La advertencia no proviene de un actor político ni de un centro de estudios con agenda ideológica. Proviene de una institución creada precisamente para mirar las cuentas públicas con distancia técnica. Cuando Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo de Chile, señala que “no hay holgura a mediano plazo para financiar sosteniblemente nuevas políticas”, el mensaje es claro: el gobierno heredó un margen fiscal mucho más estrecho del que el país estuvo acostumbrado durante décadas.

La advertencia es doble. Por un lado, Chile aún está a tiempo de corregir el “estrés fiscal” que comienza a reflejarse en la trayectoria de la deuda y en la reducción de los espacios presupuestarios. Por otro, si esa corrección no se produce, el camino ya ha sido recorrido por otros países. El caso de Argentina —aunque no mencionado explícitamente en el informe— aparece inevitablemente como referencia regional de lo que ocurre cuando los desequilibrios fiscales se prolongan demasiado tiempo.

Para el gobierno de derecha, que asumió la conducción del país en este ciclo político, el diagnóstico implica un desafío mayor. La tentación habitual frente a la estrechez fiscal es concentrarse en el control del gasto: ajustes presupuestarios, eficiencia administrativa, reducción de programas mal evaluados o duplicados. Todo ello será necesario. Probablemente cada ministerio y cada repartición pública deberán revisar sus estructuras, eliminar gastos innecesarios y mejorar la calidad del gasto.

Pero esa estrategia, por sí sola, no será suficiente.

Chile enfrenta un problema estructural más profundo: la necesidad de generar nuevas fuentes de crecimiento y, por esa vía, nuevos ingresos fiscales. Durante décadas el país descansó en un modelo exportador basado en recursos naturales —exitoso en muchos aspectos— pero que hoy muestra límites evidentes frente a un mundo marcado por la revolución tecnológica y la transición energética.

El desafío del próximo ciclo político no será simplemente ordenar las cuentas públicas. Será ampliar sustancialmente la base productiva del país.

Eso implica apostar decididamente por industrias de futuro. Chile tiene condiciones para desarrollar sectores tecnológicos como la robótica, la industria satelital o la inteligencia artificial. También posee ventajas naturales extraordinarias para transformarse en una potencia exportadora de energías renovables, aprovechando su geografía para producir y exportar energía limpia solar, eólica y mareomotriz.

Al mismo tiempo, el país debe avanzar en una vieja deuda económica: agregar valor a sus recursos naturales. No basta con exportar cobre, litio, madera, salmones o fruta en estado primario. La verdadera riqueza está en desarrollar cadenas productivas que incorporen innovación, tecnología y manufactura avanzada sobre esos mismos recursos.

El cobre puede transformarse en plataforma para nuevas industrias tecnológicas. El litio, en el corazón de la revolución de las baterías. La madera, en materiales constructivos avanzados. Los salmones y la fruta, en cadenas agroalimentarias de alto valor agregado.

Esa es la discusión de fondo que debería comenzar a plantearse desde ahora.

Porque si las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo de Chile son correctas —y todo indica que lo son— el nuevo gobierno no tendrá el lujo de administrar abundancia. Tendrá que gobernar con estrechez fiscal.

Y cuando eso ocurre, la diferencia entre un país que se estanca y uno que prospera no está solo en cuánto gasta el Estado, sino en cuánto es capaz de producir la economía. En otras palabras, el verdadero ajuste fiscal no se jugará únicamente en el presupuesto: se jugará en la capacidad de Chile para crear nuevas industrias y generar nuevas riquezas.