El Gobierno anunció que apelará ante la Corte Suprema para buscar revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que suspendió la expulsión de seis ciudadanos extranjeros formalizados por lesiones graves, menos graves y leves contra funcionarios de Carabineros, hecho ocurrido el 9 de octubre en la capital de la Región de Los Lagos.

Fueron un grupo de cerca de 15 colombianos que agredieron a carabineros en Puerto Montt cuando los policías intentaron detener a un posible motochorro en esa ciudad.

Así lo informó la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien subrayó que "vamos a tomar todas las medidas que nos permitan avanzar" a fin de lograr "una resolución favorable".

"El Gobierno ya lo ha dicho, nosotros vamos a tomar todas las medidas que nos permitan poder expulsar a personas que han cometido delitos, en este caso agrediendo a carabineros en Puerto Montt, pero también tenemos que decir que somos extremadamente respetuosos de las instituciones", comenzó señalando la secretaria de Estado.

Según indicó, "todas las personas en nuestro territorio tiene derecho a un debido proceso, respetamos la labor de los tribuales de justicia y esperamos que se tenga una pronta resolución, pero nosotros seguiremos perseverando en la postura que ha tenido el Gobierno hasta ahora".

"Los tribunales tienen que cumplir su rol, así como nosotros como Gobierno nos toca lo nuestro. Nosotros somos respetuoso y a mi en particular como ministra de Justicia me toca la tarea permanente de colaborar con el Poder Judicial y somos extremadamente respetuosos de su autonomía y acá esperamos que las instituciones funcionen", complementó.

Consultada por si el Ejecutivo recurrirá con una acción judicial ante el máximo tribunal, Río enfatizó que "vamos a continuar con este proceso, vamos a apelar a esta decisión". Recordar que la expulsión de los ciudadanos extranjeros quedó paralizada luego de que la Corte de Apelaciones de la ciudad declaró admisible un recurso de amparo en favor de los inmigrantes, acogiendo la orden de no innovar, lo que deja sin efecto las resoluciones que ordenaron la expulsión.