La conversación de José Florentino Fuentes, en la foto, un sargento de Carabineros (r), con otro oficial en retiro, ya fue entregada a la Justicia y servirá para esclarecer algunos hechos de los casos de gravisímas violaciones a los DD.HH. en Neltume y Concepción.

En el audio, el excarcelado de Punta Peuco en 2016 con el beneficio de libertad condicional hace un recorrido de su vida como ex agente de de Carabineros. Él es uno de los autores del asesinato de los profesionales Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero.

El audio fue entregado a la Justicia y servirá para esclarecer algunos hechos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos en Neltume y Concepción, según dió a conocer CNN y Chilevisión y que consideramos de suma importancia para esclarecer crímenes que cometieron "valientes soldados" y carabineros frente a personas indefensas, amarradas o heridas.

El ex preso de Punta Peuco entrega detalles sobre el rol que cumplió en Neltume en la década del ’80, cuando el “Destacamento Toqui Lautaro” del MIR intentó implementar una resistencia armada que fue descubierta por patrullas del Ejército. Tras la detención de algunos integrantes se cometieron una serie de asesinatos que fue posible conocer con información aportada por soldados conscriptos en contra de los funcionarios de planta y oficiales del Ejército.

El mismo Fuentes también relata la participación de Carabineros y asegura que el entonces teniente Cádiz Stewart, que llegaría a general, fue protegido por instrucciones de su padre, general de la institución, para que no participara en las ejecuciones realizadas en el sector precordillerano, donde aún hay campesinos desaparecidos.

La investigación del caso Neltume actualmente se encuentra sumario.

La abogada de DD.HH., Magdalena Garcés, detalla que “con estos antecedentes permite abrir una nueva arista de investigación que tiene que ver con el rol de Carabineros en las ejecuciones de Neltume”. Además, subraya que “si él dice que estaban en guerra, hasta en la guerra existen normas humanitarias. Rematar a un enemigo es un homicidio calificado, con alevosía”.

Caso Ecuatorianos ’73

Esta operación es uno de los episodios en la cobarde "carrera" de Fuentes Castro. Pero mucho antes, el 17 de septiembre de 1973 y también como miembro del Sicar, participó en la detención de dos miembros de la Congregación Bautista, estudiantes de la Universidad de Concepción sin militancia política.

Se trata de los jóvenes ecuatorianos Felipe Campos Carrillo, alumno de ingeniería de 19 años, y Jimmy Torres Villalba, de 23 años, estudiante de kinesiología. Ambos fueron trasladados a la Prefectura de Carabineros de Concepción

La abogada querellante en el Caso Ecuatorianos, Patricia Parra, recuerda que los dos hombres fueron “sacados en una caravana con destino a la desembocadura, donde se les da muerte de forma alevosa“.

Por esta causa rotulada como Caso Ecuatorianos, el único condenado fue el jefe del Sicar de carabineros, coronel Sergio Arévalos Cid, pero con esta prueba, además de identificarse a otros involucrados, por primera vez se confirmaría la orden de hacer desaparecer a los detenidos.

El estudiante de la Universidad de Concepción, Héctor Rodríguez Cárcamo, de 24 años, fue visto por última vez en la misma prefectura. Hoy es un detenido desaparecido al que le sobrevive sólo Gladys Rodríguez, su hermana mayor, quien dice que “no me abandona la idea de encontrar sus huesitos, para aceptar en un 100% que él ya no está“.

En el audio también se escuchan risas en medio de lo que parece una anécdota, pero en realidad es un crudo relato sobre cómo se encontraron los dos cuerpos de los estudiantes ecuatorianos acribillados.

“Una burla”

El ocultamiento de información por parte de quienes participaron en los hechos, es la gran traba de nuestra sociedad para avanzar en la reconstrucción de la verdad. Algo que otros países han logrado superar.

El senador Felipe Harboe (PPD) indicó que “en los tribunales especiales de Ruanda y de la ex Yugoeslavia, la colaboración con la justicia fue un elemento determinante a la hora de rebajar las penas, las condenas, o de conceder beneficios. Aquí la pregunta es por qué nosotros o por qué la justicia debiera concederle beneficios a personas que se han negado sistemáticamente a colaborar con la acción de la justicia”.

En tanto, Manuel Guerrero, hijo del profesor degollado, expresó que “esto es una burla y da razón a los familiares y a los organismos de DD.HH. que hemos denunciado una y otra vez. Para que en Chile no se vuelvan repetir este tipo de crímenes contra cualquiera, sea el gobierno del color que sea, para que estemos a resguardo, el Estado tiene una obligación política, ética y moral por las convenciones internacionales que ha firmado de no repetición de estos crímenes y eso implica hacer justicia”.

Por su parte, la abogada Patricia Parra apuntó que “esto abre una nueva arista, da cuenta de que efectivamente aquí hay más partícipes y el pacto de silencio que se cierne sobre esta causa. Obliga al Estado por las convenciones que ha suscrito a investigar con acuciosidad”.

Finalmente, Juan Sarabia, activista por los Derechos Humanos, indicó que “llama mucho la atención que esta persona alardee de su pasado y reconozca crímenes por los que no ha sido condenado. Esa información podría aclarar muchos crímenes y entregar mucha información para las familias que un siguen buscando a sus detenidas y detenidos desaparecidos”.

Acá parte de su transcripción.