Habilitado como residencia sanitaria durante la pandemia, el Hotel Alto del Sol Mejillones albergó desde el 25 de abril y por tres meses casos de covid positivos y personas con contactos estrechos.

El contrato  debía ser revisado por la Contraloría, pero hasta hoy el órgano fiscalizador no ha recibido copia del documento. El hotel es del grupo empresarial Korlaet y la esposa del diputado José Miguel Castro (en la foto, RN), Vania Korlaet, integra una sociedad que controla el negocio. 

Por esa razón, el diputado envió el oficio al Minsal y a la Seremi de Salud, consultando si el contrato para utilizar el hotel como residencia sanitaria implicaba alguna vulneración del principio de probidad, debido a su condición de autoridad legislativa.

El contrato involucra un pago para la hotelera de $513 millones, según la denuncia realizada por Ciper.

El  21 de septiembre, el contralor Jorge Bermúdez asistió a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga la “habilitación de inmuebles para la instalación de hospitales de campaña o para hospedaje de enfermos Covid-19 y, en especial, el arrendamiento de Espacio Riesco”. Al comienzo de su exposición dijo sobre el tema de arrendamiento de infraestructura que “tenemos un plan de auditoría que abarca el 100% de las residencias sanitarias, por lo tanto está en todas las regiones. Eso está todavía en ejecución; en algunos casos ya está terminada y pretendemos tener un informe consolidado”.

Según la respuesta que Bermúdez dio a un oficio remitido por la diputada Marcela Hernando, en la arista de las residencias sanitarias  estará también este caso del Hotel Alto del Sol en Mejillones.

Maritza Korlaet, gerenta de Hoteles Alto del Sol, sostuvo que “en relación a la contratación del hotel Alto del Sol, en Mejillones y a la posible acción fiscalizadora de Contraloría, aquello escapa del ámbito de nuestro conocimiento, y entendemos que se centra en la eventual existencia de responsabilidades administrativas”.

La situación ya fue abordada el 25 de abril por el medio El Regionalista, que publicó una nota revelando que el arriendo del espacio, perteneciente a la familia Korlaet, fue realizado por el Ministerio de Salud, a través de la Seremi de la cartera, Rossana Díaz (UDI), quien supervisó personalmente el traslado de las personas junto al intendente Edgar Blanco (RN).

"Se desconocen las condiciones en que fue concretado el acuerdo comercial entre las autoridades de Gobierno y la familia Korlaet. Otro dato que ha llamado la atención es la relación directa del diputado de la alianza de gobierno, José Miguel Castro (RN), con la familia Korlaet, pues está casado con Vania Korlaet", señalaba la crónica hace seis meses el medio regionalista.

Sobre la investigación de la denuncia relacionada con el caso, “el documento aún no ha ingresado formalmente a través de la Oficina General de Partes”, fue la respuesta de la Contraloría a la consulta efectuada por  Ciper Chile.