Los gremios empresariales han desatado una ofensiva hacia los nuevos ministros del área económica en estas dos materias. Con respecto al nuevo SERNAC han insistido en cercenar sus nuevas facultades e insistir que SERNAC “no puede ser juez y parte” y  insisten en su campaña del terror que un nuevo SERNAC que defienda a los consumidores sería una mala señal para la economía.

Incluso el exministro y hoy miembro del comando piñerista -Juan Fontaine- señaló que lo mejor sería que nuevo equipo económico se olvidará de este proyecto de ley.  Pareciera que para el empresariado chileno la existencia de una nueva legislación que defiende los derechos básicos de los consumidores es un atentado a la libertad económica -como ocurren con los sindicatos y la negociación colectiva-.

Lamentablemente el empresariado y sus gremios siguen defendiendo un modelo de desarrollo donde los millones de consumidores deben estar expuestos a los abusos e incumplimientos de las empresas ya que la principal crítica que levantan hacia el nuevo SERNAC es la existencia de “sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias”. Este proyecto de ley está a punto de votarse en sala del Senado y es de esperar que senadores de la Nueva Mayoría se pongan de lado de los consumidores,  aprueben una iniciativa legal que cuenta con apoyo mayoritario en la opinión pública y que no cedan ante la campaña del terror del empresariado frente a un proyecto de ley que sólo instala -lo que ocurre en cualquier economía moderna- que los consumidores tienen derechos que deben ser respetados por las empresas.

En materia de reforma de pensiones, la asociación de AFP’s ha difundido una encuesta realizada por un organismo de dudosa credibilidad como CADEM y ha difundido que el 55% de la ciudadanía no quiere la reforma de pensiones que está impulsando el Gobierno. Logró que los periódicos económicos lo difundieran como un info-comercial y con ello inició la presión y la defensa de su negociado.

El Gobierno ha recogido el alto nivel de molestia social contra las AFP’s generado por las bajas pensiones que está dando, en especial a las mujeres. El 50% de las mujeres pensionadas vía AFP’s reciben pensiones mensuales inferiores a $110.000, el promedio está en $ 137.000; es decir reciben pensiones miserables y muy lejos del “mercedes benz” que señaló José Piñera el año pasado. El Gobierno ha enviado un proyecto de ley que incrementa la tasa de cotización previsional de 10% a 15%, una parte de ese incremento “la solidariza” creando un Fondo de Intergeneracional (2%) y el otros 3% va a las cuentas individuales y además, innova en el mecanismo de administración creando un ente público altamente profesionalizado como es el Consejo de Ahorro Colectivo para su administración solidaria.

La derecha y el empresariado se oponen a ese modelo y defienden que ese 5% sea administrado por las AFP’s y el Gobierno postula al Consejo de Ahorro Colectivo; es el marco de ese debate público que lanza esta encuesta trucha, ad-portas de la votación en la Sala de la Cámara de Diputados del proyecto de crea el Consejo de Ahorro Colectivo y mediante este poderoso lobby trata de instalar que hay una mayoría social que rechaza fórmula de gobierno. Lo que resulta claramente tendencioso cuando hay diversos estudios de opinión pública que señalan que las AFP’s junto a las ISAPRES son las empresas que poseen menor confianza de la ciudadanía.

Es de esperar que los parlamentarios de gobierno reafirmen la voz ciudadana de reformar el sistema de pensiones y avanzar hacia un sistema más solidario, donde las AFP’s no continúen lucrando con esta prestación social.

Chile quiere más inclusión social, mejores pensiones, que se respeten sus derechos como consumidores y eso NO lo anhelan los grupos empresariales.   

No hay que perderse en esta coyuntura: recomendamos escuchar a la ciudadanía y no al lobby empresarial.