Por Mario López M.

La degradación del sistema encargado de velar por la igualdad ante la ley llegó a niveles propios de países bananeros. Modificaciones legales para favorecer a determinados poderosos, martingalas procesales para dejar fuera del juicio a querellantes, acuerdos espurios para proteger a unos pocos, hicieron crisis.

No es un caso aislado. Es un proceso de putrefacción que proviene desde el mismo momento en que se instauró la dictadura y persiste, más o menos encubierto, hasta hoy. El “Choclo” Délano no es un “bendecido” por el sistema solo ahora, lo viene siendo desde que se enriqueció a costa de la depredación de las empresas del Estado.

No se trata de otra sentencia que beneficia a los poderosos, económica o políticamente, en nuestro país. Es una que institucionaliza la corrupción como modo de ser que distingue entre chilenos de primera y segunda clase. Para llegar a este estado hubo todo un proceso, desde lo legislativo hasta lo judicial, pasando por la designación de autoridades que fueran las indicadas para hacerlo posible.

Buscando el acomodo

Nadie en su sano juicio podría dudar que en el financiamiento ilegal de la política se constituyera una verdadera asociación ilícita para delinquir. Y lo peor es que se lesionó la fe pública. Empresarios corruptos financiaron ilegalmente a políticos igualmente corruptos que, a cambio de dinero, legislaron o actuaron para ellos a espaldas del pueblo. Nadie duda que se cometieron además delitos de soborno, cohecho, fraudes tributarios y varios otros ilícitos.

Uno a uno se fueron destapando de la mano de los mismos legisladores, funcionarios públicos, fiscales y jueces encargados de garantizar la aplicación de justicia en un sistema democrático. Legisladores adecuaron la sanción en la asociación ilícita de manera que en su pena no superara al delito que la originó, borrando de una plumada su eficacia real. Funcionarios como directores del SII no se querellaron o lo hicieron tardíamente por fraudes tributarios graves y reiterados, permitiendo prescripciones. Fiscales renunciaron a hacer justicia o negociaron con las defensas de los acusados para cambiarles los delitos a otros de menos penalidad. Por último, jueces avalaron lo anterior e institucionalizaron la corrupción.

Para ello fue necesario que todo el aparataje funcionara. Partiendo por el nombramiento de las autoridades que debían ejecutar la conjura. Jueces nombrados por los mismos que iban a ser juzgados por ellos, fiscales nacionales aprobados por los mismos senadores que eran o serían acusados por ellos. Autoridades de Impuestos Internos designados por autoridades que serían investigadas por delitos tributarios y que fueron encargadas justamente de bajarle el perfil al tema, transformando en una simple falta compensable en dinero lo que a cualquier contribuyente de segunda clase hacían y hacen pagar con cárcel.

Recalificaron delitos, obstruyeron la participación al Consejo de Defensa del Estado, les cerraron las puertas a querellantes particulares y todo a la vista y paciencia de un pueblo que solo observa y no reacciona.

Abbott, Gómez y Guerra, los íconos

El actual fiscal nacional, Jorge Abbott, fue electo ha permitido que la impunidad se impusiera en favor de políticos y empresarios corruptos. Puede sonar fuerte decirlo, pero él mismo se encargó de demostrarlo. Desarmó los equipos investigativos de fiscales que habían desnudado el financiamiento ilegal; se reunió con abogados intervinientes en las causas en que estaba inhabilitado por ser familiar de investigados; instruyó a los fiscales que a los políticos vinculados a casos de corrupción se les tratara de manera especial y avaló lo que sus subalternos hicieron para liberar a los acusados de graves ilícitos.

Pablo Gómez paso a paso fue desmantelando la causa SQM, liberó a políticos confesos, se desistió de acciones judiciales en contra de Soquimich que tenían formalizada a la empresa, jamás citó a Julio Ponce Lerou a la presencia judicial para que explicara por qué su empresa había permeado con dinero y dádivas a toda o casi toda la clase política. Al desistirse, de paso le entregó el litio en otro acuerdo espurio y renunció a ejecutar acciones judiciales en contra de boleteros y decenas de políticos que terminaron impunes.

Quizás Manuel Guerra sea el mejor símbolo para acreditar lo dicho. Declaró públicamente que jamás renunciaría a aplicar soborno y cohecho a los dueños de Penta y al ex subsecretario Pablo Wagner, porque ello era contrario a la fe pública. Pero lo hizo, y de manera descarada. Al cambiar la formalización se aseguró que ni el CDE ni los querellantes particulares pudieran oponerse al acuerdo con las defensas de los acusados que terminó liberándolos de penas de 10 años y más solicitadas por la propia fiscalía. Desoyó a la propia unidad anticorrupción del Ministerio Público que se opuso a reformalizar. Antes había liberado al senador Moreira, denegado investigar Exalmar, etc.

La increíble explicación del caso Wagner

Si algo estaba claro para la fiscalía era la actuación del exsubsecretario Pablo Wagner en el delito de cohecho. La propia acusación presentada mostraba cómo fue sobornado y cuáles eran las contraprestaciones: “En relación al proyecto minera Dominga, en el cual tenía intereses la familia de Carlos Délano, el cual tenía pendientes varias instancias ante el Ministerio de Minería, Pedro Ducci, yerno de Délano, y Carlos Délano contactaron a PABLO WAGNER, en su calidad de Subsecretario de Minería, para que les facilitara el avance del proyecto. Así sostuvieron diversas reuniones en dependencias de la Subsecretaria”.

Y las detalla: “El día 9 de julio de 2010, Pedro Ducci y la plana directiva del fondo de inversión Minería Activo fueron a presentar el proyecto Dominga al imputado WAGNER. El 24 de septiembre de 2010, Carlos Délano y Pedro Ducci le informan a WAGNER que la familia Délano, a través de la empresa DUERO, ingresarían a la propiedad de la minera Dominga. El 4 de noviembre de 2011, Pedro Ducci y Carlos Délano Méndez, le exhiben a WAGNER la presentación que realizarían al Ministro de Minería Hernán De Solminiac en un par de días después, solicitándole la opinión de Wagner y que les diera ideas de cómo presentar el proyecto al Ministro de Minería. Wagner les dice que la presentación debe ser menos ingenieril y que le dieran más lógica del contexto en que se encontraba desarrollando el proyecto, de la capacidad de producción que podía tener y del impacto en la zona”.

No solo eso: “Posteriormente, WAGNER consultaba permanentemente con la SEREMI del ramo en la IV Región sobre el avance del proyecto. El 8 de julio de 2010 el imputado WAGNER le comentó a Carlos Lavín que vendrían problemas para las Isapres desde el Tribunal Constitucional, habiendo sido requerido él por el Ministerio de Salud y de la Presidencia, información a la que tuvo acceso por su cargo de Subsecretario. Además, le informó a Lavín que le gustaría comentárselo en persona, a sabiendas de que Lavín se encontraba ligado a Banmédica”.

No hay peor ciego que…

Por último, dice la acusación, “en abril de 2010, a pocos meses de haber asumido el cargo, solicitó al Ministro de Minería Laurence Golborne, que considerara para el cargo de Director de CODELCO a su amigo Carlos Eugenio Lavín, a través del cual estaba haciendo las gestiones para que se le pagara un beneficio económico por parte de empresas PENTA, para lo cual con fecha 19 de abril de 2010 WAGNER remitió el Curriculum de LAVIN al señalado ministro. Dicha designación finalmente no se produjo, pese a las gestiones de Wagner, quien según sus propias palabras, dirigiéndose a Lavín señala: ‘Hice de verdad todo lo que pude’”.

Finalmente, dice la acusación que Guerra pasó por alto que “DÉLANO y LAVÍN se beneficiaban al contar con un alto funcionario de gobierno que estaba siendo remunerado directamente por ellos, lo que les permitía gozar de una posición privilegiada en todos los temas que fueran del ámbito de la competencia del imputado WAGNER”.

Sin embargo el fiscal Guerra dijo que la fiscalía, la misma que redactó la acusación, no tenía antecedentes para mantener la formalización por soborno y cohecho. No mencionó, por ejemplo, los correos electrónicos intercambiados entre Wagner y uno de los controladores del grupo, donde se referían a pagos en dinero por servicios prestados, prueba que involucraba a los empresarios en el delito de soborno. La falacia implicó bajar de 10 años a cuatro años lo que, en la práctica, implica que no pagarán con cárcel.

El juez, si bien “amarrado” por la preminencia del fiscal por sobre el poder del fiscal en la causa penal, avaló el cambio de delito, desechó el cohecho en Wagner y, como se ha dicho, excluyó a las otras partes del juicio. La representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, protestó de manera explícita durante la audiencia: “entonces su Señoría, la Fiscalía, puede hacer lo que se le antoja”. Así no más fue.

Los orígenes de Délano

Eu pasado de Carlos “Choclo” Délano está ligado a denuncias por oscuras y beneficiosas adjudicaciones de empresas del Estado durante la dictadura y a sanciones de tribunales por uso de información privilegiada, entre otras cuestionables conductas. El procedimiento es similar en todas sus operaciones: desarrollo de buenos contactos e información relevante, solo manejada entre unos pocos, los beneficiados. También la emisión de boletas y facturas “de favor”, para rebajar gastos y descontar tributos. “Es que no le gusta pagar impuestos”, dice una fuente cercana al “Choclo”.

El que hubiera instruido (según los dichos de Hugo Bravo López, su brazo derecho en Penta) para que se distribuyera en políticos de la UDI dineros de manera ilegal, no es más que una misma forma de actuar, pues al parecer se utilizó igual procedimiento en el que involucró a su mujer, esto es, entregando dinero respaldado por boletas y facturas por trabajos jamás realizados. 

Carlos Alberto Délano y su “socio permanente” Carlos Eugenio Lavín se conocieron en el antiguo Consorcio Nacional de Seguros (CNS). Penta tiene sus orígenes en la llamada “normalización” del CNS, tras la debacle del grupo Cruzat-Larraín, y con la privatización posterior del ISE.  Tanto el “Choclo” como su partner fueron empleados del grupo  Cruzat-Larraín.

Desde CNS a Penta

Délano y Lavín se asociaron adquiriendo el cinco por ciento del CNS. Lavín fue designado presidente del Consorcio y Délano, director. Al venderse el Consorcio a un banco norteamericano, el Banker Trust, en 1986, ambos incluyeron sus acciones en el paquete de la venta. ¿Su ganancia por la información privilegiada? Cerca de un millón y medio de dólares de la época. Ello les permitió luego financiar la compra de un porcentaje de las acciones de AFP Cuprum, creada por los empleados de Codelco.

El ministro de Hacienda de aquel entonces era Hernán Büchi, (actual socio de Délano en la Universidad del Desarrollo), quien además fue presidente del ISE entre 1985 y 1987 (fecha de su disolución). Ello importa pues en 1989 Délano y Lavín resultaron favorecidos con la privatización del ISE. El Instituto era “la” empresa aseguradora del Estado de Chile, la que adquirieron en cinco millones de dólares, toda una ganga para el valor real de la institución. 

Desde luego esa licitación, bastante poco difundida en la época, dio el vamos al Grupo Penta. Las relaciones nacidas al amparo del ex Grupo Cruzat generaron múltiples negocios con prohombres que hicieron sus riquezas al amparo del Estado y de Pinochet.

Penta se abre más tarde a otras áreas: la salud, negocios inmobiliarios y entre ellos también la educación. En la Universidad del Desarrollo vuelven a encontrarse muchos de ellos: Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Ernesto Silva (padre del expresidente de la UDI) y Hernán Büchi.

Sanciones varias

Más tarde vendrían Banmédica, Isapre Vida Tres, Clínica Santa María, Clínica Dávila, Help, LAN, Bolsa de Comercio de Santiago y el Banco de Chile, entre otras empresas en que Délano aparece ligado. En casi todas los cuestionamientos y líos judiciales han estado presentes.

A fines del año 2000 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) inició uno de los casos más emblemáticos en contra de Consorcio por el mal uso de información privilegiada, acusando entre otros a los “socios permanentes” Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Se les imputó comprar acciones del Banco de Chile luego que Andrónico Luksic les revelara su intención de abandonar la entonces condición de inversionista pasivo que tenía en la entidad bancaria. Las ganancias no fueron menores.

“Conociendo esta situación, los reclamantes compraron acciones por mil millones de pesos el lunes 4 de diciembre del año 2000 a un valor de 50 pesos la unidad, acciones que vendieron el día 14 del mismo mes en 60 pesos cada una”, señalaba la SVS. “Los reclamantes (…) conocieron la intención del grupo Luksic de abandonar su posición de inversionista pasivo del Banco de Chile antes que el mercado, razón que los llevó a comprar acciones del Banco para defender su posición de pacto controlador”, acusó la entidad.

Fue el fundamento que llevó a la Corte Suprema a ratificar por cinco votos a cero la multa aplicada por la Superintendencia en mayo de 2001 a los ex controladores del Banco de Chile por el uso de información privilegiada en la operación que llevó al grupo Luksic a tomar el control de la institución financiera. La multa eso sí, fue un verdadero chiste: 1000 UF para cada uno, reajustadas.