La discusión parlamentaria de la ley de presupuesto 2024 ha sido compleja para el gobierno ya que se le han sumado diversos problemas de la gestión gubernamental junto al caso Fundaciones, crisis de los SLEPS, retrasos en disminuir listas de espera; donde el mundo parlamentario quiere ver señales de solución en la tramitación presupuestaria.

Las situaciones generadas por la mala gestión política se amplifican al no escuchar los reclamos parlamentarios; por ejemplo, para suspender los traspasos a los Servicios Locales de Educación (SLEPs) con el fin de evaluar y corregir las anomalías denunciadas por comunidades educativas como en Atacama, Calama, Puerto Natales entre otras. Hoy a nivel de SLEPS se está viviendo una situación de crisis pedagógica, administrativa, de infraestructura y de convivencia escolar de la educación pública que se arrastra desde la pandemia, y se ha transformado en un problema de primera preocupación para las familias y para la opinión pública.

 En estos meses que quedado claro que existen dificultades de implementación del nuevo modelo y que se repiten algunas situaciones que se veían en la etapa previa de la alcaldización de la educación. Esto ha debilitado sistemáticamente la educación pública en nuestro país: falta de control y ausencia de gestión moderna, alta dependencia de los ciclos políticos, modelo de financiamiento y falta de inversión infraestructura, junto a los bajos aprendizajes, marcan este panorama de declive de la educación pública.

Por esa razón en la discusión presupuestaria una mayoría parlamentaria en la Comision Mixta de Presupuesto -que probablemente se repetirá en las Salas de la Cámara de Diputados y del Senado- se ha planteado suspender el traspaso de los establecimientos educacionales municipales a los Servicios Locales de Educación Pública, para así evaluar por expertos externos, analizar y reformar los aspectos deficitarios de esta política pública. Para lo anterior, también se hace necesaria la ejecución -en paralelo- de un plan de apoyo financiero y administrativo a los DAEM, DEM y Corporaciones Municipales de Educación.

Desafortunadamente el MINEDUC no escucha estos reclamos y propuestas e insiste en mantener su timing de traspasos a pesar de las protestas de las familias y las comunidades educativas.

Este conflicto persistira hasta el 28 de noviembre plazo fatal en que se despacha la ley de Presupuestos, ya que desafortunadamente el Gobierno insiste en respaldar una fórmula fallida como es la que propone el Ministro Cataldo y no se allana a suspender por 2024 los traspasos a los SLEPS.

Otro conflicto serio es el rechazo del presupuesto de Subsecretaría de Energía reclamando por la falta de financimiento al Subsidio fiscal comprometido por ministro Pardow en Comisión de Energía del Senado. Ese compromiso sectorial fue desautorizado por el Ministro de Hacienda en el debate en la Mixta de Presupuestos .

Las familias vulnerables requieren tener un apoyo para un mínimo de consumo energético como es 130 KWH y eso debe ser financiado con recursos fiscales directos y no vía subsidios cruzados o impuestos verdes como propone Ministro Pardow.

También se requiere fomentar la inversión en Transporte Público regional -tanto mayor y menor- vía Subsidio Espejo al Transantiago. Hoy solo 10% de ese subsidio se destina a transporte público regional y el resto se usa en “desarrollo regional” como edificios municipales, Cesfam, mientras que en la RM se ha incrementado el gasto en transporte público como lo revelan las nuevas líneas de Metro.

Existe transversalidad parlamentaria para exigir que a lo menos el 50% de los recursos vía Espejo/FAR se destinen exclusivamente a financiar proyectos de transporte publico regional mayor y menor como también en la infraestructura habilitante para la implementación de los servicios de transporte público y para la conectividad de las zonas aisladas, para que de esa manera se empiece a combatir la inequidad territorial que se ha acentuado en los últimos años.

Es interesante que en el Parlamento haya prioridad para exigir estas señales de equidad territorial que claramente no ha sido prioridad para el actual Ministro de Transporte.

También ha existido fuerte crítica al presupuesto en Salud y su falta de recursos para disminuir las listas de espera, rebajar la deuda con los proveedores y el despido de los honorarios Covid; por eso se rechazó -en la Subcomisión como en la Mixta de Presupuestos- el presupuesto de FONASA, la inversión sectorial y los recursos para los servicios de salud; como también hubo larga discusión sobre las nuevas reglas que regularán las transferencias y el gasto a nivel de los Gobiernos Regionales.

Hubo un apoyo transversal al articulado que fortalece la concursabilidad, la transparencia y las rendiciones de cuentas. Estas nuevas reglas -para el conjunto del sistema de inversión- deben ir acompañadas de un reforzamiento de profesionales en las instancias de regiones que tendrán mayor protagonismo en el sistema de control y evaluación de los proyectos de inversión.  Más profesionales en las Seremías del MDS y más profesionales y recursos tecnológicos en Contralorías Regionales son claves para no burocratizar la ejecución de la inversión.

A estas complejidades en la Sala de la Cámara han debido sumar la dificultad política que significó el bloqueo que hizo la oposición a la presencia de la directora de DIPRES en la discusión presupuestaria con lo cual se refrenda que la aprobación del Presupuesto 2024 exigirá flexibilidad política y capacidad de negociación del Ministro de Hacienda para resolver estos temas sobre suspensión SLEPs, Subsidio en Energía, los recursos para el transporte público regional.