Por Senadora Yasna Provoste

La Jefa de Senadores DC, Yasna Provoste escribió para Cambio21 la postura de los integrantes de su bancada respecto del estado administrativo y político del país

 

De acuerdo al artículo 24 de la Constitución el primer de junio de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno.

 

De cara a ese relevante hito republicano es menester revisar la situación económica, social, internacional y de los distintos aspectos de la vida nacional ocurridos en los últimos 12 meses, que en este caso coincide con un balance del 1er año de gestión del gobierno del Presidente Piñera.

 

El país se merece un debate serio sobre hechos y evidencias de las políticas públicas enunciadas e implementadas y no sólo sobre slogans marketeros en esta fase previa del debate democrático sobre la cuenta pública del 1º de junio al Congreso.

 

En este Informe centraremos nuestro análisis en Economía, Pensiones y Educación.

 

 

La administración Piñera ganó las elecciones presidenciales con la promesa de recuperar “la capacidad de crecimiento económico, más empleos y mejores remuneraciones”.

 

Llevamos 14 meses de su gobierno y los datos del IMACEC marzo confirman que la economía se ralentizó, que perdió la capacidad de crecer ya que Imacec marzo fue de 1,9% y el del IMACEC del primer trimestre llegó sólo a 1,8%.

Estas cifras revelan que la economía anda lenta, y están muy distantes del primer trimestre 2018 que marcó un crecimiento de 4,7% y del 2º trimestre 2018 con 5,2% -cifras lejanas del 1,8% de crecimiento actual-.

 

Esta ralentización de la economía está marcada por una caída importante de la producción minera que cayó -2,1% en 12 meses, aunque Imacec no minero creció 2,3%; el consumo también ha caído -en Informe INE actividad del comercio- se señala que a marzo el comercio minorista sólo creció 0,7% interanualmente y las ventas en Supermercados cayeron -1,1% en 12 meses, este casi estancamiento de las ventas en comercio (0,7% en 12 meses) también se reflejó en la caída del empleo en el comercio del -1,1% en 12 meses.

 

En el mercado del trabajo la tasa de desocupación en trimestre enero-marzo fue 6,9% -similar porcentaje que en 2018-; la tasa de desocupación femenina fue 7,9%, y no se registraron variaciones en doce meses.

 

En materia de remuneraciones a 12 meses según Informe INE hay un incremento real de 2,3% de los salarios. Sin embargo, el 2018 aumento el endeudamiento según informe del Banco Central “los hogares registraron un stock de deuda equivalente a 73,3% del ingreso disponible, superior en 3,2 puntos porcentuales al cierre del año anterior”

 

Mirando otros indicadores como la Inversión Extranjera Directa (IED) este primer trimestre cayó -56% -alcanzó sólo a US$ 2.500 millones- en relación al primer trimestre 2018; por su parte los proyectos de inversión aprobados en sistema de evaluación ambiental (SEIA) el año 2018 mantuvo un volumen de inversión aprobada similar a los años previos de US$ 25.698 millones pero tuvo una preocupante caída de la inversión autorizada en Energía de US$ 11.700 millones el 2017 a sólo US$ 5.945 millones el año 2018 y el sector inmobiliario tuvo un importante incremento de la inversión autorizada del 18% el año 2018.

 

Esta ralentización de la economía está explicada por los efectos de la guerra comercial China/EEUU –cuya guerra de aranceles ha escalado en las últimas horas- que claramente el gobierno subestimó y la ausencia de una agenda que apunte a mejorar la productividad, especialmente potenciando la diversificación productiva.

 

El Gobierno ajustó a la baja su proyección de crecimiento 2019 a una meta de 3,5% que sigue siendo considerada por la mayoría de los analistas como “excesivamente optimista” y lo más probable que ocurra este año es que el crecimiento sea sólo 3% o inferior a esa meta.

 

Lo reiteramos la economía chilena no tiene “balas de platas”, rebajar los impuestos a las grandes empresas -en un contexto tan incierto- no es una solución reactivadora.

 

El país requiere nuevas políticas de mediano plazo, no puede seguir en la cobre dependencia, ni con una baja inversión en Innovación y Desarrollo tecnológico –que este año 2019 volvió a caer -a pesar de nuestros reclamos en la ley de presupuestos 2019- que es apenas un 0,4% del PIB, el futuro del país requiere una Agenda de Productividad y de Diversificación a 10 años plazo.

 

Esperamos que la administración Piñera entienda que se requiere un potente paquete de medidas de apoyo a las exportaciones, que abran nuevos mercados o profundicen la presencia de productos chilenos; también se requieren medidas que mejoren la productividad de nuestra economía generando más competencia en los mercados (es urgente, la competencia en la distribución eléctrica donde el monopolio actual explica esta alza inusitada del 20% de las cuentas de electricidad) y más diversificación productiva por otra, donde se requiere estimular alianzas pública-privada por ejemplo, para desarrollar el litio en el Salar de Maricunga, para potenciar el desarrollo de la industria de los alimentos saludables, la apertura de nuevos destinos turísticos que atraigan a más turistas extranjeros como ejemplo de desarrollo de nuevas industrias para el futuro.

 

Es claro que la promesa de “más empleo, más crecimiento”, haciendo el balance al primer trimestre 2019 no se ha cumplido y esta sensación de estancamiento seguirá mientras no haya un plan alternativo que mejore la productividad de verdad, que incorpore valor agregado a lo que exportamos y que coloque el acento en recuperar el tiempo perdido en Innovación, productividad y Diversificación Productiva.

 

 

La economía anda lenta, las clases medias están decepcionadas –más endeudadas también- y la solución no es cambiar la agenda pública con temas populistas –expulsando nuevos migrantes-, lo que se requiere –insistimos- es una hoja de ruta común que nos encamine al desarrollo con equidad mediante nuevas políticas económicas que apunten a diversificar lo que producimos –con mayor valor- sustentados en la creatividad de una fuerza laboral de mejor calificación que la actual.

 

Hay enormes desafíos futuros que seguiremos planteando a pesar de los oídos sordos del actual equipo económico.

 

 

Después de casi 40 años de un sistema de pensiones de capitalización individual vía AFP’s hoy sólo vemos bajas pensiones. Hay un 1.430.000 pensionados de AFP’s que reciben una pensión promedio de $201.000 mensuales, que en el caso de las mujeres -que son el 60% de los pensionados- la pensión promedio sólo llega a $164.184 mensuales y la mediana para las mujeres son $107.327, es decir el 50% de las mujeres pensionadas de las AFP’s reciben una pensión inferior a ese último monto o sea las AFP’s generan pensiones miserables. 

 

El proyecto actual del gobierno no modifica en nada el sistema de ahorro individual de las AFP’s, al contrario, lo consolida ya que sólo apunta modificaciones paramétricas como aumentar la cotización previsional del 10% al 14% pero este cambio paramétrico no modifica el ahorro individual, ni menos resuelve las brechas de género.

La Pensión Básica Solidaria ($107.234 mensuales) sólo aumenta en 10% y el “hasta 50%” –que destaca la propaganda gubernamental- sólo es para los mayores de 80 años, en 5 años de gradualidad y beneficiaría sólo al 12% de los actuales perceptores de la PBS.

 

El país requiere una fórmula que ponga el foco en mejorar las pensiones de las familias de clase media que reciben hoy pensiones miserables de las AFP’s; eso se logra modificando el sistema de ahorro individual transitando hacia un sistema mixto donde haya solidaridad intra e intergeneracional y más aporte fiscal para tener un mejor sistema de pensiones mixto con Solidaridad.

 

Seguiremos planteando –buscando tener mayorías parlamentarias- para que el país tenga ese nuevo sistema de pensiones mixto con Solidaridad efectiva, donde no haya ni un peso más a las AFP’s que permitan un mejoramiento real de las pensiones ahora y no en 40 años más.

 

 

Las familias chilenas aspiran a una educación de calidad para sus hijas e hijos. Hoy sabemos que eso requiere esfuerzo continuo –que trasciende a los Gobiernos-en poner el foco en la calidad de la educación inicial, escolar y superior.

 

En Educación superior se envió a tramitación legislativa en mayo pasado un proyecto de ley que amplió la gratuidad para los estudios técnicos de nivel superior hasta 7º decil pero omitió el acceso de los jóvenes que realizan estudios técnicos en las Universidades y los que estudian en CFT estatales.

 

Sólo recién en marzo pasado presentó las indicaciones para resolver esta discriminación que era claramente inconstitucional perjudicando así a jóvenes de familias de clase media.

 

Aunque lo más preocupante es el abandono en que Mineduc tiene a la Educación Pública.

 

La implementación de la ley de la Nueva Educación Pública está atrasada: no hay aún una Estrategia Nacional de la Educación Pública, ni menos los Planes Estratégicos Locales, no hay aún la designación de una directora o director del Servicio de Educación Pública, la gestión técnica-pedagógica conducente a una mayor calidad educativa está en segundo plano frente a los temas de convivencia escolar y hay un agudo problema de retraso en la ejecución presupuestaria 2019.

 

La Dirección de Educación Pública tiene un presupuesto total este 2019 de $423.923 millones y su ejecución a marzo es apenas 1,8% de esa totalidad de recursos ($7.480 millones).

Esta deplorable ejecución presupuestaria 2019 revela que mejorar la calidad de la educación pública NO es prioridad para actual Mineduc.

 

Esta ineficiencia y lentitud está perjudicando el desarrollo de la Nueva Educación Pública y creemos que esta actitud del Mineduc no puede seguir perjudicando a miles de alumnos de familias de clase media y vulnerable.

Hoy conocemos los resultados SIMCE 2018 que muestran un preocupante estancamiento de la calidad de los aprendizajes en alumnos de familias de ingresos medios y vulnerables.

 

Esperamos que Gobierno ponga el foco en mejorar la calidad educativa y la convivencia escolar y deje de alentar la selección escolar y la modificación de cuerpos legales que han fueron aprobados por sólidas mayorías parlamentarias.

Chile requiere educación de calidad en todos sus niveles y debemos lograr esa meta como país.