Por Mario López M.

El asesinato de Orlando Letelier dejó en evidencia la “profunda” y falsa irritación de Estados Unidos, y una inédita –y valiente- investigación judicial y una aún más inusual condena. Provocó purgas al interior de los servicios de seguridad y, como corolario, ese homicidio dio origen al hoy muy cuestionado penal de Punta Peuco.

Ya en plena ejecución del golpe de Estado del 73, mientras Allende se atrincheraba en La Moneda con una pequeña escolta de colaboradores, Orlando Letelier del Solar, antes canciller, pero en ese momento ministro de Defensa, se dirigió a su lugar de trabajo, ubicado a metros de la casa de gobierno. Las noticias eran aún contradictorias, pues en aquel momento todavía se dudaba de un golpe que incluyera a todos los miembros de las FFAA. Es más, se esperaba que militares “leales” o que al menos así se habían auto declarado, como Augusto Pinochet, apoyaran al régimen democrático.

Al ingresar al ministerio, fue de inmediato detenido, transformándose en el primer preso tras el golpe. Su privación de libertad duró mucho tiempo. Fue trasladado desde el Regimiento Tacna a la Escuela Militar, ambos lugares donde fue torturado. Ocho meses estuvo encarcelado en la Isla Dawson, en precarias condiciones de salud. Luego fue trasladado a los subterráneos de la Academia de Guerra de la FACH para terminar en el campo de prisioneros de Ritoque, desde donde partió al exilio. No regresaría vivo a Chile.

También detentaría otro triste record en la historia. Sería víctima del primer atentado terrorista perpetrado por un Estado extranjero en suelo estadounidense. Pinochet, consciente del peso internacional y los contactos del excanciller en Norteamérica, decidió eliminarlo. Para ello instruyó a su mano armada, la DINA, que junto a mercenarios cubanos puso fin a la vida del líder socialista en el exilio.

Crimen alevoso

Pocos días antes del atentado Pinochet ya había ordenado quitar la nacionalidad chilena a Letelier, quien enterado de la noticia manifestó que él nunca dejaría de ser chileno, que moriría chileno, así como los traidores seguirían y morirían siendo traidores. No sabía el excanciller que en ese preciso momento se estaba ejecutando su asesinato, el que remecería los cimientos de la dictadura.

El homicidio fue encomendado a Manuel Contreras. Este instruyó a Pedro Espinoza, el segundo al mando de la DINA, que implementara la misión y el 21 de septiembre de 1976 una bomba explotó bajo el auto de Letelier en plena capital norteamericana, cerca de la Casa Blanca, activada a control remoto, y que dio cuenta de la vida de Orlando Letelier, su secretaria, Ronni Moffitt, e hirió gravemente al cónyuge de ella, Michael Moffitt.

Las manos que llevarían adelante el atentado serían las de Michael Townley y Armando Fernández Larios, ambos agentes de la DINA y criminales de un amplio prontuario al servicio de la dictadura. Unos cubanos exiliados participaron de la ejecución efectuada en pleno Washington, lo que terminó irritando al presidente estadounidense, Richard Nixon, quien a partir de esa fecha empezó, por conveniencia, a cerrar algunas vías de financiamiento a la dictadura de Pinochet. Aunque siempre supo del hecho o al menos de quién estaba detrás de él.

La pataleta americana

El 12 de enero de 1989 Estados Unidos invocó el Tratado para la Solución de Controversias entre Estados Unidos y Chile para investigar y evacuar un informe sobre los hechos que rodearon las muertes de Orlando Letelier y de Ronni Moffitt en Washington. Era una advertencia a la dictadura de Pinochet que ya no tendría tanta manga ancha. Más de 100 agentes fueron asignados por EE.UU. en la investigación. Nixon anunció medidas económicas contra el Gobierno de Santiago, se redujo la representación diplomática estadounidense en Chile y varios créditos le fueron denegados a la dictadura.

Los gobiernos de ambos países concordaron en que existía entre los Estados una disputa respecto de la responsabilidad por las muertes de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington. EE.UU. pidió a Chile, en representación de las familias de Letelier y Moffitt, el pago de una compensación sobre la base de que Estados Unidos consideraba a nuestro país como legalmente responsable, bajo el Derecho Internacional, por las muertes y los daños sufridos por Michael Moffitt.

La dictadura, aislada internacionalmente como se encontraba, busco facilitar la normalización de las relaciones con Estados Unidos, efectuando el pago. Además ya había extraditado a Michael Townley, aunque se había denegado para Manuel Contreras y los demás partícipes en el crimen. Fernández Larios, uno de los asesinos, se sumaría más tarde a Townley, entregándose a los norteamericanos. Ambos entraron, ya condenados, al programa de testigos protegidos, no sin antes contar todo lo que sabían acerca de este y otros crímenes amparados por Pinochet.

Nixon se presentó como víctima del atentado, sin embargo sabía más de lo que reconoció.  John Dinges, periodista estadounidense de vasta trayectoria internacional, dijo a Cambio21 acerca de este crimen que “Estados Unidos sabía también lo que ocurría. Los documentos divulgados demuestran la intervención y complicidad de Pinochet, por ejemplo, y en ese caso se demoraron 40 años en darlos a conocer, y eso que estamos hablando de un crimen cometido en EE.UU., el más grave cometido por un gobierno extranjero en ese país hasta ese momento. Se demoraron 40 años en dar a conocer que sabían que Pinochet había dado la orden de matar a Letelier y que había dirigido, personalmente, el encubrimiento frente a su gran aliado, Estados Unidos”.

“El crimen en territorio americano ya era grave –reconoce-, pero además dar una cara falsa frente a su principal aliado, encubriendo la fechoría, ya era demasiado grave. Estados Unidos era el mejor aliado de Pinochet, en ese momento (…) pero lo claro es que cinco gobiernos, cinco presidentes ocultaron por años esa información. Resulta triste (…) pero es claro que sin la intervención de EE.UU. no hubiera sido posible la época negra de la represión en Chile (…) Por qué Kissinger, si ordenó que se advirtiera a los gobiernos que participaron de la Operación Cóndor -dado que EE.UU. supo de los asesinatos fuera de América Latina-, no se hizo. Él ordenó advertirles a los gobiernos involucrados que debían pararlos, y no se entregó esa advertencia. Si ello hubiera sucedido, se habría evitado el asesinato de Orlando Letelier, por ejemplo”, relató a nuestro medio.

El “Supremazo” y la caída del “Mamo”

Desde los inicios de la dictadura la Corte Suprema en Chile fue obsecuente a su poder. Cómplice. Con la vuelta de la democracia, la familia Letelier presentó en 1990 una querella criminal, que tramitó el juez de ese tribunal, Adolfo Bañados. La investigación por primera vez fue acuciosa y terminó con la acusación de Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y de su principal subordinado, el coronel Pedro Espinoza. Las penas fueron irrisorias, a pesar de lo concluyente de las pruebas. Lo relevante es la condena y la abnegada intervención de Bañados.

Era la primera condena que recibía un general. Ratificarla estaba en manos de los jueces Servando Jordán, Hernán Álvarez, Marcos Libedinsky y Eleodoro Ortíz, y del abogado integrante Manuel Daniels. Momento histórico, donde por primera vez se televisaron los alegatos. TVN preparó un programa especial conducido por el hoy senador Alejandro Guillier.

Contreras declaró esa misma noche que no iría a la cárcel. Una serie de recursos judiciales y hasta pruebas de fuerza, atrincherándose en un regimiento del sur del país, solo dilataron el inexorable cumplimiento del fallo. En octubre de 1995, “el Mamo” ingresó a Punta Peuco para cumplir los primeros años de las decenas de condenas que terminó acumulando hasta su muerte en prisión.

Se crea Punta Peuco

El crimen de Letelier también dio lugar a una situación hasta entonces impensada: qué hacer con la cúpula de la DINA, pues aunque la condena recibida por el crimen fue leve, debían cumplir la pena de manera efectiva, con cárcel.  En noviembre de 1993, ya en democracia, las sentencias que se iban sumando alteraban al Ejército.

Uno de los “petitorios” efectuado por Pinochet –todavía con poder militar- a las autoridades democráticas fue la creación de una “cárcel especial” para los uniformados que pudieran ser condenados por la justicia.

Carlos Figueroa, entonces ministro del Interior, fue quien recibió las “inquietudes” del otrora dictador. Contreras fue trasladado a Punta Peuco la madrugada del 21 de octubre de 1995 y continuó allí hasta el año 2001. Aunque recuperó la libertad, más tarde, el 2005 volvió a caer por otras causas, esta vez para no salir más.

Muerto Contreras, Espinoza continúa en Punta Peuco, Townley y Fernández Larios en EE.UU., bajo amparo estatal. Otro de los partícipes de aquella época, el entonces general Héctor Orozco, fiscal militar al cual Espinoza acusó de manipular las declaraciones de los criminales para exculpar a Pinochet, también está en ese penal, justamente con su ex camarada…

La caída de la DINA

La abogada Fabiola Letelier dijo a Cambio21 que “todo lo del asesinato de Orlando fue una operación de inteligencia que se ideó y se planificó en Chile y en la que, por tanto, participaron –en número muy importante– elementos del Ejército y, fundamentalmente, de los servicios de inteligencia –de la DINA–, para llevar a cabo esta acción de terrorismo internacional en Estados Unidos. Faltan muchos por responder”.

Pinochet declaraba el 13 de agosto de 1977 que la DINA se disolvía porque “ha cumplido las funciones que le fueron encomendadas”. De manera lacónica, la dictadura cívico-militar buscaba aplacar el escándalo internacional que se había desencadenado como consecuencia del asesinato de Letelier.

También aprovechaba para cumplir dos objetivos: sacar de escena a un ya incómodo Manuel Contreras, hasta entonces jefe de la DINA, y realizar una “limpieza de fachada” de la propia dictadura. Incluso en el seno del propio gobierno aparecían voces que llamaban a “cuidar la imagen” y, claro, los negocios. Razones sobraban para dictar el Decreto Ley Nº 1878 que sentenciaba el fin de un organismo, mas no de un sistema represivo.

La llegada de Odlanier Mena a cargo del nuevo aparato de coacción, la CNI, generó un importante desmembramiento de los agentes represivos de la DINA, que fueron “desafectados” del naciente organismo y pasaron principalmente a engrosar las filas de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). No se crea que fue un traspaso tranquilo. Por el contrario, pues se trató de una verdadera “depuración”, “incluso con muertos”, como reconociera a Cambio21 Jorgelino Vergara, el “mocito” de Manuel Contreras, quien deambuló entre ambos organismos.

No solo se prohibió la entrada a los recintos de la CNI a los exagentes que aparecieron en una lista de “excluidos”, sino que, además, muchos de los traspasados fueron objeto de sospechas. Terminaba una etapa de crímenes a la luz del día para comenzar una represión igual de feroz y sanguinaria, pero más sofisticada.

La DINA: Mano de hierro de Pinochet

Contreras perdía el poder real, pero mantenía el nivel de terror que en Pinochet creaba el que conociera cada uno de sus actos. Mal que mal se conocían de largo tiempo, 1944, y fue su instructor. La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada en secreto vía el Decreto Ley n.° 521, de junio de 1974, asesinó a 2.279 personas y provocó la desaparición forzada de otras 1.036. Varias decenas de miles sucumbieron a sus torturas y aberraciones.

“Ustedes han sido elegidos entre miles y miles de hombres de las fuerzas armadas para cubrir un lugar de privilegio en la lucha destinada al exterminio total del marxismo (…) En ese ejercicio tendrán carta blanca para cumplir todas las órdenes que se les impartan”, dijo Manuel Contreras al primer destacamento de agentes de la DINA. Se trataba de cerca de mil agentes del Estado, preparados para asesinar, torturar, violar y hacer desaparecer  impunemente.

Su ámbito de acción incluso traspasaba fronteras. El general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert; Bernardo Leighton y su señora, Anita Fresno; Orlando Letelier y su secretaria y miles de compatriotas sintieron el alcance del largo brazo de la represión.

Con el crimen de Letelier se acabó ese poder omnímodo de Contreras y sus secuaces. Mas no el poder de la dictadura y menos su estructura, vigente en muchas instituciones hasta hoy. También siguen impunes cientos de cómplices activos y pasivos.