Foto Portada: Superintendenta de Casinos de Juegos, Vivien Villagrán y el Fiscal Nacional, Económico Jorge Grunberg

Por Alfredo Peña R.


La que debería ser una industria que aporta regularmente a las arcas fiscales y al Estado, orgullo de las regiones y comunas beneficiarias de ingresos importantes y fundamentales para su desarrollo, generando cada día más y mejores puestos de trabajo que la media nacional y altamente competitiva, se ha transformado en una mancha y en un problema permanente en el desarrollo empresarial del país.

En este momento que usted lee esta crónica hay una investigación por colusión que afecta a las tres empresas más grandes de Chile en el ámbito de los Casinos de Juegos (Dreams-Enjoy-Marina) que representan cerca del 90% del mercado nacional, concentración que disminuye la necesaria y sana competencia que debe existir en toda actividad económica, empañando su imagen por el escándalo de los allanamientos a los inmuebles de sus principales ejecutivos y sin aporte concreto o visible para su mejora, dado su constante y singular interés por participar en el mercado eliminando a la competencia.  

Es más, uno de los grandes operadores de Casinos en Chile, Enjoy, hace menos de un mes anunció que a menos de dos años de terminada la reorganización y reestructuración judicial anterior, informó un nuevo proceso. Esta decisión se basa en su estado financiero actual, los flujos esperados para los próximos meses y la situación de pago para con los acreedores de la Sociedad. O sea en menos de cuatro años, Enjoy, inicia segundo y nuevo proceso de reorganización judicial en medio de una difícil y muy mala situación financiera.

Enjoy y sus graves problemas económicos

En un comunicado emitido el 29 de enero recién pasado, Enjoy señala que la nueva reestructuración judicial "es la mejor alternativa para darle sustentabilidad a la sociedad y crear las nuevas bases para proyectarla adecuadamente hacia el futuro, considerando especialmente el bienestar de sus empleados, clientes, proveedores y acreedores. Esto último, teniendo en cuenta que existen proyectos de crecimiento que no han podido realizarse, principalmente, por las restricciones de liquidez y a la lenta recuperación post pandemia, que tuvo mayores complejidades que las inicialmente previstas”.

Enjoy apuntó al significativo aumento de la inflación que afectó el flujo de caja y al “mercado de valores altamente restringido para buscar fondos adicionales, (lo que) ha hecho que la sociedad haya sufrido una significativa restricción de liquidez, lo que la ha llevado a restringir inversiones, posponer proyectos para mejorar la rentabilidad operacional y mantener una alta carga financiera”, manifestaron.

Enjoy también reconoció que en su casino de Punta del Este -ex Conrad- hubo otros factores que golpearon sus resultados, como el efecto del tipo de cambio que desde el 2021 ha experimentado una apreciación progresiva, aumentando la estructura de costos y gastos.

Ahora buscarán llegar a un acuerdo con sus acreedores para poder reestructurar sus pasivos y activos, de forma que Enjoy pueda cumplir con sus compromisos pendientes, continuar con sus negocios y recuperar su normalidad operacional.

Una industria compleja con un regulador sin dientes ni muelas

Ese y no otro es el estado actual de la industria de Casinos de Juegos en Chile, y a ello se suma, un regulador, la Superintendencia de Casinos de Juegos SCJ) que no ha sido capaz de entender su misión y razón de ser, que ha estado en tela de juicio constante con investigaciónes, incluso, por la propia Cámara de Diputados que constató irregularidades en su actuar tan torpes como permitir préstamos a jugadores en el Casino Rinconada de Los Andes, del grupo Enjoy, lo que no sólo está prohibido por la legislación nacional, sino que, además, es una causal para revocar el permiso de operación (artículo 7 y artículo 31, literal g) de la Ley N°19.995). 

Esta cuestión llevó a la actual Superintendenta, Vivien Villagrán a validar ofertas económicas de la misma empresa (Enjoy) y que según la investigación de la Cámara de Diputados eran inviables de cumplir, inviabilidad que el tiempo ha ido acreditando de la mano de los malos estados financieros del grupo y de su reciente fallido proceso de reorganización. 

Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados: Plantearon varios puntos que no se han cumplido

Hace tres años, una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, aprobó casi por unanimidad (111 votos a favor) el informe de esa comisión que investigó a los Casinos de Juego y el rol que juega la Superintendencia.

Entre sus conclusiones, el grupo parlamentario acusó incumplimiento del rol fiscalizador de la Superintendencia respectiva, detectándose diversas omisiones en su actuar y falta de prolijidad en hacer cumplir las leyes de nuestro ordenamiento jurídico nacional..

En sus conclusiones, el grupo parlamentario sostuvo que “la Superintendencia de Casinos de Juego incumplió su rol fiscalizador” en variadas materias como, por ejemplo, en lo relativo a hacer valer la prohibición legal del otorgamiento, de parte de las entidades que debe supervigilar, de préstamos a los jugadores, como ocurrió en el Casino Rinconada de Los Andes.

Asimismo, se sostiene en el texto que “existe una omisión evidente en el cumplimiento del rol fiscalizador que tiene la Superintendencia con las sociedades operadoras de casinos de juego, específicamente, en cumplir cabalmente con las obligaciones que les impone la Ley 19.995, en materia de fiscalización y sanciones respecto de conductas que están prohibidas en el cuerpo legal, como lo sería el funcionamiento de servicios anexos no autorizados o no permitidos en el ordenamiento jurídico vigente”.

El informe también da cuenta que “existiría una omisión flagrante en la actuación de la superintendenta de Casinos de Juego, no solo por omitir la información referida a los préstamos que realiza Enjoy Gestión Limitada, en pleno conocimiento de la Superintendencia, sino que también por validar ofertas económicas que serían inviables de cumplir”.

En la misma línea, se sostiene que existiría una omisión en el cumplimiento del rol fiscalizador que tiene la Superintendencia con las sociedades operadoras de casinos de juego y, en especial, con la investigación financiera de sus accionistas, como es el caso de Enjoy S.A.

Otro punto observado es que la propia Superintendencia reconoce -o al menos no descarta- que desde el 1 de julio de 2020 y hasta el momento en que ordenó la suspensión inmediata de funcionamiento de la plataforma “EnjoyWin”, “esta actividad operó en los referidos casinos de juego con la opción de compra de “Coins”, que es lo único que explicaría la existencia del contrato suscrito con la empresa Mercado Pago, en el que se establecía la modalidad de operación para la compra de paquetes preestablecidos de coins.

Sobre el tema, se remarca que, siendo una causal de revocación del permiso de operación, “es evidente la gravedad de la conducta desplegada por las sociedades operadoras de propiedad del grupo Enjoy, lo que tendría que haber dado lugar al inicio de un procedimiento sancionatorio y, si se comprobaba que efectivamente se estuvieron desarrollando juegos de azar online, se debió hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público”.

El estado del arte actual

Respecto del deplorable estado actual de la industria y del evidente déficit regulatorio, el Estado de Chile y, principalmente, los tres últimos gobiernos de turno son, también, grandes responsables. 

En efecto, un cambio radical en la legislación que regula la industria, pasando de un sistema de competencia por proyectos, que determinaba ganadores a quienes presentaran las mejores ideas e infraestructura de juego y complementaria de turismo y desarrollo para las regiones, a concursos por simples ofertas económicas en que hasta galpones sin mayor atractivo turístico ni aporte real pueden terminar siendo los adjudicatarios de los permisos de operación, llevó a un estado de necesidad por sobrevivir dadas las millonarias inversiones realizadas por los principales operadores, ante el irrespeto de las condiciones ofertadas de origen por el Estado de Chile, lo que terminó derivando en el escándalo de su colusión, con autodenuncias judiciales de ejecutivos de esta industria. 

Lo anterior tiene al nuevo Fiscal Nacional Económico, el abogado Jorge Grunberg, enfrentado a un problema no menor dada las consecuencias que la eventual formalización de la investigación a cargo de la institución que dirige y las graves consecuencias que puede tener para miles de trabajadores por la posibilidad de perder sus empleos.

Al menos, esto último se estima por muchos como la causa de su cautela y casi inacción no obstante el largo tiempo transcurrido, aunque otros no descartan que debido a su falta de experiencia como directivo y la influencia excesiva de directivos internos y otros factores externos, no obstante existir auto denuncias de ejecutivos de esta industria y, por tanto, claro reconocimiento de los graves hechos que se investigan. En síntesis, no hay definición clara y certera del Fiscal Nacional Económico... 

Otro conflicto, el de Marina del Sol

Un nuevo flanco enfrentó la operadora de casinos de juegos Marina del Sol. El pasado 27 de diciembre de 2023, Pablo Bizama Valencia, técnico operador del control de cámaras presentó ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción una denuncia en contra de la sociedad de Valmar (familia Imschenetzky) y el fondo canadiense Clairvest.

Se trata de otro litigio laboral que suma la empresa, luego que el 5 de marzo de 2023, el exCEO de la compañía, Juan Francisco González, el gerente de personas, Felipe Rivera, y el de administración y finanzas, Patricio Lagos Montero demandaran a la sociedad, acusando haber sido despedidos de manera injustificada y exigiendo millonarias indemnizaciones. Esto en medio de un profundo quiebre en el directorio, entre los socios que se graficó en solicitudes de arbitrajes ante el CAM Santiago, y la investigación por colusión que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
  
En medio de todo este grave desorden, el gobierno decidió impulsar una legislación de última hora para regular el juego online que ingresara en su administración el fallecido exPresidente Sebastián Piñera y en los últimos días de su segundo mandato, donde a juicio de expertos, el rol de la Superintendenta Vivian Villagrán acentúa sus facultades en extremo, disminuyendo las del Consejo Resolutivo del que hoy claramente depende y que preside la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner Herrera.

De acuerdo a la ley aún vigente y que se quiere modificar, favorece con sus normas a los propios regulados, los casinos de juego físico, lo que acentuaría la abismante ya excesiva concentración del sector, vulnerando las normas de libre competencia que aún el Fiscal Nacional Económico parece no percibir. 

Los nuevos actores del juego online, lamentablemente, tampoco han aportado al sector en este debate legislativo que ya lleva dos años, pues se han dedicado de la mano, como ha sido difundido por varios medios de comunicación, principalmente del abogado Carlos Baeza, quien es un reconocido lobbista de grandes empresas de plataformas online como Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin. También se ha dedicado a defender una supuesta legalidad de las operaciones de sus clientes en Chile, en vez de aceptar los fallos de los tribunales de justicia, Corte de Suprema incluida, que han cuestionado categóricamente estas tesis jurídicas.

Lo anterior tiene a dichos operadores de juego online afectados en imagen e investigados, junto al propio abogado Carlos Baeza, en la foto de abajo, en sede penal y  lo peor con un estigma de última hora que ha llevado al gobierno a aprobar en la Cámara de Diputados, precisamente en la legislación que se discute sobre su regulación, normas que restringen su posibilidad de operar en Chile por varios años y que terminarían afectando, incluso, a personajes muy queridos en el país como el ex futbolista Iván Zamorano, rostro de una de las empresas que representa el abogado Baeza. 

El lobby feroz

Según un reportaje de radio Biobío, al abogado Carlos Baeza era normal verlo en los pasillos de la sede del parlamento y en reuniones con parlamentarios. Incluso, en conversación con ese mismo medio, el diputado Marco Antonio Sulantay, lo calificó como el responsable de un “lobby feroz”.

“De verdad es muy incómodo darse cuenta y ver cómo estas plataformas de apuestas dan a conocer toda su artillería, todo su poder. Se está haciendo, desde el minuto uno, lobby muy fuerte en el Congreso para desactivar este tipo de iniciativas. Yo no acepté nunca una reunión por lobby de ninguna de las empresas, ni tampoco de la Ley de Casinos”, espetó.
De acuerdo a registros revisados por Biobío, Baeza anota reuniones con al menos 12 diputados y dos asesores parlamentarios, en el marco de los proyectos de ley para regular dicha industria y, además, para prohibir la publicidad de las plataformas en el deporte.

Registro de lobby de Carlos Baeza en la Cámara:

• Alejandro Bernales (PL), 12 octubre 2022 y 25 julio 2023.
• Gonzalo de la Carrera (Ind.), 19 julio 2023.
• Joaquín Lavín (UDI), 23 marzo y 11 julio 2023.
• Miguel Mellado (RN), 23 mayo 2023.
• Vlado Mirosevic (PL), 20 marzo 2023.
• Frank Sauerbaum (RN), 09 marzo 2023.
• Boris Barrera (PC), 20 enero 2023.
• Magda Cottet, asesora de la diputada Javiera Morales (CS), 26 diciembre 2022.
• Tomás De Rementería (RD), 18 noviembre 2023.
• Rantul Angulo, asesor de Cristián Tapia (Ind-PPD), 18 noviembre 2022.
• Eric Aedo (DC), 18 noviembre 2022.
• Marisela Santibáñez (PC), 20 octubre 2022.
• Andrés Giordano (Ind-FA), 14 de octubre 2022.
• Felipe Camaño (Ind-DC), 07 octubre 2022.
Por si fuera poco, el 17 de enero de 2023 fue recibido por la Comisión de Economía de la Cámara. Allí, sin identificar a los controladores de las empresas que representa, expuso los intereses de éstos en pos de la regulación del mercado.

Fuentes conocedoras de la investigación que desarrolla la fiscal Rossana Folli, apuntan que son escasos los avances para determinar a los dueños de las compañías. La complejidad probablemente radica en que —en su mayoría— corresponden a sociedades anónimas extranjeras que son constituidas en paraísos fiscales.

La denuncia del SII, por ejemplo, apunta sólo a actores que han servido de vínculo para las casas de apuestas con terceros. En esa calidad aparecen Fernando Felicevich (representante de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y un sinnúmero de seleccionados chilenos) y su agencia Vibra, además de TVO Sport SpA y el propio abogado Baeza. Según se comprobó este último —en el marco de la investigación penal— se acogió a su derecho de guardar silencio.

En efecto, cuando detectives de la Brigada de Delitos Económicos intentaron interrogarlo respecto de su relación con las casas de apuestas, el lobbista invocó el secreto profesional como excusa para no revelar detalles de sus clientes. 

Industria en crisis

En suma, una industria en franca crisis, que pudiendo aportar mucho más al desarrollo del país, a las comunas y a las regiones, las que se ven perjudicadas por las regulaciones que el gobierno promueve en materia de juego online al dejar de existir en esta última el impuesto específico que les generan los casinos físicos.

Sin embargo la industria está enredada en investigaciones, desprestigio, cancelación de permisos de operación, no cumplimiento de proyectos ni pago de ofertas económicas, reorganizaciones y riesgos ya sistémicos por mala regulación del Estado de Chile, débil regulador y ausencia de defensa de la libre competencia.

Con todo, el Estado que tiene en la legislación de juego online, en segundo trámite en el Senado, la posibilidad de enmendar el rumbo y reivindicarse, y en caso contrario deberá bajar la cortina, definitivamente, a lo que era un buen desarrollo de negocios y aporte al país, perdiendo muchos más recursos que los que escasamente pretende con aquélla captar.