En medio de la investigación contra el exalcalde de Algarrobo José Luis Yáñez Maldonado, (UDI) quien está siendo acusado por la defraudación del municipio por 1.069 millones de pesos, delito por el cual se encuentra en prisión preventiva, lo que sería un detalle para el ex edil UDI encendió las alertas dentro de la Unidad Regional Anticorrupción (Urac), de la Fiscalía Regional de Valparaíso. 

Lo anterior, ya que en un breve periodo de cuatro meses, el imputado por el caso conocido como “Alga-Robo” adquirió bienes por un total de 92 millones de pesos: una parcela en el balneario y un departamento en Concón, los que fueron declarados en su patrimonio de este 2023.

En concreto, se trataría de una parcela en Algarrobo avaluada por fisco en 30 millones de pesos, además de un departamento en el exclusivo barrio de la comuna de Concón Costa de Montemar, el que está con un avalúo fiscal de 62 millones, de los cuales Yáñez declaró no residir en ninguno de los inmuebles, según consignó el medio “El Líder”.

Lo que más llamó la atención, fue que los bienes del exjefe comunal fueron adquiridos entre los periodos del 24 de marzo del 2022 y el 7 de noviembre del presente año, mismo periodo en el cual la fiscalía apunta que fue el desfalco en el municipio. Además, según expuso el medio mencionado anteriormente, Yáñez no había adquirido ninguna otra propiedad hace más de seis años.

Cabe recordar que, José Luis Yáñez Maldonado se encuentra siendo investigado por el delito de malversación de caudales públicos por una suma total de 1.069 millones 383 mil 196 pesos, motivo por el cual, junto a su expareja, Belén Carrasco Serrano, quien pertenecía al Departamento de Tesorería del municipio, se encuentran en prisión preventiva mientras dure la investigación.

En la formalización realizada por Fiscalía, se detalla que “Yáñez mantenía un vínculo sentimental con en el mismo período en que se cometieron estos hechos … El resultado de tales acciones u omisiones y el vínculo de pareja con Belén Carrasco y su vínculo parental con (dos personajes que recibieron transferencias de dineros indebidas) permiten atribuirle al alcalde la conducta de haber conocido y consentido los actos de sustracción y desvíos de fondos”.