El lunes 18 de marzo concurrí como invitado de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados a exponer sobre el proyecto de Reforma de las AFP. Agradezco públicamente esa invitación y el clima de cordialidad y tolerancia que se vivió en ella, a pesar de las diferencias enormes que se constataron entre la visión del gobierno, representado muy dignamente por la Subsecretaria de Previsión, los representantes de las AFP y los criterios que expusimos los invitados.

 

Comencé mi exposición, afirmando que las élites han fracasado en la representación de los valores e intereses de los chilenos y se han alejado del pueblo. Reconocí los logros alcanzados en materia de democracias y en la superación de la pobreza extrema, pero recalqué el abandono a la clase media chilena. Mencioné el clima de desconfianza existente en el país sobre las élites políticas, religiosas, uniformadas, empresariales y otras y me planteé una interrogante: ¿Podemos tener alguna esperanza en que se recocerá la cruda realidad o seguirán las injusticias marginando a los ciudadanos de las decisiones?

 

Las encuestas, a pesar de la manipulación de muchos medios, muestran un rechazo macizo al sistema de AFP y, hasta la del CEP, ubica el tema de pensiones en el primer lugar de prioridad de los encuestados, junto a la delincuencia. Pero las señales de cambios no son muy alentadoras. La Constitución le otorga al Presidente la iniciativa exclusiva en estas materias, de manera que, si no se produce un cambio en la postura del Presidente, aunque haya mayoría en el Congreso, no hay cambios con este proyecto. Sólo un acuerdo transversal podrá quitarle a esta iniciativa el sello de “Peor de lo mismo”

 

Hay argumentos de sobra para probar que este sistema sólo sirve a los dueños de AFP y es pésimo para los trabajadores. Pero, en mi opinión, no es posible ni deseable, volver a las antiguas cajas o expropiarlas, ya que las condiciones políticas, los tratados de protección de inversiones, y la judicialización impedirían la concreción de esta idea. Tampoco es necesario pagar los costos en exportaciones y económicos, ya que si logramos recuperar el derecho de decidir si me quedó en las AFP o me voy al IPS, no hay nada que objetar, ya que el dinero es nuestro.

 

También es innegable que este engendro fue impuesto en dictadura, pero que ha sido mantenido por todos los gobiernos hasta ahora.   Pero este hecho vergonzoso, no le otorga al sistema la legitimidad auténtica del pueblo, ya que los políticos de todos los sectores, han aprobado su continuidad a pesar de rechazo ciudadano.

 

No me cabe duda que, a la falla de los líderes, se le suma la pasividad de los ciudadanos, y ello ha permitido que este y otros abusos se mantengan. El año 2016 logramos romper la inercia con las marchas pacíficas y reabrir un debate cerrado por la clase política transversal, clausurado poco después sin gloria.

 

En las Isapres, ha habido logros importantes. Un fallo del Tribunal Constitucional el año 2010, redactado por mi amigo Mario Fernández Baeza, aprobado por mayoría, muchas sentencias de los Tribunales de Justicia y el rol de un buen Superintendente de Salud en el gobierno anterior, han permitido impedir más alzas arbitrarias para una parte importante de los afiliados a ellas, pero los que han reclamado son un tercio de los afectados. No se olviden, si les alzan los planes, recurran a los tribunales, las costas las pagan las ISAPRES, con nuestros fondos, claro, pero no hemos logrado modificarlas por ley, debido al peso abusivo de “los pesos”.

 

En el caso de las AFP, no hemos podido hacer lo mismo. A pesar que    las cifras oficiales y los testimonios coinciden: Son un gran negocio para sus dueños y un Gran Engaño para los trabajadores. Por ejemplo, las AFP acumulan recursos nuestros que equivalen al 72% del PIB, es decir, de todo lo que producimos en Chile, en bienes y servicios y lo usan para influir indebidamente en la política, en los medios de comunicación, en las universidades y en la economía.

 

Le entregan nuestros recursos a los Bancos a un costo bajísimo y ellos nos cobran tasas de interés usurarias. Aportan nuestros recursos a empresas que luego se coluden y obtienen ganancias inauditas a costa de nosotros mismos. Las Farmacias, las del papel, las sanitarias, las eléctricas, las de comunicaciones, los supermercados, etc.

 

En un país que necesita más recursos para desarrollar armónicamente las regiones, los dueños de las AFP, actualmente, compañías de seguros estadounidenses, se llevan el 40% de nuestros ahorros para especular en el exterior. Mientras que, en lo que debieran hace bien, pensiones dignas, nos ofrecieron 70% de las últimas remuneraciones y nos y pagan menos del 30%. Cuando dan como excusa el aumento de las expectativas de vida, usan sus propios datos, no los del INE, lograron dejarlo afuera, ni tampoco los de la OCDE. En la Comisión mostré documentos elaborados por las AFP en los que la mentira que propagan es que para el 2020, estaríamos recibiendo una pensión igual al 100% de nuestra última remuneración, con el 60% de densidad de cotizaciones.

 

Recordé a la Comisión que las AFP no pagan IVA, como lo hacen las demás industrias, incluidas las panificadoras y las librerías. Demostré que el artículo 45 bis del DL 3500 permite que nos expropien más de un millón de dólares diarios de nuestros fondos y lo hacen sin informarnos a los afiliados despojados. Sobre esto, ni un desmentido del Presidente de la Asociación de AFP ahí presente. También expliqué que los Bonos de Reconocimiento y “por hijo nacido vivo” se pagan al contado por el Estado y las AFP lo pagan en plazos largos y cobrándonos por ello muy caro. Es legal, afirmaron sus representantes, pero no es justo. Son subsidios escondidos. En el caso del primer Bono, lo hacen efectivo al llegar a la edad legal de jubilación, aunque no nos pensionemos. Perdemos el interés real que paga el Estado y le sumamos el costo que nos cobran.

1.-  Necesidad de dar una solución para los funcionarios públicos antiguos que les cotizaron en los años 80 solo por el 40% de sus remuneraciones reales. Estos se ven especialmente perjudicados, ya que sus Bonos de Reconocimiento se pagan por ese porcentaje, lo que representa una pérdida del 60% del valor de estos.

 

Esta situación es muy injusta, ya que, en 1993, por la ley 19.200, dictada por don Patricio Aylwin, los funcionarios públicos que decidieron quedarse en el ex INP, lograron que el Estado les pagara esa diferencia. ¿Resultado? Un profesor subcotizado que se quedó en el ex INP, gana una pensión del 80% de sus últimas remuneraciones. ¿Contraste? Un profesor, también subcotizado que se cambió a una AFP percibe un 25%. 

 

Los representantes de las AFP reconocieron esto, como lo vienen haciendo hace años y piden un Bono extra administrado por ellas por supuesto ¿Cómo se ha enfrentado este tema por los gobiernos? Han pagado un Bono de desvinculación, financiado por el Estado que se llevan los trabajadores al pensionarse. 

 

Es un paliativo que permite llevarse recursos importantes que permiten sobrevivir con pensiones misérrimas durante unos años. Un ejemplo: Un trabajador que gana $1 millón de pesos, jubila con $300.000. pesos y con indemnizaciones y Bonos se lleva unos 30 millones, Si destina $400 mil al mes para vivir con un 70% de pensión, en 7 años se gasta el total y luego vive, 15 años o más, con la mísera pensión.

 

En cambio, si se va al IPS, por ejemplo, se lleva sus ahorros a esta entidad, no recibe el Bono, pero si la indemnización por años de servicio y gana de por vida una pensión cercana al 70% de sus últimas remuneraciones y sin pagar comisión alguna, como sí cobran las AFP a los pensionados por Retiro Programado.

 

2.-Respecto al Bono por hijo vivo, uno de los representantes de las AFP señaló que sería mejor que el Bono se pagara al nacer el hijo o hija, lo que se acerca a una valiosa propuesta hecha por la Senadora Carolina Goic, la que propuso depositar un Bono de un millón de pesos para los recién nacidos, la” marraqueta bajo el brazo”, que es una idea que podría concretarse, pero en una entidad que no cobre...

 

Defendí nuestra propuesta de extender la Pensión Básica de $107.000, a todos los pensionados civiles actuales y a los futuros. Esta medida se financia con el aporte patronal que debe llegar a igualar al aporte de los trabajadores, de manera gradual, partiendo con un 5% ahora. En la OCDE el aporte es del 18%, trabajadores y empleadores. El propio Presidente ha declarado que el actual 4% propuesto podría ser incrementado. Así es como debe ser, pero, también es deber del Estado, subvencionar a las Pymes en esta materia, porque el impacto para ellas si es sensible.

 

Insistimos en apoyar la creación de un seguro de longevidad, idea que el proyecto recoge de manera limitada y cuyo costo sería cercano al 1% de las remuneraciones, pero permitiría elevar las pensiones entre un 20 y 25%, según expertos pro AFP.

 

El proyecto del gobierno en lo único que es claro es en subir las Pensiones básicas solidarias en $10 mil mensuales, a partir del próximo año. ¿Por qué no este año, si la oposición está dispuesta a darle su respaldo inmediato?

Para la clase media, en el mejor de los casos, el gobierno entregaría un subsidio cercano a los $50.000 mensuales, con muchas limitaciones, a varios años plazo y sin financiamiento expreso. Nuestra propuesta permite entregar $110 mil pesos mensuales a cada pensionado actual y futuro, desde la aprobación de la ley, con financiamiento seguro.

 

Esta propuesta, más la aplicación del seguro de longevidad, pagado con ese aporte, más la eliminación del arbitrario e injustificado cobro del artículo 45 Bis, elevaría las pensiones a cifras superiores al salario mínimo, cercano a los $300 mil pesos. Más de 500.000 personas elevarían sus pensiones   de Retiro Programado más de un 100%. Las pensiones promedias subirían en un porcentaje superior al 50% y los futuros pensionados partirían con una base de $ 110,000 mensuales.

 

Se cumple así una aspiración muy importante: Ni un peso más para las AFP ni para los Gobiernos, este 5%, directo al afiliado, debe ser manejado por el ya existente Fondo de Garantía de Pensiones, que tiene cerca de 10 mil millones de dólares de reservas y se incrementa anualmente en un 0,2 % del PIB. Necesita una modificación legal para que sea administrado por un directorio tripartito con representantes del gobierno, trabajadores y empleadores.

 

Por cierto, algo muy relevante. Esos recursos deben ser invertidos en Chile para que los empresarios creen trabajos decentes, mejorando la calidad de vida en todo el país, con la obligación de respetar las normas laborales, previsionales y medio ambientales.

 

Plan B.  Si el gobierno no recoge las cuestiones más importantes, pedimos a los parlamentarios que nos quieran ayudar, proponer una Reforma Constitucional que nos reconozca claramente nuestro derecho a decidir. Es muy simple, se trata de introducir en el artículo 19, N°18, una frase reconociendo el derecho de las personas a decidir si opta por un ente público o privado. Lo difícil es reunir los dos tercios de parlamentarios que se requiere para aprobarla.