El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este martes que Michael Clark, expresidente de Universidad de Chile y otrora máximo accionista de Azul Azul, quede con medidas cautelares.

En total, cuatro imputados quedaron en prisión preventiva: Michael Clark Varela, Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery y Sergio Samuel Yáñez Astete; mientras Rodrigo Eduardo Bustamante García y Juan Carlos Jorquera Salas quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.

En tanto, Alfredo Ignacio Harz Castro, Oscar Alejandro Ebel Sepúlveda y Hugo Andrés Baranda Peralta permanecen con arresto domiciliario total y arraigo nacional, y Mauro Valdés Raczynski y Miguel Luis León Núñez mantienen arresto domiciliario parcial y firma mensual.

La fundamentación de la jueza de garantía
Tras una larga exposición, la jueza Paulina Moya argumentó que Clark es imputable por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por lo que se determinó que la medida cautelar sea de prisión preventiva.

La arista que conecta directamente la investigación con Universidad de Chile se remonta a abril de 2021, cuando el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport adquirió el 63,07 por ciento de las acciones de Azul Azul.

De acuerdo con la Fiscalía, los recursos utilizados para concretar la operación provenían de los fondos públicos Sartor Táctico, Leasing y Proyección y fueron triangulados a través de Inversiones Cerro El Plomo.

Durante la formalización, la defensa de Clark sostuvo que su participación en Sartor se limitó a su calidad de director de la administradora y afirmó que las facultades para suscribir contratos, comprometer activos, cursar operaciones y realizar transferencias estaban radicadas en otros apoderados.

El tribunal, sin embargo, acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la cautelar de prisión preventiva.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la prisión preventiva de Michael Clark Varela, expresidente de Azul Azul y exdirector de Sartor AGF, en el marco de la extensa formalización por el denominado caso Sartor.

La jueza Paulina Moya concluyó que su libertad representa tanto un peligro para la seguridad de la sociedad como para el éxito de la investigación.

Clark fue formalizado por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato simulado. Durante su resolución, el tribunal estimó que existían antecedentes suficientes respecto de los principales capítulos imputados, aunque determinó que el delito de contrato simulado no alcanzó el estándar necesario para tenerlo provisionalmente por acreditado en esta etapa.

Uno de los elementos determinantes para la cautelar fue el riesgo que, a juicio del tribunal, existe para el desarrollo de la investigación. Moya detalló que la recuperación de conversaciones del coimputado Hugo Baranda permitió establecer provisionalmente que Clark habría impartido instrucciones para borrar comunicaciones de WhatsApp, tanto grupales como individuales, y activar la función de mensajes temporales.

A ello se sumó el análisis del teléfono personal incautado a Clark, que no contenía mensajes anteriores a marzo de 2026. Para la magistrada, aquello resultaba concordante, en esta fase del procedimiento, con una "posible eliminación de información correspondiente al periodo investigado". Según explicó, estos antecedentes permiten presumir provisionalmente actuaciones dirigidas a eliminar o suprimir evidencia y aumentan el riesgo respecto de información todavía no asegurada y de personas que continúan colaborando con la investigación.

"Respecto de Michael Clark Varela, la participación provisionalmente establecida comprende diversos capítulos y figuras penales con una pena probable particularmente elevada", sostuvo Moya, quien agregó que concurren "antecedentes específicos de eliminación de evidencia". La jueza indicó además que el arraigo del imputado, su comparecencia al procedimiento y la entrega de su pasaporte fueron considerados, aunque resultaron insuficientes para neutralizar las necesidades de cautela.