Valoro la propuesta de Acuerdo Nacional lanzada por un par de centenares de ex Ministros y funcionarios de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría porque  propone unir voluntades, del gobierno y la oposición, para poner fin a la violencia - levantando una nueva visión del orden público y una reforma profunda a las policías – y porque une este objetivo democrático a la necesidad de llevar adelante un Acuerdo Social y políticas de reactivación económica del país.

Ello es una necesidad perentoria. Las grandes movilizaciones sociales que cambiarán el rumbo del Chile del siglo XXI y le han dado voz a una ciudadanía que expresa, también con rabia, su malestar y el rechazo a un modelo económico injusto y repleto de abusos, como también a una política autoreferente y sin ciudadanía y a una democracia sin participación, ha sido aprovechada, por grupos ideologizados que persiguen fines distintos a los de la mayoría del país, para desencadenar una violencia extrema y autoritaria ya que persigue imponer por la fuerza objetivos minoritarios.

Junto a esta violencia política se despliega también la violencia de la delincuencia, de los soldados narcos y toda ella daña esencialmente a los más necesitados ya que el metro, autobuses, supermercados, pequeños negocios y emprendimientos, hoteles que dan trabajo a cientos de personas, centros culturales patrimoniales y de memoria, incendiados y saqueados, sirven principalmente a la gente que vive modestamente de su trabajo.

Los ideólogos de la violencia no reparan en que cuando se destruyen estaciones del metro ello hace la vida más difícil a cientos de miles de trabajadores, o que cuando incendian un supermercado en comunas populares privan de este a personas modestas que por decenios han anhelado tenerlo en su barrio. No les importa, porque los ideólogos de la violencia están pensando en la “insurrección” política y en la agudización de las contradicciones sociales para imponerla.

La violencia, y la convivencia oportunista de ciertos sectores políticos que no la condenan, daña también al propio imaginario de justicia y libertad de las grandes protestas sociales y contamina de incertidumbre y temor estas legítimas luchas.

Por tanto, es pertinente el llamado de este grupo de ex Ministros y ex funcionarios de gobierno, de centro y de izquierda, a un Acuerdo Nacional para desterrar la violencia.

Pero, este llamado se hace desde el descuido a la insólita renuncia a marcar una mínima identidad progresista de los convocantes. El documento se publica justo en los días que inicia la campaña por el plebiscito del 26 de Abril que define si el país tendrá o no una Nueva Constitución elaborada por una Convención Constituyente elegida por la ciudadanía y sin respetar la oportunidad y el contexto, los firmantes no identifican siquiera desde que vereda se ubican para promover el Acuerdo y renuncian a marcar el Apruebo como identidad clarificadora ante el país. Es demasiado grande lo que los demócratas chilenos nos jugamos el 26 de Abril como para que los convocantes no llamen, y en primer lugar, a terminar con una Constitución que divide a los chilenos y a instalar una nueva que mire definitivamente a superar los designios de la dictadura y cree las bases jurídicas y políticas de una casa común de un Chile del siglo XXI.

El documento clama contra la violencia y el orden público, pero ignora las dramáticas violaciones a los derechos humanos, las mayores en democracia, que se han perpetrado desde el 18 de Octubre por parte de las fuerzas policiales y no exige al gobierno y a todas las instituciones que se establezcan las responsabilidades y se castigue a quienes las han perpetrado. Sin respeto a los derechos humanos no habrá paz y ello nunca debiera ser olvidado por los firmantes.

El documento plantea, incluso en términos concretos, los aspectos que debiera contener una Agenda Social que acompañe el desalojo de la violencia. Pero no plantea perentoriamente al gobierno la exigencia de legislar ahora para producir cambios estructurales en la economía que den satisfacción a las exigencias de una población indignada por las bajas pensiones y remuneraciones y por los abusos que grandes empresas perpetran contra la población. El documento parece dejar de lado que quien gobierna tiene la primera responsabilidad en garantizar el orden público y en responder al clamor de justicia social y de dignidad que millones expresan en las calles en estos meses. Sin que se modifique radicalmente el sistema previsional, las ISAPRES, la salud pública, la educación, sin remuneraciones por sobre el límite de la pobreza, sin imponer los derechos de género – y hay ex Ministras de la mujer entre los firmantes - no habrá paz y todo llamado, por buenas que sean las intenciones , carece de valor, cae en el vacío y, como está ocurriendo, puede ser utilizado por el gobierno y las fuerzas que no desean cambios al modelo económico y, que al igual que la Constitución pinochetista en su origen, solo buscan perpetuarlo.

Recojo y valoro la buena intención de los convocantes. Detrás está la idea de clarificar al país que ex autoridades de centroizquierda están claramente contra la violencia y no permitir que la derecha utilice la incertidumbre y el temor que ella genera como una herramienta contra los cambios. Valoro el llamado a defender los valores, principios e instituciones de la democracia que hay detrás de su propósito.