"Hoy, 24 de septiembre, el Santo Padre ha aceptado la renuncia al cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y los derechos relacionados con el cardenalato, presentada por Su Eminencia el cardenal Giovanni Angelo Becciu”. El escueto comunicado de la Sala de Prensa del Vaticano hace poco más de 10 meses remeció a la Iglesia Católica y desencadenó una seguidilla de acontecimientos que llevaron a que mañana martes se inicie en el territorio vaticano el primer juicio por crímenes financieros contra un cardenal en casi 300 años. El último se llevó a cabo contra del cardenal Niccolò Coscia en 1732, quien fue condenado y excomulgado.

Pero no sólo eso. Se trata, además, del primer proceso contra un purpurado que no será conducido ni por el Papa ni por uno de sus pares. Hasta ahora, sólo el Tribunal Supremo especial del Vaticano o el propio Pontífice estaban facultados para enjuiciar a un miembro del Colegio Cardenalicio. Sin embargo, en abril pasado la norma fue derogada por Francisco en una decisión que, según un comunicado oficial, era parte de la “obra de transparencia y saneamiento de las finanzas vaticanas” del Papa, pero que fue vista como un paso decisivo en el camino para juzgar a Becciu. Por ello, desde mañana será un tribunal penal de primera instancia el que vea el caso.

El inicio del juicio se confirmó el 4 de julio pasado, cuando se presentaron los cargos contra el purpurado y otras nueve personas por lavado de dinero, fraude, abuso de poder y extorsión. Además de Becciu, entre los acusados se encuentra monseñor Mauro Carlino, funcionario de la Secretaría de Estado durante los hechos y estrecho asesor del cardenal; René Brülhart y Tommasso Di Ruzza, ambos exfuncionarios de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano (AIF); Fabrizio Tirabassi, otro funcionario de la Curia; los financistas Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi, y Cecilia Marogna, quien operó una suerte de diplomacia paralela bajo las órdenes de Becciu.

El caso que complica al cardenal

La investigación que está en el centro del proceso que se inicia mañana se hizo pública en octubre de 2019, cuando la policía vaticana llevó a cabo una serie de allanamientos en oficinas de la Santa Sede, principalmente de la Secretaría de Estado y de la AIF. Detrás del operativo se encontraba la investigación por irregularidades en el manejo de las finanzas vaticanas y, específicamente, de los fondos de inversión controlados por la Secretaría de Estado, muchos de los cuales provenían incluso del llamado Óbolo de San Pedro, los recursos provenientes de las donaciones de católicos. La investigación denunció “pérdidas considerables para las finanzas vaticanas”.

El caso apunta a la compra de un edificio en Londres en 2014 a través de un fondo de inversión, manejado en ese entonces por Raffaele Mincione, por más de 300 millones de euros, cuando Becciu era el sustituto de la Secretaría de Estado, cargo que opera en la práctica como el de jefe de gabinete del Papa. Ello le permitió establecer una estrecha relación con Francisco, quien incluso lo creó cardenal en 2018 y lo nombró a cargo de la Congregación para la Causa de los Santos, uno de los 13 dicasterios -o ministerios- vaticanos. La cercanía entre ambos alimentó, incluso, las versiones sobre las crecientes posibilidades de Becciu de llegar a ser Papa.

Todas esas posibilidades comenzaron a desmoronarse a medida que avanzaba la investigación sobre la compra del edificio londinense, ubicado en el 60 de Sloane Avenue y que en el pasado fue sede de la tienda Harrods. Según las pesquisas, Mincione habría intentado estafar al Vaticano, por lo que éste recurrió a otro financista para, supuestamente, intentar salvar la inversión, Gianluigi Torzi, pero éste fue luego acusado de extorsión y el negocio en Londres se volvió un rotundo fracaso. El cardenal George Pell, considerado un férreo rival de Becciu, aseguró a Reuters el año pasado que el negocio causó “enormes pérdidas” a las finanzas vaticanas.

Pero al fallido negocio en Londres, que aún sigue rodeado de sospechas sobre eventuales desvíos de fondos, se sumaron otras acusaciones contra Becciu. Durante la reunión con el Papa, donde se selló su renuncia como cardenal, Bergoglio le informó de acusaciones de peculado y de beneficiar a través de los recursos de la Secretaría de Estado a dos de sus hermanos. A ello se sumaron luego las dudas en torno al rol de Cecilia Marogna, una mujer a la que se le habría traspasado, por orden del cardenal, 600 mil euros, según consta en la investigación. El dinero sería el pago por sus servicios en una serie de misiones secretas en Asia y África.

Los efectos del juicio

El juicio, como advierte el vaticanista Ed Condon en el sitio web estadounidense The Pillar, está aún rodeado de muchas dudas que comenzarán a despejarse a partir de mañana. Y en ese proceso algunos advierten que los efectos de las revelaciones que surjan podrían repercutir más allá de los 10 inculpados, llegando incluso al secretario de Estado, Pietro Parolin, y el actual sustituto, Edgar Peña. Según lo que ha trascendido, los fiscales tendrían evidencia de las responsabilidades de Becciu en el caso del edificio londinense incluso después de haber dejado la Secretaría de Estado y mensajes de WhatsApp donde califica de “cerdos” a los prosecutores vaticanos.

El cardenal ha insistido en su inocencia y denuncia un complot, mientras que otro de los acusados, el exjefe de la AIF René Brülhart, ha asegurado que todo se trata de un error que quedará claro en el juicio. Brülhart fue jefe de la unidad de inteligencia financiera de Lichtenstein y goza de reputación en los círculos financieros europeos. Por ello, algunos no descartan que durante el juicio su defensa desvíe los dardos hacia el propio secretario de Estado. Como máximo responsable de los dineros manejados por Becciu, Parolin tuvo que firmar los documentos sobre la compra del edificio londinense, aunque hoy niega cualquier involucramiento.

Hasta ahora, el principal testigo es monseñor Alberto Perlasca, quien ha sido descrito por la prensa italiana como el “garganta profunda” del caso. Perlasca era la mano derecha de Becciu en el manejo de los fondos de inversión y ha entregado los principales datos que apuntan hacia el cardenal. Sin embargo, en el juicio también se conocerán más detalles de las acusaciones de chantaje y violencia que pesan contra el otro funcionario vaticano, Fabrizio Tirabassi, al igual que el verdadero rol de Cecilia Marogna. Según el vaticanista Christopher Lamb, el caso “es una muestra de la determinación del Papa por limpiar de los escándalos a las finanzas vaticanas”.