El mercado de las apuestas en línea es una realidad plenamente integrada en la economía digital. Regularlo no es una opción, sino una necesidad institucional para establecer reglas claras, asegurar un diseño tributario equilibrado y garantizar la protección de los usuarios bajo un marco de competencia justa.

Lejos de ser un fenómeno hipotético, el sector de las apuestas en línea representa una actividad con una presencia consolidada en la cotidianidad de miles de usuarios. En este contexto, Chile ha dado pasos significativos al abordar esta realidad institucionalmente: el amplio respaldo que recibió la idea de legislar en el Senado confirma que existe un consenso transversal sobre la necesidad de actuar. El desafío actual, por tanto, es avanzar adecuadamente en las definiciones del proyecto de ley para dotar al país de un marco normativo moderno que brinde certezas donde hoy se requiere una mayor precisión técnica.

Diversas proyecciones sugieren que el volumen de transacciones en el mercado actual es considerable; por tanto, canalizar esta actividad hacia un sistema regulado aseguraría ingresos fiscales permanentes. Estudios de mercado indican que, con una carga tributaria adecuada, el Estado podría percibir cientos de millones de dólares anuales, optimizando la recaudación sin distorsionar el crecimiento de la industria formalizada.

Esta no es una actividad incipiente, sino una industria madura que opera bajo estándares estrictos en la mayoría de los países de la OCDE. La actual discusión en el Senado representa una oportunidad concreta para que Chile se alinee con esas mejores prácticas internacionales, generando beneficios directos para el Estado, seguridad para los usuarios y certezas jurídicas para los operadores.

En este sentido, el Congreso debate una regulación que busca equilibrar objetivos centrales como asegurar una recaudación fiscal efectiva y sostenible, establecer estándares de protección que garanticen la prohibición absoluta del juego de menores y crear condiciones que fomenten la formalización de plataformas dispuestas a operar bajo reglas claras, excluyendo a aquellas que pretendan permanecer en la opacidad.

La experiencia comparada demuestra que una regulación exitosa debe ser técnica y económicamente viable. Cargas tributarias desproporcionadas suelen incentivar la migración de usuarios hacia plataformas offshore no fiscalizadas, debilitando la protección del consumidor y la recaudación misma. Por ello, es vital que el marco legal chileno establezca un impuesto razonable sobre los ingresos brutos del juego (GGR) que incentive la canalización hacia el mercado legal.

El propósito no es imponer medidas restrictivas a una actividad ya consolidada, sino integrarla plenamente en el ordenamiento institucional. Contar con una legislación específica permite que la supervisión estatal se aplique de manera uniforme y bajo criterios compartidos por todos los actores del sistema.

En la actualidad, coexisten plataformas reconocidas internacionalmente -que operan en jurisdicciones de alta exigencia técnica y transparencia- con otros actores que no necesariamente cumplen con esos estándares. Las empresas de la Asociación de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) forman parte del primer grupo: aplican voluntariamente límites de depósito, herramientas de autoexclusión y monitoreo de comportamiento, y esperan que la nueva normativa transforme estas buenas prácticas en una regla obligatoria y uniforme para todos los actores del mercado.

La certeza regulatoria es, en última instancia, la base del éxito de este proceso. Mercados emergentes como Brasil y Perú han comprendido esta lógica, implementando tasas cercanas al 12% sobre los ingresos brutos. Estos países han sabido identificar la necesidad de contar con la mayor cantidad de operadores canalizados en el mercado regulado para maximizar el aporte al erario público y la efectividad de la supervisión.

Regular bien es, en definitiva, construir un ecosistema formal y competitivo que avance decididamente hacia estándares de clase mundial, permitiendo que el desarrollo de esta industria cuente con un marco de supervisión que actúe como garantía de transparencia, seguridad y beneficio para toda la sociedad.