Por vía telemática, la magistrada —junto al secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Mauro Torres Soto; la jefa del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, subprefecto Viviana Acevedo Silva; la jefa de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, subprefecto Carolina Naamor Esbry; y los peritos del Servicio Médico Legal, Marisol Intriago, jefa de la Unidad Especial de Identificación Forense; Cecilia Figueroa, Stefano de Lica y Giselle Contreras–, informó a los hijos de la víctima Beatriz, María, Orlanda, Mario, José, Carlos, Juan, Erasmo y Luis Zelaya López, que los peritajes realizados a restos óseos encontrados en marzo de 2018, permitieron determinar que corresponden a su progenitor.
Identificación que fue posible a partir del hallazgo de una tibia encontrada el 25 de marzo de 2018 al interior del condominio “Hacienda San José”, ubicado en la comuna de Curacaví, a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 68, en las proximidades de la cuesta Zapata.
Dicha pieza ósea fue remitida a un laboratorio especializado de Estados Unidos, cuyos profesionales la sometieron a un análisis de radiocarbono, logrando determinar que correspondía a un fragmento de tibia izquierda, que perteneció a un sujeto de más de 14 años, de sexo indeterminado, que falleció entre los años 1965 y 2014.
Tras el hallazgo y fijada la data de los restos, la ministra Cifuentes Alarcón dispuso la realización de una serie de diligencias investigativas, entre ellas excavaciones en el lugar donde fueron encontrados, las que comenzaron el 5 de diciembre de 2018, logrando encontrar nuevas evidencias óseas y culturales (dos calcetines, una hebilla y restos de calzado).
Luego, se enviaron dos muestras óseas al laboratorio del Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck (GMI), de Austria, donde fueron sometidas a examen genético, logrando determinar con una probabilidad de 99,99999% que el perfil genético obtenido en el fragmento óseo (talus o astrágalo del pie derecho) pertenecía a Carlos Hugo Zelaya Suazo y que coincidía con el perfil genético del fragmento de tibia izquierda evidenciado con antelación.
Patrulla militar
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación que sustancia la ministra Cifuentes Alarcón, Carlos Zelaya Suazo fue detenido el 7 de febrero de 1974, en horas de la tarde, en su lugar de trabajo, una bodega de la viña Carafi, ubicada en Carlos Valdovinos N° 1.553 de la comuna de San Miguel, por una patrulla militar a cargo del teniente Carlos Dionisio Figueroa Silva (fallecido) e integrada, entre otros, por los soldados Luis Armando Elgueta Rivas y Eugenio Humberto Vásquez Miranda, de la dotación del regimiento “Coraceros” de Viña del Mar.
Posteriormente, “el detenido fue trasladado hasta la tenencia de Curacaví, ubicada en avenida Ambrosio O’Higgins N° 1.440 de la misma comuna, a cargo del teniente de Carabineros de Chile Gerardo Aravena Longa, lugar en que se le mantuvo encerrado”, añade.
“(…) en horas de la noche —prosigue—, la patrulla a cargo nuevamente del teniente del Ejército de Chile Carlos Dionisio Figueroa Silva e integrada, entre otros, por los soldados Luis Armando Elgueta Rivas y Eugenio Humberto Vásquez Miranda, trasladó a Carlos Hugo Zelaya Suazo y a otros dos detenidos, desde la mencionada unidad policial hasta el kilómetro 14 1/2 de la cuesta Barriga, puntualmente a una planicie al costado del camino, lugar en que los ejecutaron, disparando en su contra con los fusiles que portaban, abandonando los cuerpos en el lugar”.
Los involucrados en el proceso se encuentran, actualmente, en calidad de acusados por la ministra Marianela Cifuentes Alarcón, a la espera de la sentencia de primera instancia, la que será fallada próximamente.
