Como una cuestión previa, me excuso ante los lectores por referirme a mi persona, esperando que con afabilidad comprendan esta autorreferencia. Pues bien, en diferentes medios de prensa este columnista ha denunciado ciertos episodios non sanctos ocurridos en Iquique con motivo de: 1. la postergación del Plan Regulador Intercomunal Costero de Tarapacá (PRICT), 2. con la compra del terreno área verde del Club de Tenis de Tarapacá y posterior venta a un inversionista extranjero, transacciones realizadas por los miembros de la directiva de ese equipamiento deportivo, las que oportunamente fueron denunciadas en la justicia por el tenista y socio del club, Manuel Palacios, motivo por el cual tales intervinientes están formalizados y 3. por lo que está sucediendo actualmente con el nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) de Iquique que reemplaza el permisivo y todavía vigente instrumento del año 1981. 


Recordemos que ese PRICT, después que fue retirado del trámite de toma de razón por parte de la Contraloría Regional de Tarapacá, por una indebida injerencia de una senadora de apellido teutón y del entonces intendente regional del gobierno de Piñera, varios avispados empresarios aprovecharon de obtener permisos de edificación que vulneraban dicho instrumento normativo de mayor jerarquía. Ello sucedió porque las autoridades comunales de Iquique, desobedeciendo el mandato del artículo 38° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), no incorporaron en el antiguo PRC las más restrictivas normas urbanas consideradas en el PRICT, el que, en todo caso, está vigente desde mediados del año 2022. 


Ahora el cuento se está repitiendo, debido a que el PRC de Iquique, elaborado por la Consultora Habiterra, está siendo objetado por ciertos interesados que ejercen presión, vía influencias, para que el Concejo Municipal respectivo no lo apruebe y en este aspecto, tiempo atrás recibí un whatsapp de un distinguido abogado, quien me propuso transformarme en millonario, si me oponía públicamente a ese PRC. Le agradecí su tentadora oferta, respondiéndole que tener mucho dinero genera diversos problemas y que, por no saber administrar financieramente los altos patrimonios, prefería no aceptar su gentil proposición, agregándole, por lo demás, que estaba a favor de la pronta vigencia de ese instrumento regulador comunal en Iquique. 


Dando cuenta de otros hechos indecorosos que se producen en nuestro querido país, la prensa ha publicado con distintos énfasis lo que acontece con la clínica Sierra Bella que la municipalidad de Santiago intentaba comprar y con la adquisición de un terreno para un Cesfam, por parte de la municipalidad de Las Condes, institución que se caracteriza por pagar horas extras no trabajadas a algunos de sus funcionarios. Está claro que en ambos casos se contemplaban subidos precios que favorecían a los vendedores y corredores de propiedades. 


Pero supimos que, sobre lo anterior, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, fue entrevistado recientemente por el canal de televisión CNN, en donde, entre otras cosas asociadas a la corrupción, se abordaron las 2 situaciones reseñadas y como la prensa dependiente del poder económico alude con epítetos de grueso calibre la operación comercial no realizada por la municipalidad de Santiago y con mano de seda la compra efectuada por la Municipalidad de Las Condes, a continuación reproducimos lo que dijo Letelier: 


Sobre la operación comercial no realizada entre el dueño de la Clínica Sierra Bella y la Municipalidad de Santiago expresó "no hemos observado comisión de delito alguno en este caso", mientras, aludiendo a la compra materializada del terreno, en un altísimo precio por la municipalidad de Las Condes, manifestó "con los antecedentes que tenemos es una causa encaminada a una decisión penal" 


Por último, este columnista ha sido invitado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para que, en sesión que se inicia a las 11,00 horas del lunes 1° de abril de 2024, en conjunto con otros invitados, demos nuestra opinión sobre los socavones producidos en las dunas del territorio urbano normado en la zona V3 del PRC de Viña del Mar, los que han afectado a algunos edificios aislados en altura irregularmente allí emplazados. En reunión sostenida hace algún tiempo con la alcaldesa Macarena Ripamonti, le indicamos que en esa zona, por tener una pendiente mayor a los 29°, solo se podían construir edificios aterrazados, razón suficiente para preguntarnos porqué el director de obras municipales (DOM) todavía no ha sido sancionado.  


Debido a que, por una razón de fuerza mayor, no me será posible estar presente en esa instancia legislativa, le enviamos al abogado Gabriel Muñoz, representante de la combativa organización viñamarina Duna Libre, algunos antecedentes demostrativos del desbarajuste presente en esta materia, para que se los entregue a dicha Comisión y en relación al título de esta columna, quedé muy conforme con la respuesta negativa que le di al abogado que me ofrecía ser rico, pues así, como me entretiene enfrentar al poder, continuaré denunciando las pillerías que recurrentemente se cometen.