Por Mario López M.

En un fallo que echa por tierra las bases mismas del concepto de educación como un bien social, el Tribunal Constitucional eliminó la prohibición efectiva de búsqueda de utilidades de los controladores en las universidades, borrando de un plumazo el debate social y legislativo de años.

El TC al decidir ponerse del lado de quienes hacen negocios con el futuro de Chile y su gente, afectó a la gratuidad, a la investigación y en definitiva a la calidad de la educación que reciben los jóvenes. Este es el único país en que el Estado financia a quienes persiguen hacerse ricos a costa de las familias.

Insistir por la vía legislativa resulta ilusorio. Estudiantes y profesores se alistan para tomarse las calles el 19 de abril: “Buscábamos sostener diálogo con el gobierno, pero claramente las señales ameritan que el movimiento se rearticule con urgencia”, aseguran.

 “No sólo no haber evitado radicalmente que la universidad sea un negocio, sino que principios esenciales de la comunidad universitaria, como la libertad académica, la autodeterminación, el diálogo crítico y constructivo, la máxima de la persuasión, el principio de la diversidad y otros elementos esenciales del ser de la universidad, han sido afectados por el Tribunal Constitucional (TC), al permitir que consorcios con fines de lucro puedan controlarla”, señala a Cambio21 Roberto Mayorga Lorca, Doctor en Derecho Universidad de Heidelberg y Profesor Titular de las Facultades de Derecho de la U. de Chile  y la USACH.

La declaración de inconstitucionalidad que seis de 10 ministros del TC hicieron respecto del artículo 63 que establecía que “las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro sólo podrán tener como controladores a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o que deriven su personalidad jurídica de estas, u otras entidades de derecho público reconocidas por ley”, provocó la destrucción de la base misma de las aspiraciones de las organizaciones ligadas a la educación y contenidas en buena parte en la Reforma Educacional.

“La universidad pasa a ser una empresa”

Para el vicepresidente de la Feusach e integrante de la Confech, Cristopher Hidalgo, lo resuelto por el TC “Afecta directamente la calidad de la educación, pues en las instituciones de educación superior que tienen el lucro como fin, lo que termina pasando es que en vez de preocuparse de mejorar infraestructura, mejorar la investigación y preocuparse que el conocimiento esté al servicio de la sociedad, se terminan preocupando de generar más utilidades y ello desvirtúa el sentido de la educación, lo que termina convirtiendo a la educación en una empresa”, señala a Cambio21. “Existe un consenso entre los estudiantes de la USACH y en general entre los estudiantes de Chile agrupados en la Confech, en orden a que el lucro, en todos los niveles de la educación, es un cáncer que hay que extirpar”, asegura.

Por su parte el G9, instancia que agrupa a las universidades públicas no estatales del país, manifestó su “profunda preocupación” por el fallo a través de una declaración pública firmada por los nueve rectores que componen el organismo. Para el G9, lo decidido por el TC abre un marco de incertidumbre y llamó, además, a que las instituciones realicen “su actividad académica, libres de todo control político o económico que pueda afectar el cumplimiento de su misión de servicio a la sociedad. Guardamos la esperanza que con prontitud se encuentren los mecanismos para asegurar el desarrollo y fortalecimiento del sistema de educación superior, y que la nueva institucionalidad oriente y promueva exclusivamente los fines nobles a que nos debemos las instituciones universitarias de nuestro país”, señalan los rectores.

La determinación del TC abre de manera explícita la posibilidad de lucrar en la educación superior, pasando por alto la voluntad que una inmensa mayoría de parlamentarios de todos los sectores políticos  que aprobó excluir a personas jurídicas que persiguen el lucro. El senador Felipe Harboe, quien integra la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, dijo a nuestro medio que “los fallos del TC en tema Sernac, tema aborto y lo que está ocurriendo ahora, dan cuenta de una institución que daña las mayorías ciudadanas expresadas”.

Sí al TC, no a los abusos

El presidente de la federación de estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, (Ucsc), Joel Arroyo, también integrante de Confech, asegura que frente a lo dispuesto por el TC, “el fin al lucro es una de las primeras demandas planteadas. Que un tribunal, con mayoría de derecha, pase a llevar la mayoría ciudadana, nos parece insólito”. Concuerda con ello Felipe Harboe, quien llamó a generar un gran acuerdo nacional para “eliminar un conjunto de facultades que hoy tiene (el TC)”, advirtiendo que si es necesario recurrirán “a instancias internacionales, lo vamos a hacer”, dijo.

“La resolución del TC, la consideramos completamente antidemocrática. No se trata que se elimine el Tribunal Constitucional, ese no es el sentido de la manifestación, lo que sí debe hacerse es revisar las atribuciones que tiene este organismo, pues este es uno de los pocos países en que los ministros del TC pueden decidir por sobre todos los chilenos. Un organismo que vela por la constitucionalidad no debiera tener un cuoteo o tendencias políticas tan marcadas. Es importante recalcar que no es coincidencia que las universidades que hoy están en crisis, Arcis, de Las Américas, Iberoamericana, etc., se ha demostrado que  buscaban utilidades y es incompatible concebir la universidad como una empresa con el fin de la educación superior”, recalcó Cristopher Hidalgo a este medio.

“El grupito de abogados que integran el Tribunal Constitucional (TC), todos personajes exentos del control de la ciudadanía y que son designados por los partidos políticos con el espurio razonamiento ‘uno para ti y uno para mí’, decidieron que el artículo 63º de la Ley de Educación Superior no puede aplicarse, con lo cual sin chistar aceptaron las presiones de los grupos que controlan las rentables universidades creadas por la dictadura de Pinochet”, señala a Cambio21 Patricio Herman, uno de los primeros personeros en impugnar las decisiones del TC en materia educacional.

Los votos derechistas por el lucro

No deja de llamar la atención que los seis ministros que constituyeron la mayoría en el Tribunal Constitucional y votaron a favor del lucro, sean todos ex colaboradores de Sebastián Piñera u operadores de derecha. La nómina la encabeza desde luego el presidente del organismo, Iván Aróstica, que en la primera administración del actual Presidente de la República se desempeñó como jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior. De hecho fue designado por Sebastián Piñera en el TC. Se desempeñó además en el Ministerio de Obras Públicas y en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

Sume a Cristián Letelier, exdiputado de la UDI, es el más cuestionado de los miembros del TC, tanto por sus actuaciones cuanto por sus conocimientos constitucionales. Abogado de los ex agentes DINA-CNI-DINE, Luis Becerra Arancibia, el chofer que traicionó al Presidente Eduardo Frei Montalva, y Manuel Provis Carrasco, brigadier (r) de Ejército condenado por el asesinato del coronel Gerardo Huber, para ocultar el contrabando de armas a Croacia. También se le ha acusado de homofobia por diversos comentarios como que “los homosexuales son “desviados y contrarios al amor”, a propósito de la película sobre Jaime Guzmán. También fue ligado al financiamiento de campañas políticas a través de boletas ideológicamente falsas.

Marisol Peña Torres, reconocida por su afinidad con Chile Vamos. Impulsó el voto contrario a la distribución de la “píldora del día después” en el sistema público. Se trata de la ministra más “conservadora” del TC junto a Letelier; José Ignacio Vásquez, fue ministro y presidente del Tribunal Ambiental de Santiago en el primer periodo Piñera. Es quien rompió el equilibrio al interior del TC. Hombre de derecha. Ex subdirector Jurídico de la Municipalidad de Vitacura y Prosecretario General de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Juan José Romero, RN, quien ha sido ministro suplente en el Tribunal de Libre Competencia. Ex integrante del Consejo de Concesiones de Obras Públicas. Ex miembro del Comité Asesor de la Comisión Presidencial de Modernización de la Institucionalidad Reguladora del Estado. Cierra la lista de “honor”, María Luisa Brahm, designada en 2013, después de haberse desempeñado como Jefa de Asesores del Presidente Sebastián Piñera (desde 2010 a marzo 2013), el llamado Segundo Piso. RN, es considerada una operadora política de Piñera en el TC. Trabajó en ODEPLAN en dictadura y también fue Directora del Instituto Libertad.

La universidad mancillada

“¿Por qué se ha autorizado que consorcios externos con fines de lucro controlen el quehacer universitario?”, se pregunta el académico Roberto Mayorga, señalando a continuación que “Evidentemente dichos consorcios buscan ganancias financieras, en mérito a la naturaleza de sus estatutos y a lo que esperan de ellos sus socios y accionistas. Y de hecho lo han logrado durante los últimos 30 años, no obstante estar desde el año 1981 legalmente prohibido el lucro, por lo cual es irrisorio e ingenuo sostener que no lo seguirán haciendo, desnaturalizando el sentido de la universidad”, indica a nuestro medio.

“Pero, asimismo, existe un tremendo peligro en la capacidad que estos consorcios poseen para controlar el quehacer universitario, desvirtuar el espíritu académico, anular la genuina actividad de sus profesores, moldear las mentes de los estudiantes y, de esta forma, en definitiva, interferir en la cultura del país”, advierte Mayorga.

“Debemos tener presente que las universidades, por impartir educación, están exentas del pago del IVA, en cuanto a las matrículas y aranceles mensuales. Esta es una exención que favorece horizontalmente a toda la educación, desde los jardines infantiles a las universidades. Asimismo, las universidades están exentas del pago de impuesto a la renta y al pago de contribuciones de bienes raíces sobre los inmuebles de su propiedad o que exploten y por ello es tan atractivo el negocio para sus inversionistas”, recuerda por su parte Patricio Herman.

El negocio

“Lo que ha estado sucediendo –explica-, es que en torno a las corporaciones y fundaciones organizadas como universidades privadas se han creado holdings de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, las que prestan servicios inmobiliarios, contables y publicitarios, entre otros, a la misma universidad, succionando así los ingresos que, transformados en gastos, hacen figurar a las universidades en un perfecto equilibrio, ocultando los cuantiosos excedentes anuales que obtienen”.

Para Herman, “Se ha burlado el espíritu de la Ley puesto que la concepción de entidades sin fin de lucro se mantiene, pero, en la práctica, a través de contratos simulados y de sociedades proveedoras de bienes y servicios que pertenecen precisamente a los mismos socios fundadores o activos de las corporaciones o coligadas con los fundadores, se han canalizado los excedentes de las universidades, que son cuantiosos, hacia los dueños de estas entidades”, señala Patricio Herman.

Y ahora qué

Una paradoja que deja abierta la sentencia del TC, es la de abrir la posibilidad para que instituciones, que hoy cuentan con controladores con fines comerciales, puedan sumarse a este beneficio estatal. “No hay ningún país en el mundo en que las universidades que lucran reciban financiamiento público.  Ahora lo quiere exacerbar eso dándole gratuidad a instituciones que lucran a través de recursos que aportan todos los chilenos y que los enteran a través de sus impuestos. Eso es muy grave”, recalca el dirigente estudiantil Cristopher Hidalgo.

El Presidente del Senado, Carlos Montes, advierte que casi 70 mil alumnos de los planteles del grupo Laureate, fuertemente cuestionado por extraer ganancias en beneficio de un consorcio extranjero  lucrando con la educación en Chile, calificarían al beneficio. El mencionado holding estadounidense posee la mayor matrícula del país, con cerca de 172 mil alumnos y tres universidades: U. Andrés Bello, U. de Las Américas y U. Viña del Mar. También controla el instituto profesional Aiep.

Para el senador Montes, “69.376 estudiantes (del grupo Laureate), cumplirían con el requisito de pertenecer al 60% más vulnerable del sistema, lo que equivale a aproximadamente $ 137.208 millones”, dineros que debiera desembolsar el Estado en favor de ese holding internacional con fines de lucro.

¿La solución?

“Finalmente, ya que el lucro se mantendrá, lo prudente, sensato y transparente será que la clase política resuelva quitarle todas las regalías tributarias que tienen las universidades privadas que se arman solo para desenvolverse en el campo de la acumulación de capital y además terminar con la gratuidad para sus alumnos que pagamos todos los contribuyentes. La educación gratis debe dirigirse solo a las universidades estatales públicas, a las privadas ‘con vocación pública’ y las privadas que no tengan socios controladores, personas jurídicas o naturales, pues estos siempre van a adoptar decisiones ‘académicas’ que los van a favorecer en el corto, mediano o largo plazo”, propone Patricio Herman.

Según plantea, para las universidades que deseen “continuar con el lucro como siempre lo han hecho, haciendo valer sus derechos de libre asociación, tal como lo establece la  Constitución, ejemplo grupo Laureate, en estos casos el Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá organizarse para cobrarles a las universidades con fines de lucro todos los impuestos que se derivan de sus utilidades, dejándose en claro entonces que ellas ya no serán ni corporaciones ni fundaciones, sino legítimas y eficientes empresas comerciales que competirán en igualdad de condiciones en el mercado de la educación superior, claro que, como no habrá gratuidad, cobrando altos aranceles a sus privilegiados estudiantes”, propone Herman.  

Desde el oficialismo en tanto, llaman a respetar el fallo y a comprender que si se rechazó el artículo, es producto de la presencia de vicios constitucionales (sic).