El Presidente electo ha nominado a su equipo de Ministros y Subsecretarios que dirigirán los destinos del ejecutivo desde el 11 de marzo. Esta vez desechó la fórmula de “los gerentes exitosos” del sector privado y ha optado –mayoritariamente- por “repetir el plato” con muchos ministros y subsecretarios que ya conocen el funcionamiento gubernamental, que aprendieron a relacionarse con un Congreso bicameral donde su coalición será minoría y saben de los complejos ritmos con que funciona el aparato público.

 

Es una señal de realismo político y ha optado por gente con experiencia y conocimiento del oficio de administrar el poder Ejecutivo. Sabe que su lucha ideológica contra las reformas impulsadas por Bachelet y el denso tramado legal y reglamentario que las sostiene requieren oficio en este ámbito y no sólo la reiteración de tips comunicacionales. Por eso, en aquellas áreas donde viene a revertir reformas como es el ámbito educacional y en política de género propone equipos que armonicen este doble objetivo-comunicacional y administrativo- de la lucha ideológica contra las reformas.

 

Sin embargo, en la Salud Pública mantuvo su tradicionalismo de colocar a profesionales que vienen del sector privado que no conocen la realidad hospitalaria que ni atendían por Fonasa y en la subsecretaría de redes pone a un doctor que fue sancionado éticamente por el colegio médico por otorgar becas a su propia hija; o sea en un sector sensible para la ciudadanía como es la urgencia de seguir avanzando en mejorar la salud pública coloca a subsecretarios sancionados por faltas a la ética médica y otra que carece de experiencia en sector público.

 

A esta compleja situación se le agrega que aún no está clara la agenda legislativa y programática de los primeros meses de gobierno lo que acentúa incertezas ya que –todos sabemos- gobernar es algo distinto y más complejo que ser candidato opositor.

 

Las principales señales han sido dadas por Ministros sectoriales, en especial los del sector económico quienes han anunciado “un shock de inversión”, que su prioridad son los inversionistas –no los consumidores, ni las Pymes, ni los innovadores, por ejemplo-; que destrabarían proyectos de inversión detenidos y además, se rebajarían los impuestos a las grandes empresas.

 

Este énfasis en los inversionistas marca claramente su opción ideológica. Sin embargo, su propuesta está repleta de afirmaciones que no se sustentan en la realidad: el nuevo Ministro de Economía afirma que la inversión estuvo “detenida” estos cuatro años, pero pareciera que no ha visto los resultados de los proyectos de inversión autorizados ambientalmente que en el período 2014-2017 autorizó más de 1.500 proyectos de inversión que acumulan un monto de US$ 100.180 millones, cifra que es levemente inferior a lo autorizado en período 2010-2014 que alcanzó a US$ 109.000 millones de inversión autorizada.

 

Ya como autoridad resulta temerario sustentarse en slogans alejados de la realidad, la inversión no se detuvo por las reformas ni tampoco se trabó por la burocracia estatal ya que los proyectos de inversión en el sistema de evaluación-según sea su monto y complejidad- se demoran en la calificación ambiental entre 12 a 19 meses en los últimos años y no “tres  o cuatro años” como afirman analistas económicos de derecha.

 

El país desde el año 2010 tiene una nueva legislación para evaluar los proyectos de inversión que resguarda el respeto al medio ambiente y a las comunidades que debe respetarse; que está funcionando correctamente –autorizando anualmente US$ 25.000 millones en proyectos de inversión de los distintos sectores económicos- y que sería muy mala señal que el nuevo Gobierno –como parte de su shock de inversión- propusiera regresar a los años 90’ donde los proyectos de inversión tenían primacía por sobre el derecho de las personas y las comunidades de acceder a un mejor medio ambiente.

 

En ese mismo sentido son malas señales las declaraciones del nuevo ministro Valente de apoyo irrestricto al proyecto de inversión Dominga, cuyo futuro está en los Tribunales Ambientales donde habrá una propuesta de conciliación el 14 de marzo próximo. Más prudente han sido los nuevos ministros de Medio Ambiente y Minería que rectificaron a su colega y llamaron a respetar decisión de los Tribunales Ambientales.