El Ministerio del Interior que dirige Izkia Siches anunció este viernes que la abogada Luppy Aguirre asumirá como jefa de la División Jurídica de dicha cartera luego de graves desaciertos de esa división del Gobierno.

En un comunicado de prensa, el Gobierno detalló que Aguirre es una jurista de la Universidad de Chile (UCh) “con más de 20 años de experiencia“.

“Como abogada litigante, le ha correspondido tramitar causas penales en materias tales como derechos humanos, contrabando y tráfico ilícito de estupefacientes“, agregaron.

Asimismo, informaron que la abogada “durante 15 años fue investigadora del Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile”.

Este cambio se da luego que se suscitara la polémica, pues por una falta de procedimiento el Gobierno quedó fuera como querellante en “Operación Huracán”, en el que se persigue la responsabilidad de Carabineros y funcionarios en casos de inteligencia policial para desarticular bandas en la macrozona sur, que luego demostraron ser armados artificialmente.

Critica pública de Boric

La abogada Camila Barros fue la profesional removida de la jefatura. Ella llegó el 11 de marzo con Izkia Siches.  Si bien la jurista no saldría -por ahora- del ministerio y sería reubicada en sus funciones, el próximo lunes, en su reemplazo asumirá en el cargo la abogada penalista Luppy Aguirre.

El Presidente Gabriel Boric entendió que esta era una grave equivocación. Él mismo advirtió públicamente -en una actividad en Viña del Mar- que era una situación “inaceptable” y que debían perseguirse responsabilidades.

“(Se deben) agotar todas las instancias jurídicas. Entiendo que está la posibilidad de la apelación. Ahora, las características de este error -desde mi punto de vista- son inaceptables y por supuesto que tiene que haber responsabilidades, lo voy a conversar con la ministra para evaluar dónde se cometió ese error, entiendo que es anterior, que venía hace un tiempo ya. Y van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas”, dijo Boric.

Boric, además, agregó ayer que “esto pone en tela de juicio la legitimidad de la persecución. Y nosotros necesitamos tener instituciones que estén legitimadas ante la ciudadanía para combatir el crimen y el delito. Esto es totalmente relevante y no vamos a cejar en perseguir a los responsables”.