La diputada Alejandra Sepúlveda desarrolla su trabajo legislativo integrando comisiones investigadoras y también en las permanentes como la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la que ha tenido una ardua labor durante este año como la reforma previsional.
La legisladora manifestó a Cambio21 su deseo de poder ayudar a las familias que están sufriendo con la pandemia por falta de recursos, es por ello que ha apoyado el segundo retiro del 10% y critica al gobierno por requerir la intervención del Tribunal Constitucional, cuando a su juicio, los parlamentarios tienen derecho a tener iniciativas para reformar la Constitución, lo que el gobierno no quiere entender. Espera que el TC se inhabilite en este caso.
¿En su opinión qué pretendía el gobierno presentando un proyecto paralelo de retiro del 10%?
Este es un gobierno que tiene, además cero sensibilidad en relación a lo que le está pasando a las personas, a las familias y un gobierno que lo único que está cuidando, yo diría, son los intereses económicos de las AFP y de los empresarios y bueno, lo quiere detener con esto. Yo diría que ya están resignados con el segundo retiro por lo que había ocurrido con la reforma constitucional de los 130 votos. Todo el apoyo ciudadano que tiene este segundo retiro. Entonces, creo que ya están entregados a que eso iba a ocurrir. Sin embargo, lo que quieren hacer a partir de llevarnos al Tribunal Constitucional es parar un tercer retiro, pero además una fórmula en la cual el Congreso, ha planteado las necesidades que hoy día se tiene a partir de reformas constitucionales. Entonces, frente a eso lo quiere parar llevándonos al Tribunal Constitucional, pero esa es la razón. No hay una razón de preocupación por las personas, las familias y por lo que se está viviendo en la pandemia.
Esa es la forma definitiva de parar el que ustedes tengan iniciativa para hacer reformas constitucionales. ¿Cómo van a establecer su derecho a tener iniciativas en esta materia?
Yo creo que ahí hay un error, absolutamente conceptual desde el punto de vista del gobierno. Del creer que nosotros no tenemos facultad en poder incorporar reformas constitucionales de cualquier tipo, de cualquier carácter mientras no se contravengan los derechos fundamentales de las personas y frente a esa situación el llevarnos al Tribunal Constitucional, que yo creo que además se debería declarar incompetente frente a esto, o en su defecto la única posibilidad es que ellos revisen más bien el proceso de la reforma. Tuvo o no todos los requerimientos que se necesitan desde el punto de vista, fundamentalmente de los quorum. Pero, otro tipo de revisión no le corresponde al Tribunal Constitucional frente a una reforma de este tipo. Ellos pueden revisar las leyes si están concordantes o no con la Constitución, pero no un cambio constitucional. Yo creo que aquí hay una materia que lamentablemente el Presidente no ha entendido y el gobierno tampoco. Esperamos que sea una resolución compatible con lo que estoy mencionando de parte del Tribunal.
Le parece a usted que la ciudadanía no entiende y se confunde con este tipo de cosas. Dos proyectos, al final iguales, ¿qué busca el gobierno y así otras cosas?
Sin duda que yo creo que las personas lo único que quieren es poder tener su retiro, sin letra chica, sin cortapisas que no le permiten ejercer este derecho de retirar sus propios fondos y simulando lo que ocurrió en el primer retiro, pero además de eso el poder corregir cosas como en las pensiones de alimento, poder corregir procedimientos como ocurrió con las pensiones de alimentos y que nos hicimos cargo a través de una reforma constitucional que fue aprobada en la Cámara con harta votación.
Yo creo que la ciudadanía lo que dice es cómo puedo retirar lo antes posible, pero también es deber nuestro desde el parlamento, explicar qué es lo que está ocurriendo porque el error que hemos cometido siempre desde la política, desde nosotros es no explicar todas las dificultades y las diferencias que hemos tenido con el gobierno. Al final la ciudadanía solo ve los resultados, pero hay que explicar el por qué ocurre ese resultado. Es contradictorio que el gobierno, como también todos los diputados y senadores oficialistas hoy día digan que el 10 por ciento es fantástico y hace 48 horas decían lo contrario. Cómo explicamos que además lo que ha hecho el gobierno es exactamente igual a la reforma constitucional exceptuando dos materias, una el tema de la tributación y lo segundo las pensiones de alimentos.
El ministro de Hacienda dijo claramente que lo que ellos pretendían era respetar la institucionalidad del país, nunca dijo que el proyecto tenía como objetivo ayudar a las personas. ¿Qué le parece?
Creo que el ministro de Hacienda no ha estado pensando en la familia cuando se redacta el segundo proyecto del Ejecutivo sino lo que está planteando es como se afecta la institucionalidad con la reforma constitucional, cosa que nosotros queremos rebatir absolutamente en el Tribunal porque no es así, al contrario todo lo que se ha hecho es a partir de la Constitución, de los quorum que plantea, con todos los filtros constitucionales para que una reforma como esta se apruebe. Frente a esta situación el ministro, ve mucho más lo que tiene relación con que a través de este método se puedan ir haciendo otras modificaciones a la Constitución donde el gobierno no esté de acuerdo, y tampoco vemos de parte del ministro de Hacienda y del gobierno el que incorpore de verdad instrumentos que tengan carácter universal y que no tenga esa letra chica.
¿En qué punto está todo esto y que ocurrirá en los próximos días?
En los próximos días vamos a estar, yo soy miembro de la Comisión de Trabajo y vamos a revisar el proyecto que viene desde el Senado en relación al proyecto de ley que envía el Ejecutivo. Esperamos hacer algunas indicaciones sobre todo en el tema del impuesto. Porque si hay algo que nos preocupa es lo que dijo la ministra del Trabajo, que 700 mil pesos, con un millón de pesos una familia es rica. A mí me parece además una falta de respeto tremenda a esas familias de clase media que hacen un tremendo esfuerzo y a nuestro juicio no deberían tener un impuesto. Y vamos a estar tratando de buscar la solución y esperamos que el gobierno nos apoye, que entienda que sobre los tres millones hay que cobrar impuesto, pero no hacia abajo. Y vamos a allanarnos en todo lo que el gobierno ha presentado en su proyecto, pero también a nosotros también nos gustaría continuar con la reforma constitucional.
¿Por qué?
Porque se han pasado todos los filtros y queremos además que el Tribunal Constitucional pueda revisar todo el proceso, aunque yo creo estrictamente que se debería inhabilitar. Nosotros tenemos el derecho y el deber de hacer una reforma constitucional sobre todo en la circunstancia en que estamos y frente a una inacción, una falta de liderazgo, un vacío de poder que hoy día existe, bueno, es el Congreso el que tiene que reaccionar porque no podemos dejar a los chilenos y chilenas en las condiciones que hoy los tiene la pandemia y el gobierno.
¿Hay un ambiente beligerante en el país provocado por distintos sectores, incluido el gobierno con su mala gestión en un año en que debió mostrar liderazgo. Esto puede influir en la aparición de grupos de ultra derecha?
Creo que existe un nivel de violencia dado que además, sus banderas de lucha se han ido perdiendo cada vez más. Esto de la protección de las AFP, de los grupos económicos de la propia Constitución, etcétera empiezan a surgir estos grupos violentos que quieren seguir teniendo el poder económico, el poder político. Frente a esta frustración surgen etas cosas. Yo espero que se les persiga, que se les reconozca para poder determinar quiénes son sus aliados, pero que se llegue hasta el final, hasta la investigación y todos los procesos que del punto de vista de la justicia correspondan.
Pensionados con rentas vitalicias
¿Hay un grupo numeroso de personas que no han recibido ayuda y son los pensionados que tienen rentas vitalicias que también tienen pensiones miserables. Ese tema lo han analizado?
Ese tema lo estuvimos analizando y de hecho tenemos una propuesta como Federación, para las rentas vitalicias, las pensiones básicas solidarias, pensiones del sistema antiguo, las distintas cajas y además, una propuesta que tenemos para un millón 900 mil personas que hoy no tienen fondos en AFP. La reforma constitucional que nosotros presentamos sí tiene, además del 10%, esta otra mirada que es alrededor de cuatro millones cien mil personas que están en este grupo que no tienen ninguna ayuda directa. La idea es formar una comisión de estudio para ver el tema de las rentas vitalicias que es la más compleja porque hay que recordar que ahí los fondos pasaron a las aseguradoras, pero de todas maneras creo que existe la posibilidad de hacer retiros anticipado de esas pensiones que permita homologar esto al retiro del 10%.
Grupo extremista de ultraderecha tenía “utensilios”
¿Qué opina usted del tratamiento que le ha dado el gobierno a este grupo terrorista que había amenazado de muerte a la fiscal Chong y que el subsecretario Galli diga que solo encontraron “utensilios” en los allanamientos y una subametralladora?
Imaginémonos un grupo de este tipo con ese nivel de armamento. El subsecretario Galli no es solo desafortunado sino que no aquilata las complicaciones que tiene que ver con el resguardo de una fiscal que está investigando un caso grave. Ha sido una fiscal muy valiente, no solo en este caso sino en varios otros. Entonces, que hoy se esté amedrentando, violentando, amenazando una fiscal que estén una investigación de este tipo lo único que deberíamos tratar de hacer es cuidar que las instituciones funcionen, pero que además, la vida y la integridad de las personas estén absolutamente resguardadas y no minimizar lo que está ocurriendo.
Diputada, usted recuerda que antes que empezara la pandemia un grupo de personas extremistas se reunían en una sede de la UDI, que está muy cerca de La Moneda. Ellos hicieron algunas marchas y atacaron a mujeres y al periodista Rafael Cavada. ¿Ustedes reaccionaron ante este hecho porque de seguir así la impunidad va a primar una vez más?
Solo contar que nosotros teníamos una Comisión Investigadora, de la cual soy parte, antes del covid, en relación a todo lo que estaba pasando con carabineros, lo que ocurrió en el estallido social, de las violaciones a los derechos humanos y no funcionó muy bien porque carabineros, por ejemplo, nunca nos entregó información y que todo era en carácter de reservado y nosotros plantamos que estábamos dispuestos a hacer sesiones secretas, pero nunca pudimos tener toda la información y a partir de las pandemias que no tenían que ver con el covid-19 e postergaron y teníamos además, muchos invitados pendientes en relación a lo que había ocurrido. Se cortó la investigación, pero el Parlamento siempre estuvo mirando qué ocurría y usando todas las herramientas de fiscalización que tenemos.
El gobierno ha tomado la aparición de estos grupos de forma muy liviana y el mejor ejemplo es lo que dijo Galli.
Yo creo que los espirales de violencia que hoy tenemos en la ultra derecha del país son preocupantes porque tenemos gente que tiene un alto nivel de educación y de poder adquisitivo y es por eso que es tan importante a partir de la denuncia de la fiscal Chong, que nos permita esclarecer quien está detrás de estos grupos, si existe una coordinación, una referencia política en esto. Creo que a partir de este caso poder saber lo que está ocurriendo en el fondo con estos grupos que se están organizando y que son tremendamente violentos.