Por Alfredo Peña R.

Hay momentos en que un Estado se equivoca. Hay otros en que sus organismos discrepan. Y hay situaciones mucho más graves: aquellas en que el propio Estado pierde toda coherencia jurídica y comienza a enviar simultáneamente órdenes incompatibles a quienes pretende regular.

Eso es exactamente lo que Chile está haciendo hoy con las plataformas de apuestas online.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones, encabezada por Romina Garrido, acaba de ordenar a Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR bloquear en 48 horas 42 sitios de apuestas online, después que la Superintendencia de Casinos de Juego los calificara como operadores no autorizados.

La autoridad afirma que está dando “estricto cumplimiento” a la justicia.

El problema es que la historia es bastante menos simple.

El fallo original de la Corte Suprema nació de un recurso de protección promovido por Lotería de Concepción contra determinadas empresas proveedoras de internet y respecto de determinados sitios denunciados en ese proceso. La propia Subtel reconocía todavía en junio que el fallo estaba dirigido a las empresas proveedoras de internet y no a ella.

Pero durante la etapa de cumplimiento ocurrió algo jurídicamente extraordinario: aquel litigio concreto comenzó a convertirse en un verdadero sistema permanente de clausura digital.

Ahora los recurrentes pueden identificar nuevos dominios; la Superintendencia de Casinos los valida; Subtel ordena su bloqueo; las compañías de telecomunicaciones ejecutan la medida; y el procedimiento puede repetirse sucesivamente respecto de nuevos dominios, subdominios y sitios espejo.

La pregunta constitucional es elemental:

¿En qué momento un recurso de protección entre partes determinadas se convirtió en una potestad general y permanente para sacar del mercado a terceros que no fueron parte del juicio original?

Porque aquí ya no estamos discutiendo si gustan o disgustan las apuestas online.

Estamos hablando de debido proceso.

Estamos hablando de la garantía del artículo 19 N.º 3 de la Constitución.

Estamos hablando del derecho a ser oído antes de que el Estado adopte una decisión que puede impedir completamente desarrollar una actividad económica en Chile.

Y estamos hablando, además, del principio de juridicidad que obliga a todos los órganos de la Administración.

No basta con que alguien identifique un sitio, que otro organismo administrativo lo “valide” y que Subtel apriete después el botón digital de ejecución.

Un Estado de Derecho no funciona así.

Más sorprendente todavía resulta que sea precisamente la Superintendencia de Casinos de Juego la llamada a determinar qué nuevos operadores deben ser objeto de bloqueo, cuando la legislación vigente no le entregó una potestad general para administrar internet ni para construir por vía administrativa un registro universal de páginas que deben desaparecer de la red.

Lo verdaderamente preocupante es que todo esto ocurre dentro del mismo Gobierno que sostiene exactamente lo contrario ante esos mismos inversionistas extranjeros cuando llega el momento de cobrarles impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos dictó el 2 de junio la Resolución Exenta N.º 69 de 2026.

¿Y qué hizo?

Estableció expresamente un mecanismo para que las plataformas extranjeras de apuestas, juegos de azar y casinos online se inscriban en Chile y paguen IVA.

No sólo hacia el futuro.

El propio sistema contempla la regularización tributaria de operaciones correspondientes a hasta 36 períodos tributarios anteriores.

Entonces expliquémoselo a cualquier abogado extranjero que asesore a una de estas compañías:

El Estado chileno le dice que se inscriba.

El Estado chileno le exige pagar IVA.

El Estado chileno pretende cobrarle impuestos atrasados.

Y simultáneamente otro órgano del mismo Estado ordena a las compañías de internet impedir que los chilenos accedan a su sitio.

Es difícil imaginar una demostración mayor de incoherencia estatal.

Y el problema ya dejó de ser solamente el juego online.

El ministro de Hacienda acaba de anunciar una reforma al mercado de capitales precisamente para devolver competitividad a Chile, atraer inversionistas y convertir nuevamente al país en un centro financiero regional.

La propia hoja de ruta de Hacienda habla de “estabilidad” y “certeza jurídica”.

Pero la certeza jurídica no es un eslogan para seminarios empresariales.

Es una conducta del Estado.

¿Cómo pretende Chile convencer a un inversionista extranjero que existen reglas estables cuando una autoridad tributaria le ordena registrarse y pagar impuestos mientras otra autoridad administrativa contribuye a impedirle operar?

El problema tampoco se resuelve diciendo simplemente que pagar impuestos no legaliza una actividad.

Eso es evidente.

La cuestión jurídicamente mucho más incómoda es otra:

Si el Estado considera que una actividad debe ser eliminada del mercado por ilícita, resulta extraordinario que simultáneamente diseñe un régimen administrativo especial para registrar a quienes la desarrollan, exigirles IVA y cobrarles retroactivamente tres años de impuestos.

Hay algo más grave todavía.

Chile tiene un proyecto de ley sobre apuestas online pendiente en el Congreso.

Es decir, el propio sistema político reconoce que existe una materia que requiere legislación.

Pero mientras el legislador discute qué hacer, órganos administrativos y tribunales están construyendo, resolución tras resolución, un verdadero régimen regulatorio paralelo.

Sin ley.

Sin debate legislativo suficiente.

Sin procedimiento administrativo sancionatorio respecto de cada operador.

Y, potencialmente, sin audiencia previa del afectado.

Eso es institucionalmente peligroso.

Hoy ocurre con las apuestas online y probablemente muchos lo celebrarán porque no simpatizan con esa industria.

Mañana podría ocurrir con cualquier otra actividad económica.

Las garantías constitucionales no existen para proteger solamente las actividades que nos gustan.

Existen precisamente para impedir que el Estado pueda decidir primero y escuchar después.

Aquí se está confundiendo ejecución judicial con regulación; regulación con fiscalización; fiscalización con sanción; y sanción con bloqueo.

Es una verdadera borrachera jurídica, probablemente una de las más graves que hemos visto en mucho tiempo en la relación entre tribunales y Administración.

Y alguien dentro del Gobierno tiene que recuperar la sobriedad institucional.

La subsecretaria Romina Garrido debe explicar exactamente cuál es la fuente legal de la potestad que ejerce Subtel respecto de cada uno de estos nuevos sitios.

La Superintendencia de Casinos debe explicar con qué norma legal transforma su “validación” en antecedente suficiente para producir el bloqueo de terceros.

Y el ministro de Hacienda debe explicarles a los inversionistas extranjeros cómo se compatibiliza la promesa de certeza jurídica con un Estado que registra tributariamente una actividad mientras contribuye administrativamente a bloquearla.

No estoy defendiendo aquí a Betano, Betsson, Coolbet, Bet365, Stake ni a ninguna otra plataforma.

Estoy defendiendo algo bastante más importante:

Que en Chile sea la ley la que gobierne al Estado y no el Estado el que improvise la ley.

Si las apuestas online deben prohibirse, que el Congreso las prohíba.

Si deben regularse, que las regule.

Si deben pagar impuestos, que los paguen.

Pero lo que una democracia constitucional seria no puede hacer es cobrar impuestos con una mano, bloquear con la otra y después llamar a eso certeza jurídica.

Porque ningún inversionista serio teme pagar impuestos o someterse a regulación.

Lo que teme —y con razón— es invertir en un país donde nunca sabe cuál de sus autoridades hablará mañana en nombre del Estado.