Los permisos adjudicados en 2018 para los Casinos de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón terminaron renunciados. A ello se suma el juicio por presunta colusión en las licitaciones de 2020 y 2021 y una nueva ronda que dejó dos plazas sin oferentes. El nuevo subsecretario de Hacienda deberá encabezar las decisiones que vienen.

 

El historial reciente de las licitaciones de casinos deja un balance difícil de defender. Los permisos entregados en 2018 para Iquique, Coquimbo y Pucón y Viña del Mar fueron posteriormente renunciados por sus operadores. En la apertura de ofertas de esta semana, el 11 de agosto de 2026, Iquique y Viña del Mar quedaron sin postulantes, mientras Coquimbo y Pucón recibieron solamente una propuesta cada una.

 

Durante este ciclo, la exsuperintendenta Vivien Villagrán encabezó la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y Manuel Zárate Campos dirigió su División Jurídica. Desde esas posiciones les correspondió sostener técnica, administrativa y jurídicamente procesos que debían asegurar competencia, continuidad operacional y confianza pública. Los resultados obligan a revisar esa gestión.

 

A lo anterior se agrega el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Dreams, Enjoy, Marina del Sol y cinco de sus ejecutivos por una colusión en las licitaciones de 2020 y 2021. El juicio continúa pendiente. Villagrán y Zárate no aparecen acusados de colusión: el cuestionamiento hacia ellos es institucional y de gestión, por procesos desarrollados bajo su conducción regulatoria y jurídica.

 

Mientras la SCJ concentraba parte importante de su discurso en combatir el juego online no autorizado, el sistema de casinos físicos acumulaba licencias devueltas, concursos desiertos y procesos cuestionados ante los organismos de libre competencia.

 

Ahora la ruleta cambia de manos. Sebastián Vallebona Espinosa, nuevo subsecretario de Hacienda, deberá presidir el Consejo Resolutivo de la SCJ. No decidirá en solitario, pero le tocará encabezar el organismo que otorga, deniega, renueva o revoca los permisos.

 

Su desafío será corregir las bases, recuperar la competencia y evitar que los próximos concursos repitan la misma combinación: pocos interesados, operadores que abandonan y municipios obligados a pagar las consecuencias.