Una semana después  que la Corte Suprema revirtiera el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que ordenó a la AFP Provida a entregar la totalidad de sus fondos previsionales a uno de sus cotizantes, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El inédito fallo del tribunal de alzada, emitido en marzo, fue desestimado la semana pasada por la máxima instancia judicial chilena, que acogió una presentación de Provida argumentando que "la actuación de la recurrida aparece como ajustada al derecho y la razón, al someterse al ordenamiento jurídico vigente y no obedecer al simple capricho de las entidades administradoras, situación que obsta al éxito del recurso".

El cotizante, José González, de 69 años y jubilado, tiene problemas de salud e incapacidad de trabajar debido a un accidente laboral en la construcción que lo dejó con la visión reducida, por lo que solicitó el retiro de la totalidad de sus fondos, que alcanzan los 23 millones de pesos.

El abogado e hijo del pensionado, José González, ingresó ante la CIDH un recurso de nulidad de orden público internacional, el que deberá ser tramitado por la Corte Suprema ante el organismo internacional con sede en Washington, Estados Unidos.  

"Este fallo se basa en el Decreto de Ley 3.500 como limitador de un derecho constitucional, como el derecho de propiedad. El año 98, la Corte Suprema no aplicó la Ley de Autoanmistía, también decreto de ley que no se puede dar validez democrática por la vía jurídica por ser normativa dictada en gobierno de facto", dijo el abogadol José González Gaete.

El cotizante y padre del abogado, José González Uribe, agregó que "yo estoy pidiendo lo poco y nada que tengo para mis remedios y una operación y la justicia no ve eso. Después que dicen cosas y anuncian, se contradicen entre ellos".

Desde AFP Provida y la Asociación que reúne a las aseguradoras no se han referido al tema.