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Justicia declaró inadmisible recurso de Defensoría de la Niñez contra convenio entre el Sename y la ANI

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección interpuesto por la Defensoría de la Niñez contra el polémico convenio firmado entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

El acuerdo -suscrito en febrero- fue denunciado esta semana por el sindicato de trabajadores del Sename, que -acusó- tiene como objetivo facilitar el "acceso de información que posee Sename y que la ANI considere relevante y pertinente para generar inteligencia, estableciéndose una alianza estratégica de cooperación institucional", y así "criminalizar" a la juventud tras el estallido social.

Tras conocerse públicamente, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, interpuso un recurso de protección para dejar sin efecto este convenio que, afirmó, representa una "manifiesta, brutal e inadmisible discriminación" contra los niños, niñas y adolescentes del Sename.

Sin embargo, la Primera Sala del tribunal de alzada no admitió a trámite el recurso, el cual -argumentó- es "extemporáneo", es decir, fue ingresado fuera del plazo establecido luego de ocurrido el acto que se busca impugnar.

Asimismo, fundamenta la resolución, los hechos referidos "exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso".

Muñoz reaccionó y aseguró que "no compartimos de manera alguna los fundamentos que se han explicitado en ese fallo, y desde ese punto de vista vamos a presentar el recurso de apelación para poder revertir esta decisión y que conforme a derecho se pueda abordar de forma adecuada lo que tiene que ver con brindar protección efectiva a las garantías constitucionales aseguradas para niños, niñas y adolescentes, y por supuestos a los que están vinculados al Sename".

En tanto, el convenio también afrontar otra arista, en la Contraloría, ya que esta semana el Frente Amplio ingresó un requerimiento para dejar sin efecto el convenio, argumentando que es "ilegal" y que "va por el camino de criminalizar la pobreza de los niños, niñas y adolescentes".