacionales.

Además, agregaron que Araya y su esposa “se encuentran lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad, cuentan con recursos económicos y una red, tanto familiar como social, de apoyo, según constataron los organismos competentes en esta materia”.

“Como Ministerio declaramos que el hecho de haber ostentado un cargo público, bajo ninguna circunstancia puede habilitar un aprovechamiento de bienes fiscales, ni legitimar la prolongación de una situación de privilegio que el resto de los ciudadanos no posee”, agregaron.