Por Mario López M.

Unos cuantos sacerdotes expulsados, unos cuantos obispos removidos, la difusión de la lista de curas enjuiciados y la reiterada solicitud de perdón por los crímenes sexuales en contra de niños, se contradice cuando, al más alto nivel del clero nacional, se obstruyen investigaciones y se encubre la verdad.

“Cooperaré con la justicia”, declaró el cardenal Ricardo Ezzati y a reglón seguido guardó silencio sobre los casos de depredación de clérigos a menores que conoce. A su vez, el obispado de Valparaíso logra suspender las pesquisas y pone en cuestión las pruebas obtenidas tras allanamientos.

Cuesta entender el doble estándar de la iglesia en nuestro país. Los 34 obispos van a Roma, presentan sus renuncias, piden perdón por haber encubierto por años los abusos sexuales cometidos contra niños y sin embargo, cuando llega el momento que demuestren con hechos que ese arrepentimiento es sincero, deciden callar y no dar a conocer lo que saben e incluso optan por entorpecer las investigaciones.

(Foto: Ricardo ezzati explicando lo inexplicable al Papa Francisco)

Virtudes públicas, vicios privados

No pasó desapercibido el silencio al que se acogió el cardenal Ezzati al momento de enfrentar a la fiscalía en el carácter de imputado por el encubrimiento de abusos sexuales. Varios recursos postergando la cita por fin llegaban a su fin y se esperaba que su aporte -al menos eso había dicho que haría-, permitiera allegar justicia a las víctimas y castigo a los culpables. Pero no fue así.

Guardar silencio es un derecho que tanto él como cualquier justiciable tiene en nuestro país y no se le puede cuestionar que se haga uso de aquello. Sin embargo, la alta investidura de Ezzati y su relación con el ex canciller en su obispado, Óscar Muñoz, acusado de múltiples abusos sexuales, le ponía en condición de un testigo privilegiado de los hechos y que allanaría el camino del Ministerio Público a desentrañar la verdad. Se guarda silencio para no autoinculparse. Si Ezzati nada malo había hecho, ¿por qué podría inculparse? ¿O será que sí supo de los abusos y no los denunció y. peor aún, los encubrió?

“Cuando Ricardo Ezzati va a la fiscalía y guarda silencio, no hace, sino que ejercer un derecho y eso no le causa ningún perjuicio ni tiene ninguna consecuencia adversa para él en el proceso. Cosa distinta es, que una alta autoridad pública, probablemente debiera dar muchas más explicaciones de sus actos, no al interior del proceso, sino que al conjunto de la comunidad”, señaló el exfiscal Carlos Gajardo.

Amarrando de manos a la justicia

El silencio de Ezzati no fue lo único que le puso trabas a la justicia. En paralelo el obispado de Valparaíso, en una hábil maniobra, so pretexto de la devolución de algunas especies presuntamente mal incautadas por el fiscal Emiliano Arias en el marco justamente de la investigación por abusos sexuales, logró paralizar parcialmente el proceso. Si bien se puede seguir tomando declaraciones, por ahora la fiscalía está inhibida de practicar nuevos allanamientos y puso en dudas la legalidad de las pruebas obtenidas, por lo que existe el riesgo que ellas no se puedan usar en el juicio.

De determinarse en el recurso de protección -cuya orden de no innovar acogió la Corte de Apelaciones de Rancagua-, que el Ministerio Público no cumplió con los resguardos legales al momento de allanar una serie de recintos religiosos en varias regiones del país, tales como avisar 48 horas antes que se iba a practicar la diligencia, paradojalmente la fiscalía se transformaría en la mejor aliada de la impunidad en los abusos de religiosos.

Un abogado de la causa señaló a Cambio21 que la “sobreactuación de (Emiliano) Arias, sus deseos de figurar, lo llevaron a reclamar una competencia judicial que no tiene en esta causa y a extralimitarse en sus atribuciones, ordenando estos allanamientos de modo ilegal y arbitrario, sin cumplir con los requisitos legales”. Serán los tribunales los que determinarán si hubo o no un acto ilegal y arbitrario del Ministerio Público en este caso. Lo cierto, es que ya se declaró incompetente el Tribunal de Garantía de Rancagua en el caso del excanciller del obispado de Santiago, trasladando la causa a la capital -suspendida por la orden de no innovar-. 

(Foto: Obispos Francisco Cox y Bernardino Piñera)

Cruda realidad

Tras la renuncia de los 34 obispos chilenos presentada ante el Papa, por su responsabilidad en el encubrimiento de los abusos sexuales a menores por parte de curas, se han sumado varios otros hechos y nuevas denuncias. El primero, es que Roma se ha tomado todo el tiempo del mundo para aceptar algunas de las dimisiones y mucho más tiempo aún para sancionar a los curas pedófilos. Solo unos cuantos expulsados cuando hay más de 43 sentencias ejecutoriadas que declaran la culpabilidad de sacerdotes en casos de abusos sexuales, es casi un chiste.

¿Cuántos más casos conoce la iglesia y que no ha dado a conocer a la justicia civil? ¿Desde cuándo conoce estos hechos? ¿Por qué, a sabiendas de las denuncias de víctimas o sus familiares, se optó por trasladar a los curas a otras diócesis o colegios, pero siempre se les permitió seguir en contacto con niños? Testimonios que la propia curia católica ha validado, dan cuenta de abusos masivos en los propios seminarios donde se forman los futuros sacerdotes.

Abel Soto Flores, hoy ya adulto, es uno de los denunciantes del ex arzobispo Francisco José Cox por abuso sexual en nuestro país. Cox, fue recientemente defenestrado por el Papa. Él fue quien denunció que el hoy retirado obispo, Bernardino Piñera, tío del Presidente de la República, no solo conocía, sino que presenció y encubrió los delitos cometidos por el religioso. Soto Flores aseguró que “cuando la gente dice ‘¿cómo don Ricardo (Ezzati) no va a saber qué hacen los curas?’ ¡Ellos lo saben! Yo viví con Bernardino Piñera y con Cox en el arzobispado (de La Serena), comía todos los días con él y (Piñera) veía cuando Cox me manoseaba y me daba besos en la boca, delante de él y de la familia que nos atendía. Piñera lo encubrió, lo protegió y permitió que tantos cabros como yo siguieran ese camino”.

La “jaula de las locas”

Paul Endre, un teólogo y exseminarista en La Serena, señaló que “En tiempos de (Francisco José) Cox, nuestro seminario era conocido como ‘La Jaula de las Locas’”, dijo, agregando que “Me consta que Cox tenía sistemas para ‘proveerse’ de jovencitos. Al hermano menor de un amigo le pagaba los estudios, y a otros les daba techo en el arzobispado o con familias amigas. Él siempre se encargaba de subsidiar o hacerse necesario para estos jóvenes, como una forma de generar dependencia”.

“Cox, además, mostraba un claro favoritismo sobre los sacerdotes homosexuales. Los ponía a liderar formaciones, o a cargo del Seminario, les daba puestos en parroquias importantes. Había un tratamiento distinto. Y ellos hacían uso de ese favoritismo: te corrían mano en las confesiones, las caricias duraban un poco más. Me consta que algunos formadores del seminario frecuentaban o derechamente mantenían relaciones con seminaristas”, denunció. ¿Qué hicieron la iglesia y su congregación, Schoenstatt, con Cox? Sacarlo del país, lejos de la mano de la justicia y darle una “pena” de oración.

Sin embargo, Cox siguió en relación con menores de edad y jóvenes, en la ciudad de Vallendar en Alemania, sede central de su congregación Schoenstatt, donde vive desde 2002 cuando fue protegido tras conocerse algunos de los casos que había cometido. La total impunidad lo llevó a cometer nuevos delitos y por ello hoy está denunciado por el superior de su congregación, al haber abusado de un niño en 2004. La justicia canónica y la civil lo investigan. Quienes protegieron a Cox en los ‘90, son cómplices de los nuevos abusos que ha seguido cometiendo más tarde. Recién hoy, el Papa lo sacó del sacedocio, más de 20 años después de que se conocieron los hechos, más de 20 años en los que siguió abusando.

(Foto: Arzobispo Charles Scicluna)

Una cultura de impunidad 

Lo colectivo y abierto de las prácticas pederastas y de abusos, incluso al interior de algunos seminarios, ha llegado a tejer redes hacia los laicos. No hace mucho en Rancagua se descubrió una red de al menos 14 sacerdotes, que participaban de abusos sexuales contra niños y jóvenes, a los que tenían acceso a través de sus templos o colegios. En Chile, de acuerdo al catastro publicado a finales de agosto, hay abiertas 119 investigaciones contra 167 personas relacionadas con la Iglesia que han sido imputadas y se conocen 178 víctimas, 79 de las cuales eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Estos son casos denunciados por los laicos, pues los denunciados por la propia iglesia se cuentan con los dedos de una mano.

Endre, deja entrega un elemento que pone en tela de juicio a las más altas autoridades del clero: “Me consta que luego de que Francisco José Cox se retiró de la vida pastoral, siguió dirigiendo los retiros de algunos de los aspirantes de Schoenstatt, su congregación. Si Cox evitó la justicia fue gracias a sus redes familiares y de poder. Pero también, por lo que sabe. En el clero, el tema de la protección pasa por lo que saben el uno del otro”. Al menos para Cox y el exobispo Órdenes, otro que por años fue escondido de la justicia, esa impunidad -al menos religiosa-, acabó. En la justicia civil, la gran mayoría de sus fechorías se encuentra prescrita, gracias al encubrimiento de la Iglesia. 

Las más de 2.000 páginas en que el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, detalló los casos de abusos sexuales a niños en la Iglesia católica de nuestro país, no solo puso en el tapete a determinadas víctimas o a determinados curas pedófilos, puso sobre la mesa uno de los más graves escándalos que han azotado en el mundo a la religión católica, con miles de víctimas y con situaciones ocurridas por tiempos inmemoriales. No solo eso, también dejó al descubierto cómo operaba el encubrimiento y la impunidad de los acusados.

Por años se habló en Chile de crisis vocacional. Lo que no se decía era que los jóvenes huían de los depredadores sexuales que les acosaban en seminarios y colegios católicos en una práctica bastante generalizada. El ejemplo de los Maristas es aterrador.

Si bien las redes de protección que se desarrollaron al interior de buena parte de la iglesia en el país evitaron que estos casos se conocieran oportunamente, hubo una ostensible baja en el catolicismo local. Según un estudio dado a conocer por Latinobarómetro, quienes se identifican con la religión católica, descendieron, entre 1995 y 2017, del 75 % al 45 % de fieles.

(Foto: Jose A. Murillo y Juan C. Cruz, Víctimas de Karadima)
Del dicho al hecho…

“El ‘nunca más’ a la cultura del abuso, así como el sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse, exige trabajar entre todos para generar una cultura del cuidado que impregne nuestras formas de relacionarnos…”, señala la “carta del Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en Chile”. Lo que aún el Papa no ha entendido, es que no se le puede pedir a los propios responsables de la debacle, que dirijan la reconstrucción. Mientras no se hable con la verdad, se transparenten los hechos, se denuncien a la justicia civil a los responsables, se repare a las víctimas y se expulse a los mercaderes sexuales de los templos y a quienes los encubrieron, la crisis de la Iglesia Católica de Chile, estará recién comenzando.    

Es cosa de ver cómo los hechos han sido más fuertes que las palabras. Lo sabe el propio Papa, quien a regañadientes debió reconocer que se equivocó al exculpar a priori la responsabilidad del ex obispo de Osorno Juan Barros y otros obispos en la red de encubrimiento del ahora defenestrado Fernando Karadima.

Para el Papa Francisco, “Los problemas que hoy se viven dentro de la comunidad eclesial no se solucionan solamente abordando los casos concretos y reduciéndolos a remoción de personas; esto –y lo digo claramente– hay que hacerlo, pero no es suficiente, hay que ir más allá. Sería irresponsable de nuestra parte no ahondar en buscar las raíces y las estructuras que permitieron que estos acontecimientos concretos se sucedieran y perpetuasen”, dijo en una carta enviada a los obispos chilenos.

A pesar de los dichos, los recientes hechos demuestran que esa cultura de abusos, encubrimiento e impunidad, está en pleno desarrollo. No se entiende de otro modo el silencio de Ezzati o los recursos judiciales para entorpecer el procedimiento -con independencia de la responsabilidad por errores propios de la fiscalía en el entuerto-, que interpuso el obispado de Valparaíso, que de paso es uno de los lugares donde más denuncias de abusos sexuales existen y donde varios obispos fueron salpicados con ellas.

José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz, reconocidas víctimas de abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima, denunciaron que la Iglesia Católica pone “trabas” a las investigaciones que realiza la Justicia chilena. Para ellos, la iglesia “se opone al derecho de las víctimas” al entorpecer las diversas investigaciones que se mantienen en curso, señalando como ejemplo el recurso de protección que el obispado de Valparaíso interpuso, para paralizar el caso que tiene como inculpado a Ricardo Ezzati y al cura Raúl Hasbún, en el marco de la investigación al excanciller Óscar Muñoz.

Para Murillo, Hamilton y Cruz, estas acciones de la iglesia, se oponen al llamado del pontífice “a colaborar con la justicia y tener tolerancia cero con el abuso y el encubrimiento. Es incomprensible que, conociendo la actitud de la jerarquía de la Iglesia católica chilena, denunciada por el propio Papa, de tener una cultura de abuso y encubrimiento, la Corte de Rancagua acogiera dicho recurso”, reclamaron las víctimas.