La Encíclica Rerum Novarum acaba de cumplir 135 años desde que fue publicada por el Papa León XIII, el 15 de mayo de 1891. Como sabemos, fue una Carta que nació en medio de la revolución industrial europea, cuando millones de obreros trabajaban largas jornadas, con bajos salarios y sin protección social.

Esta Carta tuvo el valor de hacer las preguntas pertinentes para su época. Hizo las reflexiones incómodas a partir de los efectos de la Revolución Industrial.

Abordó cuestiones centrales de la vida de ese momento: los abusos del incipiente mercado, la dignidad del trabajo para las personas y qué rol le cabía al Estado para enfrentar la desigualdad.

En Chile, la discusión no ocurre en el campo patronal o en fábricas textiles del siglo XIX y XX. Más bien ocurre en una sociedad donde la relación trabajo y empresa está en tensión por el cambio tecnológico y por un país que no logra el desarrollo que pretende.

Por supuesto, recordar esta Carta en el año 2026 no supone repetir literalmente soluciones de siglos pasados, pero sí reconocer que las preguntas y reflexiones que formuló tienen una notable vigencia para la actualidad del país.

Es cierto que el mundo cambió, pero no cambió el problema de fondo: la tensión entre la economía individualista y su impacto en la vida de las personas.

Al volver al espíritu que motivó la Rerum Novarum, vale la pena revisar tres ideas muy oportunas para el debate que ha provocado la Mega-Reforma presentada por el Gobierno del presidente Kast.

La primera idea es comprender que la economía no es una ciencia exacta. Más bien se adscribe a ese conjunto de disciplinas propias de los asuntos sociales. Por ello, los problemas económicos son también problemas políticos y, en consecuencia, también morales.

Es la noción de que la economía debe estar al servicio de las personas. Esta Carta centenaria advierte que cuando el éxito económico se transforma en un único criterio de valor, aparecen la exclusión, el resentimiento y la fragmentación social que nos divide.

Por ello, la economía, la política y lo social son parte de una misma “cuestión social”.

Una segunda idea central es sobre el rol del Estado como “árbitro” del bien común. León
XIII tuvo una visión crítica tanto del socialismo revolucionario como del liberalismo económico extremo. Su propuesta fue intermedia: reconocer la libertad económica, pero exigir un Estado que proteja a los más débiles.

El Estado no debe reemplazar a la sociedad, pero tampoco puede ser indiferente frente a abusos o desigualdades graves. Aquí la idea es clara: el Estado no debe ser omnipotente, pero tampoco ausente.

Y, una tercera idea importante, es la concepción que fundamenta el salario justo y la crítica a la desigualdad extrema. Esto es que el salario debe permitir vivir con dignidad. Se trata de otro principio gravitante para un buen contrato social.

De tal modo, la cooperación entre trabajadores, empresarios y Estado es un mejor camino que cualquier
lógica individualista o de promoción de lucha de clases.

Cada una de estas ideas tiene una vigencia con el Chile de hoy. Sin duda, nuestro país ha tenido un progreso evidente en las últimas décadas. No obstante, también tenemos desafíos y deudas que abordar.

Sabemos bien de los anhelos y las dificultades de los chilenos: familias que pueden tener empleo formal, pero viven endeudadas; familias que desean surgir, pero con temor de no acceder a medicina o protección social oportuna; familias que aspiran a dar un mejor futuro a sus hijos, pero sin las oportunidades y los
recursos para aquello; familias que buscan una casa, pero que se les hace imposible acceder a una; familias que se esfuerzan, pero con miedo de quedar postergadas ante la revolución tecnológica que cambia al mundo a cada instante.

Y la lista sigue.

La Encíclica que hoy recordamos no condenó la propiedad privada ni la iniciativa económica. De hecho, las defendió y promovió. Pero sí nos dejó una lección, esto es que la riqueza también tiene una función social. Su enseñanza central es que una buena sociedad sabe equilibrar con criterio la libertad económica, la justicia social y la solidaridad humana.

Luego de avances y retrocesos, de luces y sombras, es muy interesante recordar las “incómodas” reflexiones de León XIII. A esta altura del debate público, deberíamos tener un consenso mínimo respecto de que el desarrollo no sólo se mide en función del PIB, sino también por el respeto y cuidado de las condiciones de vida de las personas.

Que cuando la desigualdad se vuelve excesiva, se rompe la cohesión de la comunidad política. Que si no existe confianza en las instituciones que nos organizan, perdemos paz y tranquilidad social. Y que la inversión y el crecimiento económico son muy necesarios, pero deben ir de la mano con una impostergable distribución equitativa para lograr la estabilidad que buscamos.

La elite política chilena, agrupada en el Gobierno y en el Congreso, tiene una enorme oportunidad de ofrecer un camino compartido para los próximos años. Pero con toda honestidad, para aprovechar esa oportunidad se debe construir un acuerdo que sea económica y fiscalmente viable, políticamente representativo y socialmente justo.

En el camino largo hacia el desarrollo para todos, no sirven las imposiciones ni los atajos.

Necesitamos un PACTO amplio, sostenible y justo. ¿Será posible? Muchos esperamos que sí. Ojalá que el espíritu de “De las cosas nuevas” nos “ilumine”.