Nuevamente el caso Ponce Lerou se tomó el debate público, ahora producto que vuelve como asesor estratégico a la empresa que controla como principal accionista (SQM) y que fue cuestionado por el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo que consideró que ese retorno violentaba el espíritu del acuerdo SQM/Corfo que amplió la cuota de extracción de litio hasta el año 2030 a la minera no metálica.

 

En enero pasado se informaba que con el acuerdo SQM/Corfo  Chile mantenía el liderazgo mundial en la oferta de litio, con una participación de mercado superior al  45% y además, Corfo destacaba que los dos acuerdos en el Salar de Atacama significarían entre el 2017 y 2030 ingresos adicionales para el Estado alrededor de US$ 12 mil millones y además, se informaba que Ponce Lerou salía del control de SQM.

 

Estas buenas noticias fueron quebradas la semana pasada con la decisión unánime del directorio de SQM de nombrar como Asesor a los hermanos Ponce Lerou, lo que motivó el reclamo airado del ex jefe de Corfo y lamentablemente, el nuevo gobierno apenas demoró una hora en validar esta maniobra del controlador de SQM.

 

Resultó lamentable que apenas transcurridas unas horas de la decisión -de manera apresurada- tanto de Corfo como el Ministro de Economía validaron la operación Ponce Lerou y no hayan estudiado estas malas prácticas del gobierno corporativo ni menos hayan resguardado el interés fiscal afectado por este incumplimiento (no evalúan si existe mérito para rescindir el contrato, ni menos si esta decisión de SQM puede llegar a ser una infracción a la ley americana que ahora está incorporada al acuerdo).

 

El debate no está en los detalles del acuerdo como naturalmente empuja SQM y los promotores de la operación de Ponce y también Corfo.

Lo que está en debate es si el Estado debe validar las malas prácticas de una empresa con la cual firmó una concesión hasta el año 2030.

 

Es malo para el Estado acordar una ampliación de una concesión del litio con una empresa que se convierte en el símbolo de una mala práctica empresarial como es que el dueño ejerza su rol como controlador “por el costado como Asesor”. Esta mala práctica ha sido cuestionada por Sofofoa y CPC ya que perjudica a los minoritarios, no es transparente y agrega que le resulta “incomprensible” su reintegración a la compañía como asesor.

 

El Estado debe elevar los estándares de las empresas con las cuales realiza contratos de concesión u otra modalidad como es el Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en la producción de litio, mucho más si esta empresa Soquimich (SQM) estuvo involucrada en acciones de financiamiento ilegal de la actividad política y según la Corfo pagó menos de lo estipulado en concesión inicial.

 

El debate público actual debiera consolidar la idea de que en una sociedad democrática, el Estado no debiera contratar ni tener vínculos vía concesión con empresas que desarrollen esas malas prácticas.

El tema medular no es si ex directivos Corfo hicieron un contrato detallado para poner “una muralla china” para la reintegración de los Ponce Lerou a la gestión de la empresa, ni menos si fueron “ilusos e ingenuos”.

 

El país debe elevar sus estándares y estos contratos (concesiones y/o CEOL) no pueden continuar si la contraparte desarrolla faltas graves como el soborno o cohecho a funcionarios públicos o desarrolla estas malas prácticas en su gobierno corporativo -como lo señala la Sofofoa- o si tiene graves incumplimientos a la legislación medioambiental o si carece de una adecuada relación con las comunidades locales.

 

Ha llegado la hora –tal como ocurre en el sistema de compras públicas- de tener estándares elevados de probidad y transparencia de aquellas empresas que tienen relación contractual con el Estado.

 

Resulta desconcertante que Sofofa tenga estándares más elevados en esta materia de probidad que la Corfo -quién debe resguardar interés fiscal- y más grave que Corfo lo delegue en un comité interno ya que su actual ejecutivo máximo ha tenido relaciones políticas con presidente de SQM.

 

La importancia del Litio en el desarrollo futuro exige como que desde el Gobierno y el Congreso haya una voluntad de elevar estándares de probidad para quienes producirán e industrializaran el mineral del futuro.