La protección de los menores, la prevención de la ludopatía y la capacidad del Estado para fiscalizar las apuestas online son objetivos indispensables. En eso, la investigadora de IdeaPaís Francisca Figueroa tiene razón. El problema comienza cuando transforma esos objetivos en condiciones que deben cumplirse antes de regular una industria que hoy opera precisamente sin los controles que reclama.

La paradoja es evidente: se exige que el Estado desarrolle primero las capacidades que solo un marco regulatorio integral puede organizar, financiar y hacer exigibles. Es una secuencia peligrosamente equivocada que, presentada como prudencia, termina convirtiéndose en una invitación a perpetuar el vacío regulatorio existente.

La preocupación por la salud pública no puede ser una excusa para confundir el orden de las cosas.

¿Cómo se pretende exigir un control efectivo de las plataformas si no existe todavía un sistema integral que determine quién puede operar, bajo qué condiciones, con qué obligaciones y sujeto a qué sanciones? ¿Cómo se verifica la edad de los usuarios, se fiscalizan los límites de gasto, se detectan conductas problemáticas y se obliga a bloquear a quienes deben ser excluidos, si no se ha construido el marco jurídico que permita exigirlo y sancionar su incumplimiento?

No basta con expresar la necesidad de contar con esas herramientas. Hay que establecerlas legalmente, asignar responsabilidades institucionales, dotar al regulador de facultades efectivas y asegurar los recursos para ejercerlas. Eso es, justamente, lo que debe hacer una buena ley.

La postura de IdeaPaís y de su investigadora Francisca Figueroa corre el riesgo de invertir esta lógica. Bajo la premisa de que primero hay que saber controlar, se posterga la regulación que permitiría comenzar a hacerlo de manera sistemática. Es una ingenuidad preocupante en política pública: esperar que aparezcan espontáneamente las capacidades que deben construirse mediante decisiones legislativas, presupuesto, fiscalización y obligaciones exigibles.

El Estado no se fortalece esperando
Nadie sensato propone legalizar las apuestas online sin condiciones. Lo que se plantea es algo muy distinto: regular para controlar, y no esperar a controlar perfectamente para comenzar a regular.

Una legislación moderna debe establecer licencias, identificación verificable de usuarios, prohibición absoluta de acceso a menores, mecanismos interoperables de autoexclusión, límites de depósitos y apuestas, detección de patrones de riesgo, trazabilidad financiera, prevención del lavado de activos, protección de datos, auditorías independientes y sanciones que realmente disuadan a los operadores de incumplir.

Debe, además, definir quién fiscaliza, con qué atribuciones, qué información recibe, cómo coordina a las instituciones involucradas y qué consecuencias enfrenta una plataforma que burla los controles o permite apostar a un menor. Y debe contemplar recursos suficientes para que esas facultades no queden reducidas a declaraciones de buenas intenciones.

¿Hay que disponer de capacidades técnicas desde el inicio? Por supuesto. ¿Hay que construir otras progresivamente? También. La solución es fijar en la ley un calendario de implementación, condiciones de entrada en operación, estándares verificables y mecanismos de supervisión, no convertir la falta de capacidades en un veto indefinido a la legislación.

El Estado no necesita tener resuelto cada desafío antes de regular. Necesita saber qué debe resolver, quién debe hacerlo, en qué plazo y con qué recursos. Esa es la diferencia entre una política pública exigente y una aspiración sin hoja de ruta.

¿Y de dónde saldrán los recursos?
Hay otra dimensión que el debate no puede ignorar. Una industria sometida a licencias, impuestos específicos, tasas de supervisión y obligaciones de cumplimiento puede contribuir a financiar la institucionalidad que requiere su fiscalización. No se trata de suponer que la recaudación resolverá automáticamente todos los problemas, ni de subordinar la salud pública a los ingresos fiscales. Se trata de diseñar responsablemente el financiamiento de las capacidades que se pretende construir.

La ley debe contemplar desde su origen los recursos necesarios para fiscalizar, proteger a los usuarios y prevenir los daños asociados al juego. Puede hacerlo mediante ingresos fiscales, derechos de licencia, tasas regulatorias u otros instrumentos legalmente establecidos, con las garantías presupuestarias que correspondan.

Pretender separar ambos procesos —primero construir una institucionalidad plenamente capacitada y después regular— omite que la propia regulación puede ser el instrumento para organizarla, establecer sus atribuciones y asegurar su financiamiento.

Mientras tanto, la ausencia de un régimen integral no elimina la demanda por apuestas ni hace desaparecer las plataformas. Solo dificulta imponerles obligaciones comunes y fiscalizables. El usuario continúa expuesto y el Estado sigue enfrentando un mercado digital que no puede controlar eficazmente mediante declaraciones de principios.

La discusión, por tanto, no es entre recaudar y proteger. Es entre mantener un mercado insuficientemente controlado o establecer las reglas que permitan proteger a las personas, perseguir los incumplimientos y exigir responsabilidades.

La publicidad no puede esperar a otro proyecto
La prohibición de la publicidad de las apuestas online constituye otro ejemplo de esta contradicción.

Figueroa sostiene que la publicidad normaliza las apuestas como una entretención cotidiana y que debe prohibirse. Es una preocupación legítima, especialmente cuando los mensajes comerciales alcanzan a niños y adolescentes o vinculan el juego con el deporte, el éxito y la pertenencia social.

Pero si esa es la conclusión, ¿por qué dejarla para otro momento? ¿Por qué no establecer ahora, en el mismo proyecto que pretende regular la industria, las restricciones publicitarias que se consideran indispensables?

No tiene sentido invocar la urgencia de proteger a los menores y, simultáneamente, relegar una de las medidas concretas de protección a una futura iniciativa legislativa. Una prohibición que se considera necesaria debe discutirse, redactarse y aprobarse como parte del régimen regulatorio, con un alcance preciso que contemple la publicidad directa e indirecta, los patrocinios, las promociones, las redes sociales y los mecanismos destinados a eludir la prohibición.

Si el objetivo es impedir que el juego se normalice entre los menores, la regulación debe establecer también las sanciones correspondientes y los instrumentos para fiscalizar su cumplimiento. No basta con proclamar que la publicidad es inconveniente y dejar pendiente la respuesta legislativa.

El riesgo de terminar defendiendo el statu quo
Hay una consecuencia todavía más delicada en la posición de IdeaPaís. Aunque su intención declarada sea proteger a las personas, exigir condiciones previas sin definir un camino viable para alcanzarlas puede terminar favoreciendo, en los hechos, a quienes se benefician de la ausencia de un marco regulatorio integral.

Y aquí aparece un problema de competencia que no debe soslayarse. En Chile existen operadores de juegos autorizados bajo regímenes legales específicos, entre ellos Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción. Sus actividades tienen un marco jurídico propio. Pero esa realidad no puede utilizarse para justificar que las plataformas digitales permanezcan indefinidamente fuera de un sistema general de licencias, obligaciones y controles.

Tampoco corresponde confundir la defensa de los intereses de los operadores establecidos con la protección de los usuarios. El objetivo debe ser establecer reglas justificadas por el riesgo de cada actividad, aplicables de manera coherente y fiscalizables en la práctica. Si se pretende impedir el acceso de menores, prevenir la ludopatía y combatir el lavado de activos, esas exigencias deben traducirse en normas concretas, no en una discusión interminable sobre si el Estado está preparado para comenzar.

La paradoja es que quienes más insisten en los peligros de la desregulación deberían ser los primeros en exigir una ley eficaz, con plazos, recursos, fiscalización y sanciones. Si el proyecto es insuficiente, hay que corregirlo. Si sus controles son débiles, hay que endurecerlos. Si su institucionalidad carece de recursos, hay que financiarlos. Pero nada de eso se consigue convirtiendo la perfección institucional en requisito previo para legislar.

La responsabilidad consiste en actuar
El debate sobre las apuestas online no admite soluciones mágicas. Regular no eliminará automáticamente la ludopatía, ni garantizará que todos los menores queden protegidos, ni impedirá por sí solo las operaciones ilícitas. La eficacia dependerá de la calidad de las normas, de su implementación y de la capacidad de hacerlas cumplir.

Precisamente por eso, la ley debe diseñarse con rigor y no limitarse a formalizar una actividad para cobrar impuestos. Pero una regulación que incorpore protección de menores, juego responsable, prevención del lavado de activos, límites publicitarios, fiscalización y sanciones es preferible a la espera indefinida de un Estado ideal que todavía no existe.

La investigadora de IdeaPaís plantea preguntas necesarias, pero su respuesta institucional resulta equivocada si pretende resolver primero todas las capacidades y legislar después. La secuencia correcta es construir esas capacidades mediante la ley, financiarlas adecuadamente y exigir que funcionen desde el inicio, con una implementación seria y evaluable.

La protección de los menores no puede ser la justificación para postergar las herramientas que permitirían protegerlos. La prohibición de la publicidad no puede quedar para una promesa legislativa futura. Y la falta de fiscalización no puede convertirse en argumento permanente para mantener el vacío regulatorio.

En política pública, la prudencia consiste en anticipar los riesgos y diseñar controles eficaces. La ingenuidad consiste en creer que esos controles aparecerán antes de crear el marco jurídico que debe hacerlos posibles.

Chile necesita una regulación exigente, no una espera sin fecha de término.