Ancianos de Punta Peuco: La encrucijada de la sociedad chilena

La historia reciente de nuestro país está marcada por las violaciones a los derechos humanos cometidas por quienes eran parte de la dictadura. La justicia ha tardado en llegar para las víctimas y es por eso que hoy vemos entrando al penal de Punta Peuco a ancianos, pero que cargan con crímenes horrendos

Por María Cristina Prudant

Hombres de carne y hueso, que pertenecían a las Fuerzas Armadas y Carabineros, se olvidaron de todo y sacaron lo peor de ellos para cometer los crímenes más alevosos de los que tenga memoria nuestra sociedad. Se sintieron poderosos con un fusil o ametralladora en la mano y respaldados por los militares que mandaban durante la dictadura. No les bastó una bala para deshacerse del “enemigo” tenían que ser acribillados para asegurarse de que estaban bien muertos. Eso, sin antes haberlos torturado con la mayor crueldad que pueda exhibir un ser humano. Así se escribió esa parte de nuestra historia y todavía no hay justicia para miles de chilenos cuyos derechos humanos fueron pasados a llevar.

La búsqueda de justicia

Las familias de las víctimas quedaron marcadas para siempre, pero continúan luchando por saber qué pasó con sus seres queridos. Dónde están. Muchas esposas,  madres y hermanas han muerto esperando justicia. Pero hay quienes se atreven a pedirles que den vuelta la página porque ya pasaron muchos años. Sin embargo, para las familias de las víctimas es una herida abierta.

El presidente de los militares en retiro, Alejo Riquelme  no está de acuerdo con la opinión de los familiares de los detenidos desaparecidos que exigen justicia, agregó que “no sacan nada con vivir del odio y de la venganza” porque así no se van a solucionar nunca los problemas que se vienen arrastrando por más de 40 años.

“Esto sucedió hace tantos años y el tiempo hace que las cosas se vayan atenuando. Además, a la gente que ha sufrido el dolor, los gobiernos de turno le han entregado una serie de indemnizaciones que le han ayudado de manera importante en la parte material a solucionar el problema que le pudo haber quedado. Yo comprendo su dolor, pero esto tiene que terminar, no podemos seguir viviendo así”, destacó

El último tiempo se han removido muchos cimientos de nuestra sociedad sobre todos los más humanos, producto de la situación planteada por los familiares de los uniformados detenidos en Punta Peuco, una cárcel hecha especialmente para ellos donde gozaron de muchos privilegios. Sus familias piden que sean liberados los más ancianos y los enfermos.

Y esto pasa solo en nuestro país porque en otros también hay quienes tienen cuentas pendientes y deben pagar con cárcel. El año pasado Reinhold Hannig, un anciano de 94 años y que en su calidad de sargento de las SS trabajó durante dos años y medio como guardián en el campo de concentración de Auschwitz, fue condenado a una pena de cinco años de cárcel después de ser encontrado culpable de haber sido cómplice en la muerte de más de 170.000 personas en el mayor campo de la muerte construido por el régimen nazi.

La juez Anke Grudda, al justificar la sentencia dijo: “Usted sabía que personas inocentes eran asesinadas en las cámaras de gas”.

La sentencia contra Demjanjuk ayudó a condenar también el año pasado a cuatro años de cárcel a Oskar Gröning, un anciano de 94 años que fue acusado de haber sido cómplice en la eliminación de 300.000 personas en Auschwitz. El juez que condenó a Gröning consideró que el acusado había sido un engranaje pequeño pero efectivo de una “maquinaria asesina”.

El caso de Héctor Orozco

Hace unos días ingresó a dicho penal el general de Ejército (r) Héctor Orozco Sepúlveda, de 92 años, a cumplir condena por un caso de homicidio calificado y secuestro cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Según cercanos, el exdirector de Televisión Nacional durante el régimen militar padece demencia senil y ceguera. 

El general en retiro es hermano del expresidente del club Universidad de Chile, René Orozco, y tío del exjefe de comunicaciones del expresidente Ricardo Lagos, Pablo Orozco.

El mes de septiembre del año 2008 se dictó condena contra el exjefe de la DINE, general (R) Héctor Orozco Sepúlveda, por secuestro calificado de un exsuboficial del Ejército. También tiene otras causas pendientes.

Fue la Corte Suprema la entidad que determinó la condena del exagente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Guillermo Jorquera Gutiérrez, ocurrido a partir del 23 de enero de 1978 en la Región Metropolitana.

 Tomando en consideración que la avanzada edad de Héctor Orozco es uno de los elementos que se resaltan en estos momentos. Conversamos con René Orozco para saber sus impresiones sobre la situación de su hermano.

 “El juicio llevaba bastante tiempo y era una posibilidad real. Lo que me asombra y de forma dolorosa es la forma en que fue sacado de su casa. Lo único que les faltó fue retirarlo desnudo. Una cosa es la justicia y otra son las cosas que suceden, no solo contra mi hermano, sino que contra todos los demás presos ancianos”, dijo el doctor Orozco.

 Sobre la condena a Héctor Orozco, René indica que “siempre debe de existir la justicia, y es algo positivo que se aplique, pero nos parece que cuando es la venganza la que guía no es algo bueno. Personalmente veo que en esta oportunidad lo único que veo es venganza. Porque estamos hablando de una persona que no sabe ni quién es él”, indica.

 “Mi hermano en los últimos años evidenció que padecía una enfermedad muy profunda e intensa. Incluso olvidando hasta su madre. Creemos que se está haciendo justicia con un cuerpo porque el sencillamente no se ha muerto. La justicia tiene que existir, tienen que sancionarse a los criminales que cometieron delitos, más con lo sucedido en el gobierno militar, pero lo de ahora es netamente un problema humanitario. Esto es venganza y no justicia”, concluyó.

 El abogado Nelson Caucoto, quien llevaba la causa en representación de la familia de Guillermo Jorquera, se mostró sorprendido por la noticia: “Pero si esta causa yo la llevé hace más de 5 años, me parece sorprendente que recién ahora se cumpla. La verdad es algo que desconocía”, dijo Caucoto.

 “Yo termino mi trabajo cuando se dicta condena, pero no puedo ir a la casa de las personas y llevarlas personalmente a los recintos penales. Esta es responsabilidad de otros. Pero la verdad es algo que desconocía”.

 Héctor Salazar, abogado de derechos humanos, cree que el doctor Orozco está un poco confundido, por lo que le aconsejó que primero se haga cargo de los hechos por los cuales su hermano fue condenado y que después reclame un trato humanitario debido a la situación actual en la que se encuentra.

“Hay que separar ambas cosas. No se puede decir que lo condenaron por una presunta venganza, lo condenaron porque tiene responsabilidad en algún delito, ahora la forma de cumplir su condena es un tema humanitario. Tengo entendido que algunos han accedido a beneficios penitenciarios y hospitalarios por razones de salud o enfermedades terminales”, declaró el abogado.

Los hechos

El 23 de enero de 1978 el suboficial Jorquera intentó asilarse en la Embajada de Venezuela siendo sorprendido por carabineros que lo entregaron a la DINE. Momento desde el que no se tiene conocimiento de su paradero.

 En 1976 el suboficial fue adscrito por la DINE al Ministerio de Relaciones Exteriores para operar en tareas de inteligencia y control del personal de la Cancillería. Allí Jorquera manejó gran cantidad de información, entre otras cuestiones, sobre la documentación falsa (caso pasaportes) que ese ministerio entregó a agentes DINA que viajaron a Washington para asesinar al exministro de Allende, Orlando Letelier.

 A fines de 1977 se inició el trámite de baja de Jorquera por acontecimientos sucedidos en la Cancillería relacionados con tareas de inteligencia. En esa fecha apareció “suicidado” el director del Departamento Consular de esa cartera, Carlos Osorio, quien participó en el otorgamiento de pasaportes falsos a los agentes Armando Fernández Larios y Michael Townley, con los que viajaron a Paraguay a preparar el atentado a Letelier.

 El día en que trató de asilarse, Jorquera visitó al agente del Comando Conjunto, Otto Trujillo, y le contó su decisión de buscar protección diplomática, porque “estoy seguro de que me van a matar igual que a Osorio”, según declaró Trujillo en el proceso.

 Después de ese día nunca más se supo de Guillermo Jorquera Gutiérrez.

 Autoridades religiosas plantean que la misericordia y el perdón deben primar a la hora de otorgar beneficios para los mayores de 75 años. Agregan que pasar sus últimos días tras las rejas no tiene sentido al no cumplirse el objetivo de la condena.

 El padre Fernando Montes, desde hace tiempo que salió a defender la necesidad de varios condenados por violaciones a los derechos humanos que se encuentran en dicho recinto de recibir “beneficios humanitarios”. “La sociedad tiene que saber castigar a los culpables, saber establecer la verdad, pero no perder jamás la civilización. Y si a mí me preocupan los derechos humanos, tengo que tener una visión universal y tratar de que sea lo más justa y equilibrada posible”, señaló.

 “La vida humana no se repara”

El sociólogo y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Carlos Skewess aborda el tema con una visión bastante pragmática. En su opinión hay dos temas que ver: la libertad y la dignidad. “Es tarea del estado asegurar la dignidad de todas las personas, en ese sentido las necesidades de toda persona merecen la debida atención, el resguardo y el cuidado en función de sus posibilidades. Esto va mucho más allá de los presos, de la tercera edad. Hay mucha gente en el país que no goza de esa protección que en mi opinión la merecen y ahí hay un problema central”.

 “Cuando uno reclama por la dignidad debe hacer un llamado general a dignificar la vida de las personas de la sociedad chilena y no a un grupo selecto de personas que por razones de su historia personal o por su condición social o características personales tengan tratamiento preferencial o especial” manifestó.

 Según el académico “es claro que la penalidad del delito atañe a la naturaleza de este y no a la naturaleza de la persona que comete el delito. Entiendo que a veces pueden haber causas eximientes, pero ya está claro que los delitos que se cometieron, estos atropellos a los derechos humanos fueron cometidos con el pleno discernimiento, los recursos y el apoyo del Estado. Una política muy clara de atropello sistemático a derechos fundamentales. Creo que, efectivamente estas son materias que no caducan  como una serie de otros delitos comunes. La vida humana no se repara, la de un torturado, desaparecido y quienes han cometido ese delito tiene muy claro que lo que ha hecho es irreparable y a lo sumo podrá aspirar a que la sociedad lo condene en consecuencia”.

 “Si al cabo de los años esa persona por efecto de la dad de la salud física o mental, se ve afectada por un deterioro orgánico ahí la sociedad tendrá qu darle los recursos médicos, pero eso no es eximiente de la responsabilidad anterior que es fundamental”.

 En cuanto a cómo sociedad enfrentamos esta situación, el sociólogo, señala que “nos pone en una encrucijada, pero esa es la expresión más clara de la encrucijada en que estamos que tiene que ver con que o queremos una sociedad digna, en la cual quepamos todos, o queremos una sociedad de tratos especiales según sea la condición de origen y por lo tanto, lo único posible es asumir la responsabilidad que tiene que ver el cuidado de las personas, en el contexto de una sociedad como la nuestra, y dentro de ese cuidado está asegurar a todos los chilenos y chilenas, por los próximos cientos de años que vengan que no habrá institución pública que actúe contra ellos atropellando y vulnerando sus derechos humanos y la única forma de asegurar eso es que las penalidades se hayan cumplido tal cual se establecieron”.  

 Comisiones Rettig y Valech

De acuerdo a los informes oficiales, en total, sumando los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos reconocidos por las comisiones Rettig y Valech -sin considerar los exiliados ni las familias de todos los afectados-, el número de víctimas de la dictadura de Pinochet supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.

Para la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD),  la proporción de casos rechazados es "aberrante. Puede haber casos que no cumplen los requisitos, pero que sean casi el 70% del total es absurdo, ilógico", según han señalado