Distintos medios han revelado una noticia que trasciende con mucho un simple cambio de autoridades: la Superintendencia de Casinos de Juego lleva seis meses sin superintendente titular y, además, sus principales divisiones —Autorizaciones y Jurídica— también están vacantes.

El organismo encargado de conducir una industria que mueve cientos de millones de dólares, genera miles de empleos y aporta importantes recursos a gobiernos regionales y municipios, hoy navega prácticamente sin capitán.

Pero el verdadero problema no es la acefalía. El verdadero problema es que quienes dejan sus cargos probablemente nunca responderán por la profunda crisis regulatoria que ayudaron a construir, mientras que quienes lleguen heredarán una institucionalidad tan deteriorada que difícilmente podrán corregir su rumbo en el corto plazo.

Es el peor escenario posible: un barco a la deriva en medio de una tormenta.

La industria de casinos físicos lleva años perdiendo ingresos y visitantes. Las licitaciones fracasan una tras otra. Chiloé cayó dos veces. Aysén cayó dos veces. Puerto Varas e Iquique también han visto licitaciones fracasadas. 

Hoy se desarrolla el proceso más relevante de la década —Viña del Mar, Coquimbo, Iquique y Pucón representan una parte sustancial del mercado nacional— bajo fuertes cuestionamientos por plazos extremadamente estrechos, exigencias difíciles de cumplir y condiciones que, según diversos actores, restringen la competencia efectiva.

Todo ello bajo la conducción de un regulador que hoy prácticamente no tiene conducción y, claramente, escasa legitimidad, tanto por ser parte de los problemas como por el carácter con que detentan sus cargos. 

Por otra parte, sería un error atribuir la crisis únicamente al mercado. La principal responsabilidad es del Estado.

¿Porque? Porque el Estado llegó tarde.

Llegó tarde para modernizar la regulación frente al crecimiento explosivo del juego online.

Llegó tarde para corregir procesos licitatorios que comenzaron privilegiando el mejor proyecto turístico para cada región y terminaron reducidos, en los hechos, a una competencia por quién ofrece más dinero en un sobre.

La filosofía original de la Ley N.º 19.995 era distinta. Los permisos de operación buscaban atraer inversiones de calidad, desarrollar polos turísticos, generar infraestructura de primer nivel y potenciar economías regionales. Los ingresos del juego no sólo financiaban al Estado central; una parte relevante del impuesto específico se distribuye entre el gobierno regional y la municipalidad donde opera cada casino, precisamente para fortalecer el desarrollo territorial.

Hoy esa lógica parece haberse invertido.

El proyecto dejó de ser el centro de la evaluación.

La oferta económica pasó a dominar la decisión.

Así, un galpón con una oferta monetaria mayor puede derrotar a un proyecto turístico infinitamente superior. Se castiga la calidad y se premia únicamente la caja inmediata y con ello el desarrollo de la industria y el progreso de las comunas y regiones. 

Pero las contradicciones regulatorias no terminan ahí.

Mientras el Estado exige a los casinos físicos enormes inversiones, construcción de infraestructura, cumplimiento de estrictas obligaciones regulatorias y sometimiento a un régimen concesional altamente restrictivo, al mismo tiempo permite que compitan con operadores digitales bajo reglas completamente distintas.

La paradoja quedó aún más expuesta con la Circular N.º 69 del Servicio de Impuestos Internos.

Al aplicar correctamente la normativa legal sobre IVA a los servicios digitales, el propio Estado reconoce que las plataformas de apuestas online desarrollan actividades gravadas en Chile y deben tributar por ellas. Desde la perspectiva tributaria ello es jurídicamente correcto: la ley debe aplicarse.

Lo contradictorio aparece cuando esa realidad tributaria convive con un sistema concesional diseñado sobre la base de monopolios territoriales cuidadosamente protegidos.

Los casinos físicos obtuvieron permisos bajo reglas muy precisas: exclusión absoluta en la Región Metropolitana; un máximo de tres casinos por región; una distancia mínima de setenta kilómetros entre ellos; un límite nacional de veinticuatro permisos de operación; cuantiosas inversiones obligatorias; compromisos turísticos; obligaciones laborales; estándares constructivos y permanentes fiscalizaciones.

Todo eso formó parte del equilibrio económico sobre el cual diversos operadores ofertaron para licencias por 15 años que, no obstante la pandemia y cierres obligados por evidente fuerza mayor y caso fortuito, tampoco fueron respetados. 

Sin embargo, posteriormente aparece una competencia comercial nacional, permanente y sin fronteras físicas que jamás estuvo contemplada en esas bases licitatorias.

No se trata de negar la existencia del juego online. Todo lo contrario.

El problema es que el Estado nunca armonizó ambos mundos.

No reguló oportunamente.

Y cuando comenzó a hacerlo, lo hizo de manera fragmentada, contradictoria y descoordinada.

Eso no es regular. Es desregular por inconsistencia.

El resultado está a la vista: Una industria física debilitada. Una industria digital que continúa sin un marco legal integral. Procesos licitatorios crecientemente cuestionados e inversionistas internacionales de casinos fiscos y hoteles que observan incertidumbre regulatoria y se abstienen de entrar al ruedo. 

Y ahora, para completar el cuadro, un regulador completamente descabezado.

Como si fuera poco, circulan versiones de que antiguos ejecutivos del propio sistema podrían reaparecer como competidores en algunas plazas, particularmente en Viña del Mar, aprovechando precisamente un proceso acelerado y con escaso margen para preparar ofertas competitivas. Si aquello llegara a confirmarse, la sensación de improvisación institucional sería aún más grave.

Chile necesita exactamente lo contrario.

Se necesita una autoridad fuerte, técnicamente competente e independiente, capaz de reconstruir la confianza regulatoria, revisar un sistema licitatorio que ha perdido su sentido original y diseñar, junto al Congreso y al Ejecutivo, una regulación coherente entre el juego presencial y el juego online.

Porque una industria estratégica no puede seguir administrándose con autoridades interinas, reglas contradictorias y decisiones tardías.

Cuando el regulador pierde el rumbo, no sólo naufraga una institución.

Naufraga toda una política pública, perjudicando a comunas y regiones de Chile que, extrañamente, reclaman recursos sin ver los que se les escurren entre las manos.