Mediante un comunicado de prensa, la Conferencia Episcopal (Cech) reaccionó a la decisión del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, -dada a conocer por La Tercera– de revocar el convenio que hace seis días había suscrito la Iglesia Católica con el Ministerio Público, sobre los procedimientos en investigaciones por abusos sexuales.

“Nuestro único propósito al suscribir este acuerdo fue dar mayores garantías a las personas denunciantes de abuso sexual, especialmente a quienes no desean hacer su relato ante las instancias del Estado”, afirma el texto, asegurando que actuarán de la misma forma en que se habían comprometido en el documento.

“Dada la nueva situación, ratificamos nuestra voluntad de realizar todo aquello a lo que nos comprometimos en el convenio, para aportar los antecedentes que reciba la Conferencia Episcopal y que ayuden a las instancias del Estado esclarecer la verdad y hacer justicia”, indica el comunicado firmado por el secretario general de la Cech, Fernando Ramos, quien suscribió el convenio junto al fiscal nacional, Jorge Abbott.

“Nunca buscamos un trato preferente en este convenio. Quisimos explicitar en un documento formal, con los estándares establecidos por el Ministerio Público, nuestra disposición a obligarnos a colaborar más allá de lo que la sola ley nos obliga”, precisan.

Por otro lado, el obispo Ramos afirma en el escrito que “comprendemos que algunas víctimas y sobrevivientes de abuso no confíen en autoridades y en organismos de la Iglesia, con fundados motivos. Por lo mismo, comprendemos la razón por la cual la Fiscalía Nacional ha tomado esta decisión“.

Según el documento, el principal objetivo de esta medida era “permitir el acceso a justicia y el ejercicio de los derechos de todas las víctimas de delito, junto con ejercer de mejor forma la persecución penal, al buscar determinar la comisión de hechos posteriores que sí sean de competencia del actual sistema de justicia penal, o que hayan provocado el efecto de interrumpir la prescripción de la acción penal, según lo dispuesto en el Artículo 96 del Código Penal”.