Foto: Ojeda, de traje negro, gritando contra el general Martínez, que se ve al fondo junto al exministro Jorge Burgos

El excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, lanzó su libro llamado “Un Ejército para todos”, en la Universidad Católica, donde critica duramente lo acontecido durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

Ciper publicó un adelanto del libro, donde dicen que, según escribe Martínez, la publicación tiene como objetivo destacar episodios que “en muchos casos, vulneraron ciertos preceptos morales, individuales e institucionales y principios de responsabilidad militar”.

En la presentación estuvieron presentes y comentaron la publicación los exministros Jorge Burgos (exDC) y Mario Desbordes (RN); sin embargo, este estuvo marcado por un polémico episodio, cuando el teniente coronel del Ejército (R) Jaime Ojeda Torrent, condenado en primera instancia en calidad de cómplice de 15 homicidios en el Caso ‘Caravana de la Muerte’ episodio La Serena y procesado por torturas, decidió interrumpir la actividad.

El ex uniformado fustigó en contra del otrora jefe del Ejército, provocando el repudio de los asistentes, siendo increpado y retirado por la fuerza del lugar.

No es primera vez que Ojeda arremete contra la policía, las autoridades y los medios de comunicación.

En 2018 cuando fuera condenado en primera instancia, acusó al juez Mario Carroza, a quien tildó como «uno de los miembros espirituales» del comunismo, además de encararlo «por su condición comunista» y «maltratos hacia los militares».

Ojeda volvería a generar otras protestas públicas al año siguiente, esta vez, cuando fuera procesado por torturas en gritó reiteradamente al llegar hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones para la notificación, que «la izquierda había ganado».

"Los terroristas de izquierda me están metiendo preso, los terroristas de izquierda ganan aquí y van a ganar cualquier cantidad de millones por habernos procesado", lanzó en su oportunidad Ojeda Torrent, tras ser procesado.

El libro de Martínez

El exjefe del Ejército Ricardo Martínez, hizo una reseña de cómo se gestó esta revisión del actuar del Ejército en los últimos 50 años, tema que -según él- nació en 2018 y lo conversó con todos sus generales «Estas materias fueron discutidas durante 4 días en el Consejo Militar de 2019».

Su principal foco estuvo en el concepto de las órdenes militares y que éstas no pueden estar por sobre la Ley

«Desafortunadamente esto no estuvo presente en la dinámica después del Golpe de Estado de 1973, especialmente en las intervenciones más reprobables de algunos miembros del Ejército durante los primeros años del gobierno militar y en esto la principal responsabilidad recae en quienes ostentaban los más altos cargos, que no pudieron o no quisieron frenar las resoluciones que llevaron a conductas que estaban totalmente reñidas con el actuar eticomilitar, como ha quedado demostrado por todos los antecedentes que se conocen en la actualidad. En el presente existe la convicción que las órdenes militares deben ser legales como requisito sin equanon para su cabal acatamiento».

Martínez, sin decirlo directamente criticó y enjuició duramente al mando militar pos 11 de septiembre, es decir al general Augusto Pinochet y a los demás generales que comandaban a la institución y no actuaron en derecho, por ello dijo :

«En esto no pueden haber dos posiciones: Todos los detenidos, cualesquierea que fueran los delitos que se les imputara tenían derecho a enfrentar los tribunales que establece la Ley, lo que esta definido en el Código de Justicia Militar y que para los efectos eran los Consejos de Guerra y con la misma fuerza afirmo: Los detenidos desaparecidos, a parte del dolor permanente que significa para sus familias sin posibilidad de enterrar a sus deudo by vivir en paz su duelo constituyen uno de los mayores agravios al ethos militar hoy, mañas y siempre», afirmó tajante Martínez.

Cabe remarcar que en el libro se dedica una parte del capítulo IV para hablar sobre la Caravana de la Muerte, donde el general Sergio Arellano Stark y su comitiva pasó por diversas guarniciones del norte y sur del país durante el mes de octubre de 1973 con supuesto fin de “revisar y agilizar [los] procesos” de los presos políticos.

“El general a cargo, que lo hacía en calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército”, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los regimientos en consejos de guerra espurios”, señala la publicación de Martínez.