Con las últimas torrenciales lluvias, nos hemos dado cuenta que muchas edificaciones, casas, edificios, gimnasios, centros de diversión y apuestas y otros han sido construídos sobre Humedales o muy cercanos a ellos.

Y cada cierto tiempo reaparece la falsa dicotomía entre desarrollo y protección ambiental. Como si cuidar un Humedal fuera un capricho de ambientalistas y no una necesidad estratégica para la seguridad de las ciudades, la disponibilidad de agua y la calidad de vida de millones de personas.

Nada más lejos de la realidad.

Un humedal no es un sitio eriazo esperando ser rellenado. Es un ecosistema vivo que cumple funciones que, si debieran ser reemplazadas por obras de ingeniería, costarían miles de millones de pesos al Estado y a los contribuyentes.

Los humedales almacenan agua durante las lluvias, reducen inundaciones, recargan los acuíferos subterráneos, filtran contaminantes, capturan carbono, regulan la temperatura local y constituyen el hábitat de una enorme biodiversidad. Son, en términos simples, la infraestructura natural más eficiente y económica que posee un país.

Paradójicamente, mientras el mundo invierte miles de millones en soluciones basadas en la naturaleza, en Chile todavía existen proyectos que consideran al Humedal como un obstáculo que debe rellenarse, drenarse o fragmentarse para construir encima.

Ese paradigma pertenece al siglo pasado.

La verdadera modernidad consiste precisamente en diseñar ciudades que convivan con sus ecosistemas y no que los destruyan.

La Ley N.º 21.202 vino precisamente a reconocer esa realidad, incorporando a los humedales urbanos dentro de la planificación territorial y obligando a considerar sus características ecológicas antes de autorizar proyectos que puedan afectarlos. No se trata de impedir el desarrollo, sino de hacerlo compatible con el interés público y con la protección de bienes ambientales cuya pérdida suele ser irreversible. 

La experiencia internacional demuestra que cada hectárea de humedal destruida genera costos futuros muchísimo mayores que el supuesto beneficio económico inmediato de urbanizarla.

Cuando desaparece un humedal aumentan las inundaciones.

Disminuye la disponibilidad de agua.

Se degradan los acuíferos.

Se pierde biodiversidad.

Y finalmente el Estado termina financiando costosas obras hidráulicas para intentar reemplazar gratuitamente lo que la naturaleza ya hacía.

El caso del casino Dreams en Talca representa un ejemplo que debería preocuparnos.

Durante meses este medio ha reporteado sobre la necesidad de analizar rigurosamente el impacto de proyectos que como el casino de Dreams podrían afectar irreversiblemente el Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco. No se trata únicamente de una discusión jurídica sobre permisos administrativos. Lo que está en juego es la protección de un sistema hidrológico que cumple funciones ambientales esenciales para toda la ciudad.

Hace tres años, sin construcción del Casino, el río se desbordó justo en el lugar donde se construye este centro de apuestas y diversión, arrasando incluso el Estadio Fiscal, como se ve en la foto de abajo, que colinda con los terrenos donde se construye el nuevo casino. La zona está declarada como inundable. Todos los expertos aseguran que si no hubiese estado el humedal, el río habría avanzado hacia el centro de la ciudad de Talca ya que el humedal está a sólo dos kilómetros del centro de la capital del Maule. El humedal salvó esa tragedia. 

La excavación profunda - certificada hasta por un Notario de la ciudad de Talca - sobre un terreno con napa freática superficial al lado del humedal de Talca no constituye un asunto menor. Es precisamente el tipo de intervención que exige el máximo rigor técnico, científico y jurídico, porque una vez alterado el funcionamiento de un humedal, la recuperación puede ser imposible o tardar décadas. Su exclusión arbitraria del sistema de evaluación ambiental es simplemente una irresponsabilidad inexcusable que, tarde o temprano, llamará a dar explicaciones a muchos funcionarios públicos regionales y nacionales. 

Por eso resulta preocupante que, con demasiada frecuencia, las evaluaciones ambientales terminen reducidas a una revisión documental, cuando lo verdaderamente importante es comprender el comportamiento real del ecosistema.

Los humedales no funcionan sobre planos.

Funcionan mediante complejas relaciones entre aguas superficiales, aguas subterráneas, vegetación, fauna y ciclos hidrológicos que muchas veces no son visibles a simple vista.

Desconocer esa complejidad conduce a errores que luego pagan las comunidades.

Chile ha avanzado en el reconocimiento jurídico de estos ecosistemas, pero aún falta consolidar una verdadera cultura institucional de protección que precisamente los autores legislativos de dicho reconocimiento han descuidado. 

La planificación urbana no puede seguir viendo los humedales como espacios vacíos disponibles para cualquier proyecto.

Son infraestructura ecológica crítica.

Son reservas de agua.

Son barreras naturales frente al cambio climático, especialmente contra los incendios forestales.

Son patrimonio ambiental.

Y, sobre todo, pertenecen también a las generaciones futuras.

Defender un humedal no significa oponerse al progreso.

Significa entender que el progreso auténtico consiste en construir ciudades más resilientes, más seguras y más inteligentes.

Porque destruir un humedal puede tomar apenas unos meses.

Reconstruir los servicios ambientales que prestaba puede tomar generaciones.

Y hay pérdidas que simplemente no admiten reparación. Talca y su Humedal Urbano, lamentablemente, se aproxima a paso acelerado a ese vergonzoso inventario.