Cuatro de cada diez personas que fueron formalizadas en causas en que el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado (LSE) en el marco de la crisis social se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

En siete regiones del país existe registro de 45 casos en que los detenidos fueron puestos a disposición de un tribunal, luego de que el Ministerio del Interior invocara esta normativa que eleva las penas en determinados delitos contra el orden público.

Entre los ilícitos imputados por los cuales el gobierno se hizo parte, se encuentra la quema de una iglesia en la Región de Los Lagos, ataques con bombas molotov a la policía en distintas zonas del país, la quema de estaciones del Metro de Santiago, el levantamiento de barricadas en líneas férreas en Pedro Aguirre Cerda, entre otros delitos graves.

De acuerdo con estos antecedentes, las regiones que más casos concentran con formalizados son Atacama (14 causas); la Región Metropolitana (12) y Coquimbo (5). Y al analizar en detalle los antecedentes, se puede visualizar que 17 de los 45 imputados bajo esta ley están cumpliendo prisión preventiva.

Además, según el mismo reporte, cinco imputados cumplirían la medida cautelar de arresto domiciliario y los restantes 23 estarían sujetos a una firma mensual, la prohibición de salir del país o bajo la sujeción del Sename, como es el caso de un menor de edad imputado bajo esta normativa.