Los recientes hechos sobre los que ha tomado conocimiento el país que nos hicieron transitar de la incredulidad a la indignación, y que dicen relación con la manipulación de datos en ranking de competitividad conocido como "Doing Business" del Banco Mundial,  afectaron gravemente los intereses del país, como lo reconoció el propio economista jefe del organismo, Paul Romer.

 

Ellos no pueden quedar impunes ni diluirse las responsabilidades solo en explicaciones vanas o disculpas públicas.

 

Tampoco en promesas que se corregirá y recalcularán los rankings nacionales de competitividad empresarial. El daño ya está hecho y se requiere de acciones más categóricas, dentro y fuera del país.

 

Es necesario determinar los alcances del agravio y a sus responsables, más allá de los políticos infringidos a la Presidenta de la República o a la coalición gobernante o a su candidato presidencial, pues estos son solo un aspecto de este caso.

 

Aún indeterminados, pero cuantificables, son el menoscabo generado en la confianza país tan duramente ganada en el exterior y la rebaja de inversiones hacia Chile como consecuencia, cuyo deterioro representó en 2017 la tasa más baja de inversiones extranjeras de los últimos 11 años.

 

Cuesta creer que el imaginario de un individuo solo haya maquinado esta puesta en escena engañosa que desestabilizó el crecimiento de Chile, provocando desconfianza en la administración de Bachelet  en sus dos periodos y potenciando los datos para favorecer el periodo del hoy Presidente electo.

 

Sobre  todo al conocerse las conexiones del funcionario del Banco Mundial en nuestro país. Por mera coincidencia todas ellas apuntan a la derecha económica y a algunos sectores dentro de ella de dudosa reputación judicial y ética. También al entorno más cercano al exmandatario.

 

Por mucho que el involucrado Augusto López-Claros haya intentado justificar su actuar señalando que los hechos estaban en conocimiento del organismo mundial -lo que se aclaró que no era cierto-, o que no conocía a Sebastián Piñera, la denuncia de la autoridad del Banco Mundial echa por tierra tan pueril explicación. No se trata de cualquier banco ni de cualquier autoridad. La fe pública y la economía mundial descansan de manera indubitada en dicha institución.

 

No solo pidió perdón, sino que además asumió que la motivación del funcionario imputado de manipular las cifras, fue política. No es baladí que al confesar la falsificación estuviera consciente del costo internacional que pagaría el Banco Mundial. “Quiero hacer una disculpa personal a Chile y a cualquier otro país en el que transmitamos una impresión equivocada", declaró, agregando que “conforme a la señora Bachelet, el ranking de Chile se deterioró sistemáticamente, mientras que constantemente subía el del señor Piñera”, para concluir que los cambios en las metodologías utilizadas en los ranking tenían la apariencia de estar “motivados políticamente”.

 

Para el Banco Mundial fue duro reconocer que “con base en las cosas que estábamos midiendo antes, las condiciones comerciales no empeoraron en Chile bajo la administración de Bachelet”. Sin embargo ello no es suficiente.

 

Deberá implementar una rigurosa y pública investigación acerca de cuáles fueron los rankings adulterados o manipulados, quién lo hizo, en qué periodos se aplicaron los cambios, por instrucción de quién o quiénes dentro y fuera del Banco Mundial, cuantía del perjuicio y modo de repararlo al país, al menos monetariamente.

 

Al interior de Chile también debieran desplegarse investigaciones.

Ya está en movimiento la de la Cámara de Diputados para determinar responsabilidades políticas, pero tampoco es suficiente. El Consejo de Defensa del Estado debe asumir la protección de los intereses de Chile y accionar judicialmente vía Ley de Seguridad Interior del Estado u otra figura que estime más adecuada para el conocimiento de él o los ilícitos y el castigo a quienes aparezcan haberlos fraguado e implementado y también a quienes los encubren.

 

La propia Presidenta cuenta con las herramientas para perseguir las eventuales responsabilidades dentro del país.

 

Si queremos dar muestras de que enfrentamos un nuevo paradigma ético, un nuevo modelo de conducta política, esta es la vía, investigar y sancionar conforme a derecho a quienes han traicionado de la manera más vil a la patria, que dicen defender.

 

Se trata de “una inmoralidad pocas veces vista”, como la calificó el ministro de Economía.

 

Este tipo de hechos y circunstancias, que implican un grave conflicto de interés que deberá eventualmente enfrentar, el próximo gobierno son los que se debiera evitar para el país. ¿Qué conducta adoptará en esta investigación al asumir en marzo próximo? Este es un cuestionamiento legítimo que emerge de los dichos del economista jefe del Banco Mundial, al ser el propio Piñera quien terminó siendo favorecido con la inmoral acción que se imputa hoy a López-Claros.

 

Hacemos votos porque tras este atentado, que implica una verdadera afrenta a nuestro país, no aparezcan chilenos comprometidos. De haberlos, la historia y la ley los juzgue severamente.