Por Mario López M.

Mujeres Mapuche golpeadas y vejadas por vender en la calle, un exparlamentario agredido en una universidad, discursos xenófobos, homofóbicos e incitadores al odio, una muchacha asesinada y mutilada por su hermano, un trabajador haitiano vejado por un cliente molesto y una brutal ausencia de tolerancia, dan un toque de alerta: algo en nuestra sociedad está en crisis.

Para algunos se trata de violencia política, aquella que creímos desterrada tras más de 40 años desde el genocidio que por casi dos décadas azotó a nuestro país. Para otros se trata de violencia no institucional, la delictual, aquella que da cuenta que al menos uno de cada ocho chilenos la ha experimentado en persona y a la que los canales de televisión le dedican de manera casi religiosa sus primeros minutos de noticiarios y buena parte de la prensa sus titulares.

También está esa otra violencia, la verbal, la que descalifica y busca crear brechas entre amigos y enemigos, buenos y malos, la que estigmatiza a pueblos enteros acusándolos de terroristas, que invisibiliza a minorías sexuales o étnicas y que, en definitiva, es caldo de cultivo al extremismo. No puede quedar al margen otra expresión de violencia, aquella que no se traduce en un golpe o en un insulto material sino que está anclada en el día a día y pareciera ser parte del paisaje, que la ignoramos de tanto verla, pero está allí y mata más que la otra. Se trata de los abusos, la desigualdad de oportunidades, de resultados, de ingresos, de género, en fin, una disparidad brutal que causa a su vez un germen de más violencia.

Miradas así las cosas, pareciera que es evidente concluir que Chile es un país violento.  ¿Pero es tan así?

Energúmenos

Cuando los medios nos muestran las marchas estudiantiles o las que piden el término de las AFP o las que reclaman por la depredación de nuestro medio ambiente, el énfasis noticioso está siempre enfocado en los disturbios generados y los enfrentamientos de encapuchados con la autoridad.

Batucadas, familias enteras marchando, jóvenes y viejos con esperanzas de lograr gratuidad y calidad en su educación, pensiones dignas o congeniar desarrollo con protección al medioambiente, no importan, pareciera que de pronto niños, jóvenes, mujeres y viejos se transforman por arte de magia en energúmenos que destruyen todo a su paso. Treinta encapuchados invisibilizan a cientos de miles de manifestantes pacíficos.

Atentados en el sur producto de la acción maliciosa de pequeños grupos cuya autoría no es prístina, sobre todo después de acreditarse el uso de pruebas falsas por parte de sectores de inteligencia policial, transformaron a un pueblo en terrorista y justificaron una violencia institucional en su contra que se tradujo en allanamientos masivos, represión y hasta crímenes.

No faltaron los candidatos presidenciales de derecha que vociferaron llamados a llenar las calles de militares o derechamente reprimir a balazos a los Mapuche. Incluso el gobierno actual, como una de las primeras “obras” de su periodo, endurece la Ley Antiterrorista poniendo el énfasis en la represión. El senador DC Francisco Huenchumilla dijo a Cambio21 que “El Estado no ha sabido encarar la situación que se vive en La Araucanía porque entregar a los tribunales la solución de un problema político es el peor error que hemos cometido en 20 años (…). Seguimos con violencia, siguen los delitos, no hay responsables y los Gobiernos no han entendido que el camino es la negociación, el diálogo político para salir de la situación en que nos encontramos”.

Un incidente aislado generado por una minoría contra otra, igual de intransigente y violenta en un campus universitario, ha sido usado por autoridades de gobierno para afirmar, sin ningún desparpajo, que sectores de la izquierda y el Frente Amplio son “cómplices” de la violencia por no apoyar un proyecto que condenaba la agresión a José Antonio Kast sin que siquiera fuera discutido o analizado por la Cámara. Peligroso, lo considera el diputado Giorgio Jackson: “son aseveraciones sumamente graves (…) que, en este caso, no se condicen con la realidad”, dijo.

Extrapolar

No estamos “secuestrados” por el vandalismo, aunque existen focos puntuales, asociados a tráfico de drogas, que generan riesgo en la población. Lo anterior  conlleva a algunos a discriminar a poblaciones, comuna e incluso regiones enteras, como “Puente Asalto” o “Antofalopa”, por ejemplo. Según el Institute for Economics & Peace que mide la seguridad y conflictividad en 161 países del mundo, en su ranking 2017,  entre los países de Latinoamérica Chile ocupa el primer lugar como el más pacífico de la región y el puesto 24 entre los más pacíficos del mundo.

Sin embargo un video que da cuenta que un extranjero arrebata un bolso a una mujer en la calle o que asalta a un transeúnte mientras este habla con una prostituta en una noche en Coquimbo, lleva a políticos y parte de la prensa a generalizar en todos los extranjeros la presencia de hechos delictuales. Una discriminación sin fundamento, a la luz de los datos duros que emanan del Ministerio Público, los que acreditan que menos del 1% de ellos han cometido delitos en nuestro país, muy por debajo del actuar delictivo de nuestros propios connacionales.

Sin embargo la “presión” social conllevó,  tras la exhibición de una grabación sobre la llegada de migrantes supuestamente organizados por presuntas mafias internacionales y destacado hasta el hartazgo por la prensa, a la policía civil a expulsar a decenas de ellos imputándoles incumplimientos genéricos a las ordenanzas de extranjería, lo que más tarde desecharía una sentencia de la Corte Suprema que consideró ilegal y arbitrario tal acto administrativo.

A un trabajador haitiano que fue agredido en su trabajo en Santa Cruz, un consumidor le lanzó un completo a la cara por no haber palta en el dispensario del local.  Varios ataques a personas extranjeras se han repetido en los últimos meses. Al respecto el Senador PS Juan Pablo Letelier, señaló a Cambio21 que “como sociedad debemos ser tolerantes con quienes vienen a nuestro país en busca de mejores condiciones de vida. Si bien es cierto que Chile requiere con urgencia una modificación a la Ley de Migraciones, no por ello nos vamos a transformar en un país xenófobo o racista. Chile siempre se ha caracterizado a través de su historia por brindar apoyo a quienes lo necesitan y debemos mantener esa tradición solidaria, no debemos dejar que la xenofobia se tome nuestras calles”, dijo.

La diputada comunista Carmen Hertz, dijo a Cambio21 que “la situación de ser Chile hoy uno de los países con la mayor desigualdad social, unido por un lado a una dictadura brutal, que practicó el exterminio durante 17 años,  y si a eso le sumamos décadas de intentos de impunidad y olvido y no de construcción de memoria respecto a esos crímenes, termina generándose en un país extremadamente violento con una sociedad insatisfecha en que la mayoría de la gente es la que sufre la desigualdad frente a una minoría que disfruta de los índices de crecimiento económicos”.

¿País violento o enfermo?

Basta ver los estudios de organismos nacionales e internacionales serios que acreditan que nuestro país posee una de las tasas de depresión más altas del mundo. Al menos dos de cada diez chilenos han presentado síntomas como para provocar algún grado de incapacidad funcional. Qué decir de estadísticas acerca de violencia intrafamiliar, abusos sexuales a menores o suicidio en niños y adolescentes, que muestran alarmantes cifras y que van en aumento. Según datos de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, la cifra de mujeres que declara haber vivido violencia sicológica el último año, pasa de un 16,8% a un 20,2%.

Teresa Valdés Echenique, socióloga de la Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencias Sociales, señala a Cambio21, que “es cosa de mirar las estadísticas del Ministerio del Interior, en que existe muchísima violencia intrafamiliar y la mayor parte en contra de la mujer. Las denuncias bordean en nuestro país los 130 mil casos al año, lo que es un nivel muy alto. Se estima, que durante la vida de una mujer, una de cada 4 mujeres que ha estado en pareja vive situaciones de violencia,  luego los casos de agresividad en Chile son bastante altos”, señala.

Senda entrega datos alarmantes en materia de consumo de alcohol, tal como lo dijo su director, el médico Patricio Bustos, a Cambio21. Chile es quizás el país del mundo donde el consumo de alcohol parte más tempranamente en los colegios, donde dos de cada tres escolares entre 8° básico y 4° medio que bebieron alcohol en el último mes tuvieron al menos un episodio de embriaguez. Cepal por su parte reveló que Chile posee bajos niveles de violencia en el aula en comparación con Latinoamérica pero es el más afectado en el rendimiento debido a su percepción del bullying.

Y si hablamos de marginalidad y abusos, una de las vivencias más traumáticas que hemos conocido de niños se produce justamente en organismos que debían protegerlos, como el Sename. Nuestras cárceles, abarrotadas e incapaces de cumplir su fin de reinserción social, son caldo de cultivo de abusos, más crímenes y resentimiento social. “En Chile lamentablemente se encarcela la pobreza”, dijo la hermana Nelly León, Capellana de la cárcel de mujeres durante la visita del papa a nuestro país. Efectivamente, cerca del 87% de las personas privadas de libertad no terminaron 4° medio.

Pero no es la pobreza en sí sinónimo de violencia, sino que “la falta de acceso a oportunidades, especialmente en contextos urbanos, lo que produce la violencia, la frustración o la desigualdad generan violencia y esta, a su vez, perpetúa las condiciones de pobreza… La violencia no es el resultado de la pobreza sino una causa”, señala Rafael Moyano, Licenciado en Pedagogía social y terapéutica de la Universidad Complutense de Madrid.

La verdadera violencia

Un estudio acerca de políticas públicas del Instituto de Sociología  de la Universidad Católica asevera que “la violencia social (la ejercida por grupos o segmentos de la población en defensa de sus intereses), tiene una fuerte gradiente socioeconómica”. También asegura que “la justificación de la violencia tiene un componente ideológico: la derecha tolera más la violencia estatal y menos la violencia social, y viceversa, la izquierda acepta mejor la violencia social y rechaza la estatal”.

Aquellos derechos sociales de que gozaba en buena parte la población: educación gratis y que cada vez ampliaba más su acceso a ella; salud con énfasis en lo social y en los más desprotegidos; viviendas dignas y al alcance de la gente; una previsión apoyada en la solidaridad  y una creciente organización de los cuerpos medios de la sociedad, de pronto se vieron enfrentados a la existencia de un “Estado subsidiario”, que entregó a los privados justamente esas mismas áreas y donde el Estado solo puede intervenir cuando a los privados no les importa o derechamente lo hacen mal. El Estado en nuestro país jamás ha ejercido tal derecho a intervenir, salvo en materia educacional en el pasado gobierno. Salud, previsión, vivienda, etcétera, están al aún al debe.

¿O alguien duda que los abusos de AFP, Isapre, banca, inmobiliarias y otros actores económicos no atentan en contra de la población, violentándola, lo que hace mucho debiera haber justificado la intervención del Estado, de acuerdo al mismo manoseado principio? Solo durante el año 2016 murieron 25 mil personas esperando atención médica en los hospitales esta sí es violencia. Más de un millón y medio de chilenos pensionados viven en condiciones miserables con pensiones que en promedio no llegan a $200 mil mientras las AFP publican groseras ganancias.

Viejos abusos, nuevas causas

A la violencia institucional se han ido sumando otros hechos que no provienen necesariamente del modelo, pero sí de los nuevos tiempos. Minorías sexuales han buscado poner en el tapete sus derechos, la migración, atraída por la imagen país de prosperidad económica, ha crecido y reclama reconocimiento. Las mujeres, sea por su propia voluntad de superación o porque han sido obligadas por la necesidad de contribuir económicamente a su hogar, muchas veces solo sustentado por ellas solas, se incorporaron  de manera creciente al mercado laboral en una situación de menos derechos que los hombres. Menos pago a igual trabajo, menos horas de descanso y menos reconocimiento social a sus aspiraciones laborales, dan la pauta de un sistema injusto.

Qué decir de las organizaciones sociales que, borradas de un plumazo en dictadura, han sido incapaces de recuperar la confianza de la gente, en parte aplastada por la idea impuesta por el neoliberalismo de que cada uno es sujeto de su propio destino y que nadie le dará nada que no se gane por su propio esfuerzo, lo que conlleva el que “tampoco daré a nada a nadie”, rompiendo la solidaridad social que caracterizaba a Chile, y en parte por la ineficacia de sus dirigentes más preocupados de sus disputas que de servir a la gente.

La impunidad no queda al margen. No solamente la que conocemos por los desgraciados hechos de genocidio de hace más de 40 años que han visto morir a víctimas sin justicia y victimarios sin castigo, sino que también la que proviene de la corrupción que ha azotado tan fuertemente a nuestro país. Miles de millones de dólares dilapidados o derechamente sustraídos del erario nacional de manera maliciosa, mientras la educación, salud, previsión, seguridad pública, etc., contienen necesidades sociales insatisfechas en grados inaceptables de abuso. A pesar de ello Chile es el segundo país menos corrupto de la región, según Transparencia Internacional 2018.

Un poder judicial clasista que persigue a los más desposeídos de manera dispar a los delincuentes de “cuello y corbata”, un Ministerio Público que renunció a perseguir la corrupción, un Tribunal Constitucional que ejerce un veto con más poder que la ciudadanía que eligió a sus representantes, partidos políticos de todo el escenario en crisis terminal, muestran más que chilenos violentos, se trata de chilenos violentados por un sistema injusto y abusivo.

El caso Kast

Resulta imposible sustraerse al hecho político que ha generado tanto revuelo en los últimos días. Sin embargo no es posible analizarlo desde una sola mirada. Una universidad es un centro del pensamiento y la tolerancia, donde deben primar las ideas y la búsqueda de la verdad y donde debe imperar la razón. Así las cosas, agredir a alguien que no piensa como nosotros por el solo hecho de expresar sus ideas en ese espacio, es una barbarie.

Si el agredido por su parte es de aquellos que busca con su discurso generar violencia, sea a través de denigrar a minorías sexuales, culturales o étnicas, hacer apología de hechos de violencia, como la dictadura o el exterminio de compatriotas, o promueve el uso de armas al estilo vaquero de Trump, etc., estamos también frente a un hecho de violencia tan o más peligroso que el primero.

José Antonio Kast, como todo extremista que busca imponer sus ideas ortodoxas a cualquier costo –basta leer sus discursos para determinar su fobia al pueblo Mapuche, homosexuales, extranjeros, marxistas, etc.-, ha sido hábil en el uso de la propia democracia y sus espacios de debate para intentar demolerla. ¿Justifica ello que una minoría lo haya agredido físicamente para evitar que expusiera sus “ideas” en un ámbito universitario? No. Sería responder violencia con violencia. El diputado DC Matías Walker señala que  “Hemos sido críticos respecto al lenguaje de José Antonio Kast, muchas veces él ha promovido la intolerancia (...) pero eso no puede justificar bajo ningún punto de vista la agresión física y verbal que sufrió en Iquique”, dijo.

Pero hay un deber del Estado que parece estar pasándose por alto. ¿En qué quedó la ley que sancionaba –como en los países más civilizados- la apología a la violencia? En Alemania la sola defensa del nazismo o la apología a Hitler es duramente sancionada. ¿Y en Chile es legítimo que un José Antonio Kast diga  impunemente que Miguel Krassnoff no es el criminal que decenas de sentencias ejecutoriadas describen?  Tampoco se trata de “molerlo a palos”, como alguien sugirió emotivamente por ahí. Para eso está la ley, para sancionar al violento que esgrime un arma como al violento que usa la palabra para sembrar odios y generar más violencia.

Radiografía a la violencia

Sin duda en nuestro país existe una muy alta “percepción” de existir más violencia generalizada que la violencia realmente existente o efectiva. De los chilenos que reconocen haber sido víctimas de violencia o haber sentido amenaza de serlo, la mitad esas acciones provienen de personas que conocen, sea en su ámbito intrafamiliar, laboral, educacional o de vecinos. La producida al interior de los hogares se lleva los palmares.

Según el ex jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito, abogado Carlos Charme, quien es secretario ejecutivo de la Asociación Municipal de Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), “Chile no es un país violento, no tiene un problema grave de delincuencia”, pero para la ciudadanía existe la percepción que la delincuencia sí es un problema delicado. También señaló que “Afecta a la gente con menos recursos del país, de las zonas más vulnerables; no es un tema elitista”.

Al respecto el senador socialista Rabindranath Quinteros señaló a Cambio21 que “No solamente hay que tener cuidado con la violencia física, sino que también hay que cuidarse de la violencia que genera la desigualdad, la violencia por pensar diferente, por la violencia de género, etcétera. Hay una serie de violencias que hay que evitar, pero igualmente hay que considerar la intolerancia tan aguda que hoy está reinando en nuestro país y  no hacemos nada. Debemos saber convivir con las diferencias”, señaló a nuestro medio.

“País neurótico”

Un extraño fenómeno genera la violencia institucional y que nuestro país ha experimentado fuertemente. La brutal desigualdad, los abusos de los agentes del Estado o de sus instituciones, la corrupción y la impunidad que ha resultado de todo lo anterior, ha provocado una desafección profunda, una desconfianza feroz con las instituciones y sus representantes o autoridades.   

Para el psiquiatra de la Universidad de Chile Rodrigo Paz, “surgen estas tribus urbanas, las sectas, los movimientos religiosos fundamentalistas, porque el ser humano necesita del colectivo. Se produce este fenómeno de aislamiento, de insensibilización donde al final vamos transformándonos en un país de zombies, que viven en la rutina. Se produce una anomia, una pérdida de la conexión con la moral, lo social, lo valórico. Entonces, hoy pasan cosas aberrantes en Chile y la gente sigue su camino como un verdadero zombie, y el que logra conectarse con la realidad se deprime y se angustia”.

Agrega Paz que “este es un país brutalmente enfermo. Es cosa de ver cómo manejamos, cómo nos vinculamos, la pérdida de cordialidad. Es un país neurótico”. Por su parte el psicólogo Gonzalo Pérez indicó que “la depresión histórica chilena en los últimos años está cargada a la rabia y al odio”, en respuesta al Informe Mundial de Felicidad 2017 de la ONU que sitúa a Chile en el puesto 20° entre los más felices del mundo. “Chile será objetivamente muy feliz como sociedad, pero subjetivamente Chile es uno de los países más depresivos del planeta”, dijo.

Para el profesional y experto en salud mental, “La mayoría de los chilenos se considera furioso con todo lo que ocurre, insatisfecho con lo que pasa. Ese lugar ningún chileno se lo cree. La onda es que estamos pésimos. La depresión histórica chilena en los últimos años está cargada a la rabia y al odio. Lo clásico de Chile es la depresión resignada, fatalista, gris, sin salida. Una depresión que desde el 2010 a la fecha, se ha ido cargando también de rabia y odio, de buscar culpables y de poder ventilar frustración por la vía violenta”.

Pero un “país neurótico o furioso”, ciertamente enfermo, no es necesariamente un país violento. El drama es que la violencia institucional sí genera resentimiento social y si no encuentra vías para expresarse o desahogarse encontrará en el extremismo una respuesta.