A inicios de este año, nuestro país fue sacudido por los escándalos en torno a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en la foto. Tras su destitución en octubre de 2025 por infracción a los principios de probidad, se convirtió en imputada de un proceso penal por presunta corrupción, tráfico de influencias y lavado de activos en el marco de la llamada «trama bielorrusa».

Vivanco integraba la Tercera Sala de la Corte Suprema, que en 2023 dictó una sentencia que ordenaba el bloqueo obligatorio de plataformas internacionales de apuestas en línea. El tribunal obligó a los proveedores de servicios de internet a restringir el acceso a operadores extranjeros, confirmando de facto el estatus especial de las loterías nacionales, según consigna el diario digital El Ciudadano.

Entre los operadores y el mercado digital , esto se interpretó como una resolución que fortaleció la posición de Polla Chilena de Beneficencia en el mercado de las apuestas deportivas.

Formalmente, estas decisiones no están vinculadas con los episodios criminales que investiga la fiscalía. Sin embargo, tras el fallo de la magistrada, pasaron a formar un cuadro más amplio poniendo en entredicho, los mecanismos judiciales del más alto nivel del país que terminarían siendo un instrumento definitorio en las reglas del juego en un mercado con movimientos multimillonarios.

En 2023, la Corte Suprema de Chile resolvió que los proveedores de servicios de internet debían bloquear el acceso a plataformas internacionales de apuestas en línea, ya que el derecho a las apuestas deportivas en el país correspondería exclusivamente a Polla Chilena de Beneficencia. Esta decisión tuvo un alcance estratégico pues no solo limitó la libre competencia, sino que también confirmó el estatus especial de la lotería estatal como operador protegido por instrumentos judiciales, señala El Ciudadano.

Sobre este trasfondo, analizar también la arquitectura financiera de dos loterías es clave, por un lado  la estatal Polla de Beneficencia y la autónoma Lotería de Concepción. Ambas estructuras forjaron durante décadas la imagen de instituciones socialmente responsables, que destinan parte de sus utilidades al apoyo de niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Precisamente la misión social sirvió históricamente como argumento para preservar su condición jurídica especial.

Sin embargo, el mecanismo de distribución de fondos tiene una particularidad fundamental: es automático. Una parte de las utilidades se transfiere a organizaciones determinadas según la legislación, sin un mecanismo automático de detención en caso de escándalos, auditorías o investigaciones penales. El sistema no contempla un «freno de emergencia» obligatorio, incluso si respecto de los receptores de fondos se han constatado infracciones graves, consigna El Ciudadano.

Según la dirección de la corporación constitucional CONAPRAN (Corporación Nacional de Protección a la Ancianidad) y conforme a sus documentos financieros, Polla de Beneficencia transfirió a CONAPRAN 913 millones de pesos en el período comprendido entre 2007 y 2025. Lotería de Concepción destinaba anualmente aproximadamente 30 millones de pesos a la misma estructura. Al mismo tiempo, CONAPRAN figuraba en investigaciones periodísticas sobre gestión opaca de bienes raíces.

Los periodistas señalaban que la organización poseía decenas de inmuebles, parte de los cuales no eran utilizados para el fin previsto o se encontraban en circulación comercial, mientras la red de cuidados de larga duración se reducía. Al mismo tiempo, el volumen exacto del financiamiento estatal a CONAPRAN es objeto de debate, pues según distintos datos, desde 2003 la organización habría recibido más de 24 mil millones de pesos de fuentes estatales a través de diversos mecanismos, incluidos los aportes definidos por ley.

Y precisamente este mecanismo -la redistribución automática de fondos sin vinculación directa con los resultados-  sería el eslabón común.

Una lógica similar de financiamiento puede rastrearse también en la historia de Coanil, organización que atiende a niños y jóvenes con discapacidad intelectual. En 2017, tras la difusión de videos de la residencia «Alihuén», donde se registraron maltratos a los beneficiarios, el centro fue cerrado. Sin embargo, el propio modelo de financiamiento de la organización no sufrió cambios sustanciales.

A pesar del revuelo, la organización siguió funcionando, y el financiamiento de las loterías no fue suspendido automáticamente. En 2023, el servicio Mejor Niñez detectó nuevas infracciones en otros centros, lo que volvió a poner sobre la mesa la pregunta sobre la eficacia de la fiscalización.

Ciudad del Niño (Consejo de Defensa del Niño) también fue objeto de críticas tras una auditoría de la Contraloría General de la República en 2025, en el marco de la revisión del sistema Mejor Niñez. Los auditores constataron graves irregularidades financieras y decenas de miles de niños que desde 2015 permanecían en listas de espera sin la debida atención.

El conjunto de estos hechos no implica automáticamente responsabilidad penal de las loterías por actos de terceros. Pero revela un  problema no atendido, la ausencia de mecanismos de reacción inmediata ante riesgos sistémicos. Cuando el sistema judicial atraviesa simultáneamente una crisis de confianza debido a sonados casos de corrupción, y decisiones estratégicas en favor de operadores monopólicos que se adoptan a nivel de la Corte Suprema, surge la pregunta sobre el equilibrio entre poder, control y responsabilidad.

El escándalo con Ángela Vivanco demostró cuán vulnerable puede ser la cúspide de la pirámide judicial. Y la historia de las loterías muestra que detrás de la fachada de retórica social,  funcionó durante años un sistema donde los flujos financieros continuaban su curso independientemente de las crisis reputacionales de los receptores de fondos. Precisamente esta combinación -turbulencia judicial y distribución inercial de miles de millones de pesos- configura el principal desafío para el modelo chileno de «duopolio benéfico», señala el diario El Ciudadano.