Dentro de la inmensidad de candidatos a diputados que se presentan en los 28 distritos que componen el nuevo sistema proporcional que debuta este año, aparecen aquellos que en el pasado y en el presente han sido protagonistas de actos polémicos.

 

El listado pertenece a Chile Vamos e incluye casos judiciales en desarrollo y otros ya resueltos.

 

Veamos.

 

 

Corría agosto de 2009 cuando en el marco de la investigación judicial de uso irregular de asignaciones parlamentarias se acusó al entonces diputado de Renovación Nacional, René Aedo, de “autoarrendarse” una oficina que utilizaba como sede.

 

Uno de los denunciantes fue Cristián Guzmán, en ese momento concejal de Copiapó, quien señaló a la prensa local que el cirujano era propiedad de “A y B Limitada”, sociedad que estaba formada por el propio Aedo y su esposa Lucinda Benavente.

 

Si bien el dirigente de RN afirmó que la operación se ajustaba a lo legal y que dependía de la Cámara pagar o no el arriendo, en abril de 2010 fue formalizado por el Tribunal de Garantía de Valparaíso por negociación incompatible, delito que contempla penas que van desde los 61 a los 541 días de cárcel.

 

 

Para evitar el juicio, el hoy aspirante al Congreso por el distrito de Copiapó y Vallenar se acogió a una salida alternativa que incluyó el pago de 10 millones pesos, la donación de un millón de pesos a la fundación “Un Techo para Chile” y la firma trimestral ante el Ministerio Público de Caldera.

 

A pesar de este manchón en su carrera, Aedo dice que tiene “cerca de 30 años de trabajo en el área de la salud” y que “faltan médicos en el Parlamento”.

 

“Me gusta el servicio público. De hecho, cada vez me desligo más del sector privado. Hay mucho por hacer y la gente me tiene aprecio y sabe que la zona necesita a alguien con capacidad intelectual y conocimiento”, comentó hace a Cambio21.

 

 

Dentro de la misma causa de 2009, la diputada por Recoleta e Independencia, Claudia Nogueira (UDI), también fue llevada a la justicia por mal uso de asignaciones parlamentarias.

 

En rigor, fueron 28 millones de pesos para pagar asesorías que nunca se realizaron, los que fueron traspasados a una cuenta corriente bipersonal, como consta en la investigación.

 

El hoy fiscal nacional Jorge Abbott estaba a cargo de la fiscalía regional de Valparaíso cuando la congresista logró la salida alternativa del juicio, donde tuvo que devolver 30 millones 238 mil pesos al Estado más 5 millones de pesos adicionales que fueron donados a Un Techo Para Chile.

 

Pero no se trata de la única mala práctica. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente abrió una investigación por un eventual fraude al fisco en lo referido al mal uso de asesorías parlamentarias.

 

 

En calidad de imputada -según informó El Mercurio-, Nogueira declaró el vínculo que sostuvo con la exjefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, quien se autodenunció para esclarecer los hechos y detallar que fue convocada a participar de la empresa Connectiva.

 

Zúñiga, en calidad de socia, emitió tres boletas en 2014 y luego cobró los cheques en la Cámara de Diputados, para después entregar el dinero en efectivo.

 

Resultado: en abril de este año, el Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de Nogueira en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago y la acusó de sustraer dineros fiscales y pagar asesorías que nunca se realizaron por 4 millones 200 mil pesos, monto que permitió cancelar trabajos en terreno que efectuó un grupo de mujeres contratadas para la ocasión, señaló Ahora Noticias de Mega.

 

Cabe recordar que el líbelo incluyó a otros diputados de la UDI que prestaron supuestas asesorías: Juan Antonio Coloma Álamos, Gustavo Hasbún, Javier Hernández, Issa Kort, Javier Macaya e Ignacio Urrutia.

 

Como era de esperar, Nogueira (que se presenta a su tercera reelección) negó haber recibido plata por aquellos servicios, a la vez que se mostró abierta a la revisión de su cuenta corriente durante el período en el que trabajó con Lily Zúñiga.

 

Con el caso en pleno desarrollo, Gonzalo Navarrete, presidente del PPD y candidato a diputado por el mismo distrito que completan Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal y Conchalí, aseguró a este medio que a pesar de los papeles quemados que tiene la parlamentaria existe una red de clientelismo que posee la UDI, lo que hace posible un blindaje a su favor.

 

“Ella lleva mucho tiempo y parte de su tarea es el regalo sistemático y la compra de votos y no la construcción de un tejido social. Eso le permite resultar electa, manera de hacer política que hay que erradicar, porque es una falta de respeto hacia las personas”, reclamó el exalcalde.

 

 

A propósito de Coloma, que es hijo del senador del mismo nombre, se le achaca por las redes sociales que recibió 4,4 millones de la Asociación de Industriales Pesqueros por la entrega de ocho boletas.

 

La denuncia la hizo pública Ciper en marzo pasado, en el marco de la investigación por cohecho y soborno que lleva a cabo el Ministerio Público (“caso Corpesca”), que menciona a importantes empresas del rubro pesquero (Lota Protein, Asipes y Blumar) entregando dinero a congresistas de la UDI y otros partidos por un total de un total 445 millones de pesos.

 

En compañía de Coloma apareció Arturo Squella, diputado gremialista por Quilpué y Villa Alemana, quien emitió seis boletas (dos nulas) para Asipes por 3,3 millones de pesos entre enero y junio de 2009.

 

Squella, que no repostula al cargo por motivos personales, le contestó al citado sitio web que él junto a Coloma y Guillermo Ramírez, exsecretario general de la UDI y candidato a diputado por Las Condes y Peñalolén, que efectuaban “seguimientos legislativos” para Asipes mientras se desempeñaban en la fundación Jaime Guzmán, lo que según este último era algo “normal”.

 

Dato no menor: Ramírez registra seis boletas (una nula) por 3,3 millones de pesos y en 2009 era jefe de gabinete del senador Coloma, en ese instante timonel de la tienda.

 

Leonardo Soto, diputado PS y rival de Coloma en San Bernardo, Melipilla y Talagante, se toma el tema con reserva porque se trata de “faltas a la probidad y financiamiento irregular de campañas que tiene a nuestro sistema político cuestionado” y que está concentrado “en un grupo del 30 o 40% de los parlamentarios, dentro de los cuales hay de derecha y en menor medida de izquierda”.

 

Por lo mismo, “no se pueden anticipar los factores o elementos que van a considerar los electores para poder decidir el voto de las personas, que debiera ser lo más informado posible”.

 

“La coherencia del candidato (Coloma) y su libertad para tomar decisiones podría estar en entredicho por los electores, por ejemplo, cuando se percibe el apoyo que representan las empresas pesqueras. Aspiro que estas materias no pasen inadvertidas por la gente”, destacó a esta crónica.

 

 

Ojo con la situación del diputado Jorge Ulloa (UDI). También recibió dinero desde Asipes, pero por intermedio de la asesora legislativa Leticia Hirane Caro, quien figura -según desglosó Ciper- con cinco boletas (una nula) por 5,5 millones de pesos pagados entre abril y agosto de 2009.

 

Más delicado aún: Ulloa, ferviente admirador de Pinochet y defensor de los reos de Punta Peuco, integra la Comisión de Pesca de la Cámara a pesar de sostener un vínculo societario con una empresa que presta servicios a firmas del rubro pesquero, Cargo Service.

 

 

Respecto a la suculenta boleta, el congresista por Talcahuano declaró que Hirane “ha trabajado en distintos lugares hasta el día de hoy” y “es muy probable que existan esos pagos”, los que “no fueron dineros que llegaran a mi campaña”.

 

El asunto no se detiene ahí. Las empresas Alimentos Marinos y Pesquera Biobío le entregaron en 2009 15 millones de pesos al otrora alcalde designado de Lebu, pero a través de los fondos reservados que permitía el Servel antes de la reforma a la Ley de Financiamiento.

 

Por otro lado, con la Ley de Pesca aprobada, Pesquera Itata le proporcionó 5 millones de pesos en 2013, noticia que publicó El Mercurio en marzo pasado.

 

 

Claudio Eguiluz (RN), presidente regional del Biobío y candidato a diputado por Concepción y Talcahuano, es uno de los involucrados del “caso SQM”.

 

En julio de 2015, el Servicio de Impuestos Internos se querelló en su contra por delitos tributarios relacionados con infracciones a la Ley de Donaciones, acusación que se hizo extensiva a Patricio de Solminihac, Patricio Contesse, Ricardo Ramos (representantes de Soquimich) y Christian Fuentes Castillo, quien entregó a SQM “seis boletas de honorarios falsas por servicios inexistentes” por 120 millones de pesos.

 

La acción posibilitó que la empresa minera rebajara artificiosamente durante los periodos tributarios 2013 y 2014 su renta líquida imponible del Impuesto de Primera Categoría que se declara en el formulario N° 22, según detalló el escrito.

 

Anexamente, se hallaron otras 25 boletas “presumiblemente falsas” emitidas por Eguiluz por 112 millones 500 mil pesos por servicios sin respaldo entre 2011 y 2014, base de la denuncia que estampó el SII hacia la Sociedad Química y Minera de Chile, y entregó otra boleta a la filial SQM Salar, por la que recibió 45 millones de pesos a través de dos de sus empresas.

 

Con estos datos en la mesa, en septiembre del mismo año fue formalizado y acusado de haber recibido más de 570 millones de pesos de parte de SQM, causa que lo dejó con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

 

Por si fuera poco, en junio de 2017, el excore y representante de las sociedades “Consultora KTZ limitada” y “Distribuidora de Maquinarias Limitada” volvió a ser formalizado por el hallazgo de 29 nuevas boletas y facturas falsas a SQM, solicitud fue ingresada en junio por la fiscal Carmen Gloria Segura.

 

 

Cristián Cuevas, candidato a diputado por el distrito 20, nos manifestó que “la decencia y la ética en política debe restituirse”.

 

“Es impresentable que dos postulantes (Eguiluz y Ulloa) que están siendo investigados por el financiamiento ilegal de la actividad tengan la posibilidad de ser electos. El llamado es que los ciudadanos los rechacen, lo mismo que el diputado Enrique van Rysselberghe (UDI), que se vio en una acción de cohecho (2013) a partir de la entrega de cheques a una institución”, alegó.

 

La carta del Frente Amplio dice que “si sus partidos políticos (RN y UDI) quieren avanzar en una sociedad democrática basada en valores y principios, deberían tomar la decisión de no permitirles que lleguen al Parlamento… al parecer, no les interesa la apatía que existe de las mayorías que se niegan a participar en las elecciones”.