Foto: La exdiputada UDI María Angélica Cristi junto a su hijo empresario Paul Morrison Cristi

Por Mario López M.

Chile enfrenta un momento histórico inédito en su historia constitucional y republicana, estamos frente a la primera Constitución dictada en democracia por un grupo de conciudadanos electos en votación popular. Momento histórico que se ve gravemente empañado por la falta de las más mínimas condiciones para que la Convención
Constitucional pueda funcionar, incluso sanitarias y administrativas.

Sin espacios que respeten los aforos, sin conectividad ni cámaras que den a las sesiones la debida transparencia de ser de cara a la gente, sin computadores o lugares donde trabajar, ha llevado a los convencionales a verse obligados a suspender las dos primeras sesiones de su funcionamiento.

¿De quién es la responsabilidad?

Qué duda cabe que del gobierno que, tras más de un año de conocerse las condiciones sanitarias en que nos tiene limitado la pandemia Covid, y tras más de un año de iniciarse el itinerario constitucional, no dispuso de las mínimas condiciones para que tan magno evento pudiera llevarse a adelante.

Que este ha sido catalogado como el peor gobierno de la historia de Chile, donde el nepotismo campea desde la presidencia de la República hacia abajo, ha se ha podido constatar en múltiples oportunidades bajo la administración Piñera II. Pero la sorpresa (o quizás no tanto), golpeo fuerte al conocerse que, tras las fallidas sesiones de la Convención
Constitucional (CC) por falta de condiciones mínimas, se encuentra un millonario contrato, adjudicado entre gallos y media noche, sin licitación de por medio, al hijo de una exdiputada UDI y exalcaldesa designada por Pinochet, María Angélica Cristi, el cuestionado empresario Paul Morrison Cristi.

El artículo 113 de la Constitución Política, establece que corresponde “al Presidente de la República, o a los órganos que éste determinare, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención”. Es el caso, que tal función fue encargada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia SEGPRES), creándose transitoriamente en la estructura interna dicho ministerio, desde la publicación del Decreto N° 4 de 1 de febrero de 2021 y hasta 60 días corridos contados desde la disolución de la Convención Constitucional –de acuerdo al inciso final del artículo 137 de la Constitución Política de la República– la Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, dependiente del Subsecretario General de la Presidencia.

Escandalosa y millonaria adjudicación

Más de $450.000.000 pagó SEGPRES a la empresa Street Machine Corp, S.A., de propiedad de Morrison Cristi, el pasado 2 de julio. La tarea consistía en implementar las condiciones para que pudiera llevar adelante la primera sesión de la Convención Constitucional, entidad encargada de redactar la propuesta de nuevo texto constitucional para Chile.

Nada de eso aconteció, ni cámaras, ni salones preparados para sesionar dignamente, ni medidas mínimas sanitarias, tampoco computadores u otros medios que facilitaran las condiciones de trabajo a los 155 representantes populares. Nada.

Cuatrocientos cincuenta millones de pesos tirados a la basura, o más bien dicho, al bolsillo de un empresario a quien
se ha vinculado con escándalos de drogas y negocios truchos con municipalidades como la de Maipú.

El contrato suscrito entre la SEGPRES y la empresa Street Machine Corp S.A., estable de cargo de esta última, el “que se encargue de la producción de dicha sesión, incluyendo la organización y logística del evento…”. Como una dolorosa ironía, el contrato asegura que la asignación a dedo, es producto del “hito histórico que significará la celebración de la
primera sesión de instalación de la Convención Constitucional…”

Explicaciones que agravan la falta

Desde el gobierno intentaron una primera excusa, culpando a la Cámara de Diputados, dirigida por el RN Diego Paulsen, por los inconvenientes: “La imposibilidad por parte de la Honorable Cámara de Diputados de habilitar las salas de reuniones del Congreso Nacional genera un imprevisto para el ministerio, que puede impactar directamente en el
efectivo cumplimiento de sus funciones de apoyo a la Convención Constitucional”, dijeron.

Desde la cámara baja, documentos en mano, desmintieron esta afirmación.
Posteriormente, el subsecretario de SEGPRES, Máximo Pavez, dijo que “la instalación estaba lista, estaba todo listo, el día de ayer tuvimos un problema de causa mayor, mantenemos la explicación que se la dimos a la presidenta y se la dimos al vicepresidente; hubo un problema con la conexión a internet”, agregando que “lamentamos que uno de los
proveedores de internet tuviera una señal de intermitencia, se trabajó hasta altas horas de la madrugada“, aduciendo razones técnicas.
Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, puso a disposición este lunes las sedes de las universidades estatales para el funcionamiento y continuidad del proceso. Vivaldi dio a conocer que realizó la propuesta “a través de una carta a su presidenta, las y los rectores de las Universidades públicas hemos puesto a disposición de la
Convención Constitucional todas nuestras sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams”, publicó el rector.

¿Boicot o Ineficiencia?

Vergüenza internacional el fracaso buscado para la CC., que ha llevado a universidades a ofrecer sus sedes para sesionar dignamente, conforme a la importancia histórica de el momento republicano del país. Pero no debe llamar a sorpresas, pues, como se redordará, el entonces ministro del Interior Andrés Chadwick, en su primer discurso ante los empresarios
en Icare, dio a conocer que el gobierno de manera alguna apoyaba el proceso constitucional iniciado en el gobierno de la presidenta Bachelet: “No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la Presidenta Bachelet, reconoció.

Hoy, el ministro de la SEGPRES, Juan José Ossa Santa Cruz, es el principal responsable de esta debacle. Francisco Encina, un militante de Evopoli, designado por el gobierno de Sebastián Piñera, para llevar adelante el proceso administrativo, con un millonario sueldo de 7 millones y medio, ha descartado renunciar, a pesar de este escándalo y de otras licitaciones anteriores denunciadas como truchas.

Boicot, han denunciado los convencionales a viva voz, tras los fallidos intentos para sesionar. Ineptitud e incapacidad, denuncian otros. Lo cierto, es que al gobierno parece importarle nada la “voz del pueblo”.