Por Mario López M.

Los actuales altos mandos siguen negando tener antecedentes. Los hechos, declaraciones de subalternos e investigaciones judiciales que demuestran lo contrario, los desmienten.

Es normal que los delincuentes luego de cometer una fechoría, busquen crear una coartada y se pongan de acuerdo acerca de qué dirán si son descubiertos y cómo negarán haber estado en el lugar del crimen o haber participado de él. Lo que no es normal es que instituciones, militares y civiles, incluso algunos que han llegado a ocupar altos cargos públicos enquistándose en  democracia, hayan mantenido hasta hoy un pacto para callar en las violaciones de DDHH.

Incluso desde Punta Peuco exigen un trato benevolente por razones de edad y salud a quienes comandaron o ejecutaron brutales crímenes. Humanitario, dicen, victimizándose. Pero no se repara en que las verdaderas víctimas, aquellas que esperan saber de sus seres queridos, aquellas que sobrevivieron al holocausto en Chile, las abusadas y torturadas, día a día envejecen, enferman, mueren sin justicia y en la mayoría de las veces, en la más absoluta miseria, sin “pensiones por estrés pos traumático” ni en el confort de que gozan sus victimarios, muchos en libertad y sin pagar un solo día sus felonías.

“Negación”

El Ejército ha negado –por enésima vez-, tener “más información” sobre los detenidos desaparecidos o las demás violaciones a los DDHH durante la dictadura.  El propio general Humberto Oviedo se vanaglorió en Linares, asegurando que  “El Ejército ha sido el más importante colaborador con los tribunales. (…) Con mucho orgullo podemos decir que no tenemos ningún requerimiento pendiente de parte de los ministros en visita de las causas que se llevan en cuanto a derechos humanos”, dijo, al paso que afirmó que “no hay ninguna restricción de entrega de información que el Ejército dispone y eso se puede acreditar en todos los procesos que hoy se llevan adelante”.

“Hay que creer lo que dicen (…) si el general Oviedo señala que la institución no tiene información, hay que creerle”, dijo por su parte el ministro Mario Fernández, reafirmando la excusa de Oviedo bajo la nueva teoría “generacional” respecto de las responsabilidades materiales y de mando de los actuales altos jefes institucionales:  “El general Oviedo señaló que el año 73 él era estudiante de primero medio, entendiendo por tal que hay otras generaciones a cargo de las instituciones (…) y hay que creerle que no tiene información”, insistió Fernández. Los titulares de Justicia y Defensa también avalan aquello.

Es cierto que Oviedo y los otros comandantes pudieron no ser coetáneos en responsabilidades institucionales con el inicio de la dictadura, incluso puede concederse que ellos mismos no hayan tenido participación en hechos de violencia, pero esa no es la cuestión que les demandan las víctimas y la historia. Lo que se pide, se exige, es que se entreguen todos los antecedentes de que disponen las FFAA acerca del destino de los más de mil desaparecidos cuyos cuerpos aún no se recuperan, sobre qué aconteció con ellos, quiénes fueron los responsables de las órdenes y quienes las ejecutaron.

Misma demanda que existe sobre la conciencia de los civiles, aquellos que difundieron y avalaron groseras mentiras que buscaban ocultar lo sucedido con la violenta represión en el país, incluso algunos de los cuales siguieron y siguen participando tras la dictadura en la vida política chilena, enquistados hasta en el propio Parlamento.

La urgencia de verdad

Desde Punta Peuco exigen un trato benevolente por razones de edad y salud. Humanitario, dicen. Los criminales y perpetradores –militares o civiles–, envejecen o mueren sin responder por sus crímenes y sin entregar la información individual e institucional de que disponen. Los que detuvieron saben dónde los llevaron y a quiénes se los entregaron. Los custodios saben qué se hizo con cada uno de ellos y a quiénes se los entregaron para ser ejecutados. Los asesinos saben a quiénes mataron. Los que los enterraron e hicieron desaparecer conocen los lugares donde están.

El último hallazgo sustancial de restos data de 2006. No existen datos emanados desde las FFAA como instituciones responsables de los actos genocidas que hayan permitido dar con cuerpos o información relevante para conocer su destino real. La única vez que se refirieron al tema, en un cara a cara con las víctimas sobrevivientes, la Mesa de Diálogo, no entregaron un solo cuerpo, solo dijeron que los habían lanzado al mar, lo que al poco tiempo fue desmentido al encontrarse algunos de esos mismos restos al interior de un regimiento.

Es verdad que existen límites objetivos que dificultan el encontrar cuerpos. Está por una parte acreditado que algunos de ellos efectivamente fueron lanzados al mar. El dramático caso de Marta Ugarte lo dejó en evidencia. También se sabe que muchos de los cuerpos, fueron removidos desde los lugares en que los ocultaron primitivamente tras ser asesinados, luego del descubrimiento de los primeros restos en Lonquén, en 1978, a partir de lo cual la dictadura ordenó la operación “retiro de televisores”. Los que los removieron no saben necesariamente quiénes eran las víctimas, pero sí conocen desde dónde y hasta dónde los trasladaron. Todo aporta en búsqueda de la urgente verdad.

¡Entreguen los datos!

Carmen Frei, exsenadora e hija del asesinado Presidente Eduardo Frei Montalva, señaló a cambio21 que el Ejército ciertamente ha ocultado información sustancial sobre los crímenes que se ejecutaron en la dictadura y que aún continúan con su pacto de silencio frente a los delitos de lesa humanidad: “tuvieron fichado y microfilmados cada paso que dio el Presidente Eduardo Frei Montalva, y de cientos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”, dijo.

Ello consta de diversas investigaciones judiciales, asegura: “se puede demostrar con certeza y con antecedentes judiciales que se oculta información. Que solamente la conciencia de algunos ex conscriptos nos va a permitir llegar a la verdad, porque los altos mandos de ayer y hoy ocultan la información”, afirma Carmen Frei. “Mientras quede una sola familia que siga sin saber qué pasó con sus con sus familiares, es nuestro deber seguir exigiendo justicia (…) Hay testimonios de cientos de familias que sufren y necesitan saber la verdad. Ellos no reflejan ni odio ni venganza, solo quieren verdad. Este dolor es muy grande, no se puede seguir aguantando”, dijo.

Carmen Frei sabe qué se siente frente a esta denegación de verdad sobre lo sucedido a su padre: “Es inverosímil que hoy el Ejército diga que no tiene esa información. Todo eso fue microfilmado. Esos documentos, al menos hasta 2006, estaban ahí. Es necesaria la verdad y la justicia, pero se requiere voluntad”, dijo. Y los hechos avalan sus dichos, pues diversos testimonios de militares confirman que el Ejército mantuvo en bóvedas subterráneas de la DINE archivos con cientos de miles de documentos microfilmados con información de operaciones secretas en dictadura.

Los porfiados hechos

Más allá de que los actuales mandos nieguen que las FFAA conozcan información, han sido integrantes de las propias instituciones o exagentes de seguridad quienes han desmentido esa presunta ignorancia. Es más, han denunciado pactos de silencio y hasta amenazas. Después que Oviedo negara que el Ejército pudiera conocer antecedentes acerca del destino de personas desaparecidas por la dictadura, un ex agente, desde Punta Peuco dijo lo contrario. El asesino de Tucapel Jiménez, Carlos Herrera Jiménez, apuntó a las instituciones y a los “cómplices pasivos” por la impunidad: “Ahí está la información”, dijo.

Para Herrera Jiménez, la falta de información en las causas de DD.HH., debe buscarse en las FFAA y en quienes fueron cómplices pasivos, que no están en Punta Peuco: “Cuando el ex Presidente Sebastián Piñera habló de cómplices pasivos, estoy de acuerdo con que hubo cómplices pasivos y que al día de hoy no han respondido. En el ámbito penal se debe determinar la participación y la responsabilidad de las personas en los hechos. Y cuando hay abogados querellantes que hablan que las instituciones tienen un grado de responsabilidad o tienen información, yo estoy de acuerdo con ello”, dijo.

Igualmente desmintió al ministro de Defensa y al comandante en jefe del Ejército, que dicen que se ha entregado toda la información: “(…) eso no es así (…) Yo creo que las instituciones tienen algo que decir, probablemente no sea dónde hay detenidos desaparecidos. Eso creo yo y lo afirmo… no tienen por qué saberlo. Pero las instituciones, y no me refiero sólo al Ejército, sino que a las cuatro instituciones de la Defensa Nacional, les falta dar algún tipo de información. No han dicho, por ejemplo, quiénes son los mandos que tienen algún grado de responsabilidad. Hay registros de los procedimientos, tienen que estar”, aseguró.

El "mocito" de Manuel Contreras. Jorgelino Vergara

La verdad a gotas

Resulta inconcebible pensar que los organismos de seguridad de la dictadura solo dependían de Pinochet. Ministros, subsecretarios e incluso embajadores tenían estrictos protocolos de relación con la Dina, CNI, Comando Conjunto, Sifa, Dicomcar y otros órganos represivos cuyas estructuras eran rigurosamente jerarquizadas. Documentos que gota a gota han ido apareciendo, dan cuenta de ello. Cada paso que se dio estaba documentado. Fichas descubiertas en Colonia Dignidad, entre muchos otros antecedentes, lo testimonian.

Existían códigos predeterminados para cada acción represiva y ello se constata al analizar las declaraciones de exagentes represores que reconocen los términos que usaban institucionalmente para determinar, por ejemplo, el destino de los detenidos:  “La Moneda” significaba entierro en fosa clandestina y “Puerto Montt”, lanzamiento al mar. No eran los únicos. También los hubo para determinar el modo de exterminio o destrucción de cuerpos, como los dinamitados

¿Nadie controlaba los gastos que ocasionaban los miles de detenidos y cientos de agentes sumados a las decenas de centros secretos de reclusión,  tortura y exterminio? Los aumentos de prisioneros y las “bajas” de ellos debían ser documentados para rendir cuentas. “Nos asignaban ítem de gastos”, reconoció Jorgelino Vergara, “el mocito” de Manuel Contreras, en exclusiva a Cambio21. ¿Cómo se financió a Londres 38, José Domingo Cañas, Simón Bolívar,  Villa Grimaldi, la Venda Sexy o al Cuartel Borgoño de la CNI, por ejemplo?

Los pactos de silencio ¡existen!

Los códigos de silencio o pactos a que se obligaba a los agentes, se encuentran absolutamente documentados. Bastan solo tres ejemplos. Por un lado las declaraciones de los conscriptos Fernando Guzmán y Pedro Franco en el caso “quemados”, que dan cuenta de las presiones sobre las patrullas que participaron de los hechos por parte de la propia fiscalía militar así como de una reunión al interior del Regimiento Los Libertadores con el entonces general  Santiago Sinclair, en que este les aseguró que “nada les iba a pasar” y que si algo salía mal, él y su comandante (Pinochet), darían un segundo 11 de septiembre.

El ex subprefecto de Investigaciones, Eugenio Fieldhouse, declaró que se les obligaba a los integrantes de los servicios de seguridad firmar un pacto de silencio. En el se “comprometía a no entregar ningún tipo de información respecto a lo que viéramos o escucháramos en DINA (…) y de no cumplirlo sería estimado como una traición, y que la sanción en caso de no cumplirlo sería la muerte”, confesó. Ello es coincidente con los declarado por “el mocito” a Cambio21: “estaba cumpliendo el ‘contrato’ que debí firmar al ingresar a la DINA, que era tenía un anexo que me ordenaba guardar silencio sobre todo lo que yo viera que sucedía. Todos debíamos firmarlo, era una especie de juramento a la Bandera”, dijo.

También está el testimonio judicial del teniente (r) de carabineros, Alberto Fernández Michell, que señala: “Entre los años 1980-1981, debí prestar declaraciones en la comuna de Laja ante el Ministro en Visita Sr. Martínez, a quien no le aporté muchos antecedentes ya que antes de prestar declaración, recibí la visita de funcionarios del Servicio de Inteligencia de Carabineros, quienes señalaron lo que tenía que declarar, situación de similar características para los funcionarios que declararon”. También da cuenta que por teléfono un mayor “Solari”, le ordenó mentir en el caso de los asesinados de Laja.

“O callábamos o nos asesinaban”

Y si no había pactos de silencio, ¿por qué mataron a quienes quisieron romperlos? como el crimen del químico DINA Eugenio Berríos, a quien primero ocultaron en Chile para que no declarara y contara lo que sabía ya que estaba citado a la presencia de tribunales, entre otros por el caso Frei. Luego lo trasladaron a  Uruguay donde trató de escapar y lo asesinaron para que guardara silencio.

El agente DINA Manuel Leyton, “fue detenido por carabineros por el robo de un vehículo que se usaba en la DINA para operaciones y les dijo que era de este organismo secreto, que había sido ordenado el robo por sus superiores y habló demás. Cuando Contreras se enteró, mandó tres buses repletos de funcionarios de seguridad y logró que le entregaran a Leyton. Contreras ordenó asesinarlo. Antes lo llevaron en muy malas condiciones al cuartel Simón Bolívar, lo arrastraban dos agentes. A Mario Segundo (la chapa de Leyton) lo tendieron en la que había sido mi cama de soltero, se veía mal, después no lo vi más, lo sacaron y se lo llevaron. Fue asesinado. Eso pasó justamente por romper el ‘pacto de silencio’, por comentar o divulgar cosas que sucedían dentro del cuartel”, dijo a Cambio21 “el mocito”.