La Corte Suprema confirmó las condenas en contra de dos ex funcionarios de Carabineros, por el homicidio de José Randolph Segovia, en la foto. El crimen ocurrió en 1985, en plena dictadura, en el sector Rocoto de Talcahuano (actualmente comuna de Hualpén).
Se trata de los exuniformados dos tenientes de carabineros Mauricio Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez.
35 años buscando justicia
Catina, la hermana de José Randolph, no cesó en su búsqueda de justicia durante 35 años. Reveló que muchos le dijeron que desistiera, “me decían que era una lucha contra un elefante blanco. Pero decidí seguir buscando la verdad. Costó mucho, siempre se veía cada vez más lejano. Más aún por todo lo que afectó a mi familia”.
Para entender su dolor, Catina recordó brevemente la historia sobre el homicidio de su hermano. “Él era estudiante de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Había salido de carrete, con un amigo. Al ir a dejarlo, chocaron con una barrera de Carabineros. Al auto se le reventaron las llantas y fue así cómo los Carabineros lo encontraron y lo llevaron a la comisaría”. Sin embargo, el joven se escapó desde el recinto policial.
Añadió que “ahí comenzó una búsqueda. Mis padres recién se habían ido a vivir a Iquique. Estábamos desesperados. Hasta que, a la mañana siguiente, un pescador lo encontró en Rocoto, cerca de la desembocadura del río Biobío, sin vida”.
Lo que le había ocurrido a su hermano, sostuvo Catina, “es digno de una película de terror. Antes de que lo lanzaran al roquerío, a él lo golpearon y torturaron. Además, lo obligaron escribir una carta de suicidio. Es terrible imaginar todo lo que sufrió. Le pegaron hasta que le rompieron órganos internos”.
La mujer y su familia jamás creyeron que José se había quitado la vida e iniciaron el proceso de la búsqueda de la verdad. Más de cinco años después de la muerte de Randolph, sus padres se suicidaron, atormentados por el caso. Desde aquel fatídico día han pasado 35 años. Ahora, la justicia tendrá que dar cumplimiento al fallo y dictar el ingreso de ambos condenados al penal Punta Peuco. Por otro lado, la Corte Suprema mantuvo la indemnización de 240 millones de pesos que el Fisco deberá pagar a la familia de la víctima.