Los representantes de una niña chilena de 14 años solicitaron este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condene al Estado de Chile por avalar judicialmente el retiro de una cobertura del seguro de salud privado a la menor con discapacidad, mientras que los representantes estatales negaron todos los cargos y solicitaron rechazar la demanda.
En el cierre de la audiencia por este caso, los jueces de la CorteIDH escucharon los alegatos finales de los representantes de las víctimas, de los agentes del Estado y de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es el órgano que presenta los casos a la corte.

Silvia Serrano, representante de la víctima, de iniciales M.V., afirmó que el Estado es responsable por violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de la menor, pues puso en riesgo la vida de la niña, y aseguró que también faltó a su deber de regular, fiscalizar y supervisar a la empresa aseguradora.

La demanda señala a la aseguradora privada Masvida de finalizar en el año 2010 de forma "unilateral y arbitraria" el régimen de hospitalización domiciliaria que la niña, diagnosticada con el síndrome de Leigh, que requería de modo esencial para su supervivencia.

La niña fue diagnosticada en 2007 y la familia activó la cobertura para enfermedades catastróficas, pero en octubre de 2010 la empresa aseguradora retiró la cobertura al calificar el caso como una enfermedad crónica y justificó su decisión en la normativa de la Superintendencia de Salud.

El 26 de enero de 2011, tras una serie de reclamos de la familia, la Corte Suprema de Justicia de Chile falló a favor de la aseguradora, pero el 27 de agosto de 2011 un proceso de tipo arbitral en la Superintendencia de Salud resolvió a favor de la niña y ordenó restablecer la cobertura del seguro para su hospitalización en casa.

En la audiencia de este martes, los representantes de la menor afirmaron que el Estado nunca ofreció hacerse cargo de la hospitalización domiciliaria de la menor y que durante los 15 meses que estuvo sin la cobertura privada, el padre logró mantener el tratamiento gracias al apoyo de la empresa en la cual trabajaba.

Otra de las representantes, Karina Fernández, aseveró que este caso evidencia "una crisis estructural del sistema público de salud sin universalidad y de un sistema privado excluyente y discriminador que se rige por cuestiones económicas".

Los representantes solicitaron a la Corte Interamericana una sentencia que garantice que la hospitalización domiciliaria de la menor, hoy de 14 años de edad, se mantenga para proteger su derecho a la vida y la salud, pues consideran que en la actualidad las aseguradoras privadas continúan teniendo la potestad de tomar decisiones de forma unilateral.

EL ESTADO NIEGA LOS CARGOS
Por su parte, la agente del Estado, Constanza Richards, expresó su "consideración y empatía" hacia la niña y su familia, pero aseguró que el Estado no tiene responsabilidad alguna y que más bien actuó como correspondía al ordenar el restablecimiento de la cobertura médica por medio de un arbitraje.

También destacó que a la familia de la menor le fueron reembolsados los gastos en los que incurrió cuando estuvo sin la cobertura.

"El Estado solicita a la Corte que rechace las pretensiones y declare que el Estado no tiene reponsabilidad internacional por este caso. Este es un acto de un particular que generó afectación y que el Estado intervino para remediarlo", declaró..

Tanto la CIDH como los representantes de la víctima, afirmaron que la restitución de la cobertura se basó en cálculos económicos y no en los derechos de la menor