Una cifra recorre las redes sociales, aunque no impacta en los medios de comunicación: Según los últimos datos proporcionados por el INDH, en Chile habría dos mil quinientos jóvenes y adolescentes presos en recintos penitenciarios o –en el caso de menores de edad- en espacios de reclusión administrados por Sename. Detenidos en las manifestaciones iniciadas en Santiago el 18 de octubre, que se extendieron como reguero de pólvora por el país hasta poco despues del 3 de marzo, su historia quedó tan suspendida como el movimiento social en que participaban cuando la pandemia sofocó la explosión social de la cual pronto se conmemorará un año.

 

Algunos permanecen desde octubre a la fecha encarcelados en prisión preventiva mientras se investigan sus casos, a la espera de un juicio o apelando sus sentencias. Vivieron entre rejas la pandemia, los mayores de edad en cárceles de adultos, inicialmente en galerías destinadas a detenidos durante la protesta. Cuando éstas se saturaron, tuvieron que compartir penurias con los delincuentes comunes. Entre el otoño y el invierno que ya termina, sabemos de al menos un adolescente que contrajo Covid 19 en el Sename y algunos abogados, particularmente en regiones, descubrieron que el expertizaje en derechos humanos ya no es añoso vestigio de tiempos superados.

 

Con las manifestaciones y la represión reaparecieron –otra vez lideradas por mujeres- organizaciones de apoyo a quienes llaman “presos políticos de la revuelta”. Y nuevamente llegan a las puertas de iglesias, embajadas, partidos y organismos internacionales, improvisadas líderes buscando amparo para hijos, hijas, parejas o amigos que están pagando muy cara la voluntad de expresar en las calles su descontento social.

Refiriéndose al conflicto en la Araucanía, al terminar julio el Ministro del Interior Víctor Pérez dijo:

-“(…) en Chile no hay presos políticos. Presos políticos son quienes por sus ideas están presos. Aquí las personas privadas de libertad, están privadas por resoluciones de tribunales de justicia, no del gobierno”.

Esa frase resume el paradigma de quienes sostienen que la prisión política no existe en el país, pues un poder independiente del ejecutivo, en función de sus propias normas y reglas, determina la suerte de aquellos que la fuerza pública lleva ante los tribunales, tras detenerlos cometiendo delitos que atentan contra el orden público.

 

-“No sé cómo pude atentar contra el orden publico a las 07.00 A.M. en un paradero de micros, esperando locomoción para ir a mi trabajo –dice el antropólogo Rubén Rivas Rivas (32)- no encuentro pega en mi profesión y trabajaba como vendedor y servicio técnico en una tienda de Meiggs hasta el 30 de octubre, cuando me detuvo una patrulla de la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda.

 

Acusado de levantar barricadas en la línea del tren que cruza la comuna y llega a San Bernardo, Rivas sostiene que es materialmente imposible involucrarlo en un hecho que ocurrió a más o menos un Km. del punto en que fue detenido, junto a todos los hombres jóvenes que estaban en el mismo paradero. Se declara militante del Movimiento Juvenil MAPU Lautaro y señala que, al llegar a la comisaría, se encontró con dos amigos del mismo Movimiento que, como él, tienen activa participación en las organizaciones sociales y actividades culturales de la comuna. El resto de la historia es de veras extraña:

 

Llegó un carabinero encapuchado que dijo ser del OS 9, (Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales) –señala el antropólogo- él seleccionó a quiénes quedaban en libertad y quiénes pasaban a control de detención.

 

Sólo Mauricio y sus amigos Esteban Bustos y Gilberto Mendoza, según indicaciones de ese oficial, cuyo nombre y rostro desconocen, fueron acusados por infracción a la Ley General de Ferrocarriles. Se les aplicaron pruebas para demostrar ´presencia de hidrocarburos en las manos y la ropa. Al incendiar las barricadas, según sostienen sus acusadores, debieron quedar restos de esos elementos. Mauricio señala que, hasta el momento de realizar esta entrevista, los resultados de esas pruebas no están disponibles para su abogado defensor.

 

Tras 10 meses en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad, actualmente Mauricio, Esteban y Gilberto cumplen detención domiciliaria en sus hogares, en espera de un juicio que –por realizarse bajo las normas de la Ley de Seguridad Interior del Estado- los expone a una pena de 10 años.

-Con el abogado acordamos pedir la absolución. No cometimos los delitos que nos imputan. Militar en el Movimiento Juvenil MAPU Lautaro no es delito y, si lo fuera, no nos acusan por ello. O demuestran que cometimos delitos, o asumen que estamos presos por nuestras ideas. Es decir, somos presos políticos, concluye convencido Mauricio Rivas

 

Hoy no es posible precisar la cantidad de jóvenes y adolescentes detenidos en recintos penitenciarios y/o del Sename, a la espera de que concluya la investigación, se dicte sentencia en sus casos o concluyan los procesos de apelación. Consultado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) su departamento de comunicaciones admite que 2.500 detenidos a nivel nacional entre octubre 2019 y marzo de 2020 constituye a estas alturas una cifra referencial pues, respondieron a Cambio 21: “El INDH solicitó en abril, a través de oficios, al Ministerio Público y Gendarmería, información oficial sobre el total de las personas detenidas en el contexto de protestas sociales que hoy permanecen en prisión preventiva. Sin embargo, a la fecha no tenemos respuesta, a pesar de reiterar la solicitud en junio”. Por su parte Sename señala que no puede distinguir en sus estadísticas, entre los jóvenes que han ingresado a sus Centros de Internación Provisoria (CIP) cuáles llegan allí por infringir la Ley producto de su participación en las protestas callejeras y cuáles por delitos cometidos fuera de ese contexto.

 

Lo que si sabemos es que tanto los detenidos como sus familiares han vivido experiencias difíciles. En el caso de Mauricio Rivas, Esteban Bustos y Gilberto Mendoza –por ejemplo- permanecieron 10 meses en un centro penitenciario de castigo, La Unidad Especial de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, donde tenían 21 horas diarias de encierro en celdas individuales de 2x 3 metros, ubicadas en pasillos compartidos con la población penal.

 

En la cárcel Santiago Uno, inicialmente los detenidos en las manifestaciones estaban en la Galería 14, pero en la medida que ésta se fue llenando, fueron distribuidos en recintos penales de La Serena, Concepción, y galerías compartidas con delincuentes comunes. Todo ello sin contar con otros recursos para prevenir el contagio del Covid 19 que los que pudieran proporcionarles sus familiares en la visita semanal, según nos informó Gemita Donoso, madre de uno de los detenidos actualmente bajo arresto domiciliario y vocera de la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la revuelta social (OFAPP).

Valeska Mondaca tiene 22 años y cursa tercer año de derecho en la Universidad de Antofagasta. Durante las manifestaciones en esa ciudad se integró al equipo del observatorio de Derechos Humanos que levantó la Agrupación Providencia, antigua entidad de DD.HH en la región. Cuando las manifestaciones derivaron en detenidos y éstos quedaron en prisión preventiva, se sumó a la Agrupación Pampa Libre, que contacta a las familias de los detenidos, sigue los procesos y apoya a los presos.

 

En Antofagasta, señala Valeska, hay 19 detenidos por las protestas callejeras en la cárcel de Nudo Uribe y 3 menores de Edad en el CIT de Sename regional, conocido como Ex Surgan. Entre los adultos detenidos 4 están condenados y todos están junto a la población penal. Por esta causa, un joven de 24 años, detenido en las protestas, fue apuñalado por un reo común y derivado hospital regional en el último período.

 

A cargo de Sename inicialmente había 4 menores de edad: Cristián (15 años), Sergio (16 años), Axel (17 años) y Josué, detenido a los 17 años y que ya cumplió 18. Josué permanece bajo arresto domiciliario actualmente, pues se contagió de Covid 19 y pasó la cuarentena en su casa. Terminada la cuarentena, la Fiscalía solicitó al tribunal que volviera al recinto del Sename, hasta que su madre demostró, certificados médicos en mano, que la evolución de la enfermedad no se había detenido y su hermano estaba contagiado