Lo ocurrido con esta primera etapa del proceso constitucional chileno con el plebiscito de salida en que se rechazó la propuesta de la ex Convención con una amplia participación ciudadana de 13 millones de electores requiere un análisis más pausado sobre la situación actual de la sociedad chilena, que variables influyeron en su voto negativo, que visión tienen ahora sobre lo ocurrido en este proceso y sobre sus expectativas futuras.

Estamos conociendo diversas encuestas post plebiscito (Cadem,Pulso Ciudadano, UDD, Feedback) que es necesario analizar para encontrar las señales y sentido del escrutinio del 4 de septiembre.

Al fragor del inicio de la negociación para reimpulsar el proceso constitucional la derecha se ha querido instalar como la única administradora del 62% del rechazo y ha planteado una serie de requisitos que no sintonizan con la ciudadanía, especialmente su interés de que exista un Comité de Expertos que definan “bordes” y casi reemplacen el rol de un órgano 100% electo y de modo paritario, como también su propuesta de excluir al gobierno actual de ese proceso.

“Se pasan varios pueblos” la derecha tradicional al querer instalarse como la única voz triunfadora del plebiscito de salida, buscando ralentizar y controlar la segunda etapa del proceso constitucional.  

En la ex Convención el ultrismo de la extrema izquierda no buscó un texto negociado e instaló sus miradas identitarias que terminaron siendo rechazadas el 4 de septiembre y ahora la derecha pareciera imponer su versión constitucional lo más cercano a la Constitución del 80’ que sabemos no tiene apoyo mayoritario en la sociedad chilena tanto antes como después del plebiscito.

Independiente de como -y con que ritmo- se reinicie el tránsito hacia una nueva Constitución en esta segunda etapa es clave responderse sobre el sentido y proyección de la voz de las urnas expresada el 4 de septiembre, en especial este ejercicio debe ser profundo para las filas de la centroizquierda que sufrió un traspiés el 4/S.

En su discurso de la semana pasada  en la ONU el Presidente de la República -principal perjudicado político por el resultado 62% vs 38%- señaló “los resultados son la expresión de una ciudadanía que demanda cambios sin poner en riesgo sus logros presentes. Que quiere un mejor futuro construido con seriedad y sin caer en nuevas inseguridades. Un futuro de cambio con estabilidad”.

Esta lectura es sensata, en especial sobre sus conclusiones de que la ciudadanía quiere mejoras en su calidad de vida, sin arriesgar lo logrado, ni caer en nuevas inseguridades, donde se combina la demanda por protección social con libertades para sus capacidades individuales; lo que debe ser consignado en una hoja de ruta para las instituciones y los actores políticos que quieren seguir influyendo en la agenda futura.

 A este Chile le importa que exista un plan de desarrollo, que haya crecimiento económico, creación de empleo y reducción de la pobreza como ha ocurrido desde los años 90’ y sería bueno que la coalición del Presidente Boric valorara lo realizado en los 30 años pasado y no siguiera con un discurso descalificador y destructivo de lo realizado por los gobiernos de la ex Concertación, que salen bien evaluados de este debate social.

El mismo Presidente Boric lo reconoce que estamos ante una ciudadanía que quiere mejorar su calidad de vida “sin poner en riesgo sus logros presentes” o sea quiere un upgrade de su vida cotidiana, pero sin perder lo avanzado en materia de bienes materiales y de ahorros personales.

Si la ciudadanía ve riesgos de menos empleos o menor progreso o derechamente lee propuestas que postulan el decrecimiento como ocurrió con miembros de la ex Convención es claro que rechazara un discurso que al final signifique deterioros de su calidad de vida.

Por eso resulta sorprendente que presidente Boric señale esto en la ONU y su embajador en España Javier Velasco insista en descalificar los 30 años y calificarlos como etapa de pura “profundización de la desigualdad”. La coexistencia de dos almas tan contrarias, explica los problemas internos del gobierno sobre el respaldo o no al Acuerdo Comercial del TPP11 donde se ven sectores favorables y otros detractores.

Hoy ante una situación recesiva para los próximos 18 meses y una alta inflación de precios, la mayoría ciudadana espera que la élite política y económica plantee soluciones viables que signifiquen una real reactivación de la vida económica.

Las recientes encuestas muestran una ciudadanía que demanda a las autoridades que trabajen por controlar y bajar la inflación, que ya está en 14,1% en los últimos 12 meses -cifra lejana del 3% que durante muchos años tuvimos como inflación anual- y eso se nota en la UF, en los créditos hipotecarios, en los altos precios de los combustibles y los alimentos y también demandan que para 2023 haya más inversión pública y privada para que se reactive la generación de nuevos empleos -que se han estancado en los últimos meses-.

Es de esperar que la élite política entienda que el país quiere acuerdos transversales para que volvamos a un escenario de mayor estabilidad y de una real reactivación económica de mediano plazo, ya que ya llevamos 10 años de estancamiento económico.